Esta es la segunda parte de un trabajo que recopila los aspectos más importantes del Reporte de Países Sobre Terrorismo 2012, publicado por Estados Unidos el 30 de mayo de 2013. Presentamos una recopilación con los detalles más importantes sobre cada una de las jurisdicciones latinoamericanas incluidas en el documento.
ARGENTINA
Argentina siguió centrándose en la vigilancia de sus fronteras remotas del norte y noreste, incluyendo el área de la Triple Frontera (TBA), en donde Argentina, Brasil y Paraguay se reúnen contra amenazas tales como las drogas ilícitas y el tráfico de personas, el contrabando y otras formas de la delincuencia transnacional.
La aplicación de la ley y la cooperación de seguridad con Argentina se redujeron significativamente en febrero de 2011, después que las autoridades argentinas incautaron equipos de EE.UU. destinados a apoyar un ejercicio de entrenamiento bilateral aprobado con la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina. La cooperación bilateral continúa ahora en el nivel operativo, pero es más modesto que en el pasado, y se centra principalmente en el intercambio de información, capacitación y otras formas de cooperación bilateral de la ley.
Una nueva ley aprobada en 2011 amplió la definición de terrorismo y el aumentó de multas y penas de prisión por delitos relacionados con la financiación del terrorismo. Se facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina para congelar los activos, y criminaliza la financiación de organizaciones, individuos y actos terroristas.
BRASIL
Información general: El gobierno brasileño siguió apoyando las actividades antiterroristas, incluyendo las investigaciones potenciales de financiación del terrorismo y las redes de falsificación de documentos. Operativamente las fuerzas de seguridad del gobierno brasileño trabajaron con la policía y los organismos financieros de EE.UU. con respecto a los sospechosos de terrorismo.
Los servicios de seguridad de Brasil han tratado de responder a las preocupaciones de que los terroristas podrían explotar el territorio nacional para apoyar y facilitar los ataques terroristas, ya sea en el país o en el extranjero, concentrando sus esfuerzos en las áreas de Sao Paulo, las zonas de la Triple Frontera (TF) de Brasil, Argentina y Paraguay; los bordes entre Brasil, Perú y Colombia, y las fronteras de Colombia y Venezuela. En preparación para la celebración de la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, el Gobierno de Brasil creó la Secretaría Especial para la Seguridad de Eventos Grandes.
Legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
En 2012, la Cámara de Diputados consideró dos proyectos de ley pendientes en el comité de lucha contra el terrorismo, se podría negar visas a las personas condenadas o acusadas de actos terroristas en otro país, y el otro daría la capacidad de prevenir, investigar y enjuiciar a las organizaciones terroristas.
Desde 2009, las autoridades brasileñas han trabajado con otras naciones interesadas, en particular los Estados Unidos, en la lucha contra el fraude de documentos. Desde 2009, varias operaciones conjuntas regionales e internacionales con las autoridades estadounidenses interrumpieron con éxito una serie de proveedores y facilitadores de documentos.
El trabajo de los EE.UU.:
La Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI), en Santos, continuó durante el 2012, como lo ha hecho desde su creación en 2005. La CSI fue creada para promover la carga de contenedores seguros a los Estados Unidos por la implantación común de personal de CBP en el extranjero para trabajar con la administración aduanera extranjera para detectar la carga de alto riesgo.
El gobierno brasileño ha seguido invirtiendo en la infraestructura fronteriza y en la aplicación de la ley y ha trabajado para llevar a cabo nuevas iniciativas para controlar el flujo de bienes legales e ilegales a través de la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Brasil es miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y también es miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Brasil da alta prioridad a las recomendaciones del GAFI y se ha creado un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Justicia para incorporar estas recomendaciones en la legislación y la regulación.
Brasil controla las operaciones financieras del país y utiliza con eficacia su Unidad de Inteligencia Financiera, el COAF, para identificar posibles fuentes de financiamiento para los grupos terroristas. La financiación del terrorismo no es un delito autónomo en Brasil, pero se trata de un delito precedente de lavado de dinero. COAF no tiene la autoridad para congelar los activos de forma unilateral y sin una orden judicial.
El GAFI ha recomendado que COAF crear un procedimiento operativo estándar para la congelación de fondos, que COAF ha priorizado, pero aún no se ha completado.
A través del COAF, que es una entidad en gran medida independiente dentro del Ministerio de Finanzas (Hacienda), Brasil ha llevado a cabo controles de nombres de personas y entidades de la lista de las Naciones Unidas SC1267/1989 y de las listas consolidadas de sanciones, pero hasta ahora no se ha reportado ningún activo confiscado a nombre de personas o entidades que figuran en las listas de la ONU. El gobierno brasileño ha respondido generalmente a los esfuerzos de Estados Unidos para identificar y bloquear los fondos relacionados con el terrorismo.
Cooperación regional e internacional:
La inteligencia de Brasil y las fuerzas del orden trabajan con los socios regionales e internacionales. Brasil participa en la lucha contra el terrorismo regional y está involucrado en la Unión de Naciones de América del Sur y el grupo de trabajo del Mercosur sobre el terrorismo y el subgrupo de trabajo sobre asuntos financieros, el último de los cuales aborda la financiación del terrorismo y el lavado de dinero entre los países del Mercosur.
COLOMBIA
A pesar de importantes éxitos en su campaña contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de conversaciones de paz, Colombia experimentó un año de aumento de la actividad terrorista en 2012, cuando el número total de incidentes terroristas, las muertes causadas por actos de terrorismo y las pérdidas económicas debidas al terrorismo aumentaron, aunque con una caída significativa en los ataques durante la segunda mitad del año.
A diferencia de 2011, sin embargo, el número de miembros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos o capturados en combate aumentó un 11% y 53%, respectivamente. La implementación de un nuevo plan de contrainsurgencia en junio y el anuncio en septiembre de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, además de un alto el fuego unilateral temporal FARC, pueden haber contribuido a este incremento.
Legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
La cooperación policial entre Colombia y Estados Unidos se mantuvo activa. Colombia extraditó a 183 personas hacia Estados Unidos. Las evidencias compartidas y la información recopilada en Colombia contribuyeron a cientos de enjuiciamientos de criminales y organizaciones en EE.UU.
En junio, el Congreso colombiano aprobó y el presidente [Juan Manuel] Santos firmó el Marco Legal para la Paz, una pieza pionera de la legislación destinada a sentar las bases para la futura legislación sobre justicia transicional. La legislación, que se enfrenta a un desafío en la corte constitucional del país, permitirá a la justicia colombiana dar prioridad a la persecución de los líderes terroristas claves.
La seguridad fronteriza colombiana sigue siendo un área de vulnerabilidad. La Policía Nacional de Colombia (PNC) no tiene políticas uniformes para la inspección de pasajeros y vehículos en los pasos fronterizos terrestres. La detección biométrica y biográfica se lleva a cabo sólo en los aeropuertos internacionales.
La mejora de las relaciones con Ecuador y Venezuela ha dado lugar a un aumento de la cooperación de los países en temas policiales. Colombia también continuó la cooperación y el intercambio de información con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.
La PNC no utiliza actualmente los registros de nombres de pasajeros por adelantado, pero estaba en el proceso de diseño y adquisición de un sistema que le permita hacerlo. Los secuestros en su conjunto han disminuido en los últimos años. En 2010, Colombia experimentó una reducción del 93% de los secuestros de 2000.
Colombia siguió participando en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado (ATA). ATA apoya a Colombia con el desarrollo de instructores y capacitación al equipo de respuesta de crisis para que pueda ampliar su papel, no sólo como proveedor regional de capacitación antiterrorista a otros países en el hemisferio occidental, sino como un participante mayor en entrenamientos conjuntos con otros países socios ATA.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Colombia es miembro del GAFISUD. Colombia se destaca como un líder regional en la lucha contra la financiación del terrorismo y se ha convertido en una parte clave de una iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera regional destinado a fortalecer el intercambio de información entre los países de América Latina.
En septiembre, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Finanzas firmaron un memorando entre agencias de entendimiento, que le da potestad a la Fiscalía General para aplicar las órdenes de confiscación necesarias en base a la ley de extinción de dominio de Colombia, frente a los activos de las personas y entidades incluidos en la lista consolidada de las Naciones Unidas y los Comités de Sanciones de 1988.
El Gobierno de Colombia trabajó extensamente con los organismos estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley para identificar y enjuiciar a individuos y los grupos que participan en delitos financieros.
MEXICO
El gobierno mexicano se mantuvo vigilante frente a las amenazas terroristas nacionales e internacionales. Las organizaciones terroristas internacionales no tienen una presencia operativa conocida en México.
El Gobierno de México continuó fortaleciendo sus instituciones policiales y para desarticular y desmantelar las organizaciones criminales responsables de la violencia relacionada al tráfico de drogas. No hubo pruebas de que estas organizaciones criminales tuvieran motivaciones políticas o ideológicas, además de tratar de mantener la impunidad con la que llevan a cabo sus actividades delictivas.
La legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
El gobierno mexicano ha seguido mejorando la capacidad de sus fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Los Estados Unidos apoyaron estos esfuerzos mediante la capacitación y el equipo para la aplicación de la ley mexicana y los organismos de seguridad, intercambio de información y la promoción de la cooperación policial entre agencias. Estados Unidos también apoya los esfuerzos de México para hacer frente a los retos de seguridad fronteriza a lo largo de las fronteras norte y sur y sus puertos.
Los gobiernos de México y EE.UU. comparten información y analizan conjuntamente las amenazas transnacionales, la información y han promovido el intercambio de inteligencia; despliegan las tecnologías de detección de carga mejoradas y el intercambio de información sobre los pasajeros ha sido reforzado.
Las autoridades mexicanas y EE.UU. también continuaron los esfuerzos coordinados para evitar el tránsito de nacionales de terceros países que pueden plantear problemas de terrorismo.
En la frontera México-Estados Unidos, los funcionarios aumentaron la coordinación de las patrullas e inspecciones y la mejora de las comunicaciones a través de la frontera. En la frontera México-Guatemala-Belice, México desplegó fuerzas de seguridad adicionales y aplicó controles biométricos.
México siguió siendo un importante socio en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
El Congreso de México aprobó una legislación largamente esperada contra el lavado de dinero a finales de 2012, y al finalizar el año la ley estaba en camino para la plena aplicación en 2013. A través de esta legislación, se estableció el registro de transacciones que de otro modo serían indetectables, porque se hacen exclusivamente en efectivo. Esto representa un avance significativo respecto a años anteriores que podrían ayudar a rastrear algunas formas de posible financiamiento del terrorismo.
Cooperación regional e internacional:
México entró en un acuerdo con el Comité Interamericano de la OEA contra el Terrorismo (CICTE) en 2012. CICTE está implementando un plan de trabajo de dos años en México para hacer frente a las debilidades específicas en la legislación, licencias, investigación y enjuiciamiento de violaciones de proliferación y de interdicción de las armas de destrucción masiva (ADM) y sus componentes, en un esfuerzo para evitar posibles armas de destrucción masiva.
PANAMÁ
Información general: La amenaza terrorista más directa en Panamá fue la presencia persistente de una pequeña unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que utilizan las zonas remotas de la región del Darién como un refugio seguro.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) llevó a cabo varias operaciones contra las FARC en 2012. Panamá prosiguió su estrecha cooperación con Colombia y Costa Rica para asegurar sus fronteras. Además, la vigilancia de la Autoridad del Canal de Panamá, junto con el apoyo internacional, ha contribuido a la seguridad del canal.
La región de Darién es una vía importante para el tráfico de personas con implicaciones de contraterrorismo. En un mes promedio, 270 extranjeros entran de contrabando en Panamá. Mientras que la mayoría de ellos son cubanos, el Servicio Nacional de Fronteras reportó un flujo constante de África, Medio Oriente y Sur de Asia, incluyendo de Siria, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Somalia, Eritrea, Bangladesh y Etiopía. Además, algunos contrabandos en el Darién fueron facilitados por elementos de las FARC que operan en ambos lados de la frontera.
Legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
El Gobierno de Panamá continuó con sus esfuerzos para hacer cumplir su soberanía en el Darién a través de patrullaje más agresivo de las fuerzas de seguridad.
El Decreto Ejecutivo 448 de 28 de diciembre 2011 creó un Consejo de Coordinación contra el Terrorismo Internacional para revisar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre terrorismo, crear una estrategia para la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo, compilar información sobre las medidas de las instituciones públicas contra el terrorismo, informar sobre las medidas adoptadas y recomendar nuevas medidas.
El Consejo de Coordinación, que incluye a un representante de cada una de las 16 agencias del gobierno, está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En marzo, el Consejo se reunió formalmente por primera vez, prometiendo medidas más estrictas para prevenir el lavado de dinero y el anuncio de una nueva iniciativa de seguridad cibernética.
En agosto, Panamá copatrocinó el ejercicio anual PANAMAX, un ejercicio de entrenamiento multinacional de seguridad iniciado en 2003 que se centra en la seguridad del canal. El ejercicio replica las amenazas del mundo real e incluye escenarios específicos diseñados para hacer frente a los ataques terroristas. Varias agencias del gobierno de EE.UU., así como los 17 países socios, participaron.
A través del Programa Conjunto de Seguridad, la CBP y el DHS realizan investigaciones en todos los vuelos del Aeropuerto de Tocumén dirigidas a pasajeros potencialmente peligrosos y criminales o afiliados terroristas. El sistema comenzó a funcionar en 2012 y ya ha dado lugar a la identificación de varias personas vinculadas con el terrorismo, varios detenidos fugitivos, y la denegación de entrada o el tránsito a través de Panamá por muchos pasajeros de alto riesgo.
Equipos de seguridad móvil en el aeropuerto, con el apoyo de EE.UU. han interceptado el tráfico de indocumentados, drogas y dinero en efectivo. Panamá siguió participando en el Programa de Iniciativa de Seguridad de Contenedores en Balboa y Manzanillo, y la Terminal de Contenedores de Colón Evergreen.
Panamá recibió Cursos de Asistencia contra el Terrorismo del Departamento de Estado sobre gestión de seguridad en los aeropuertos, negociaciones de crisis, seguridad de la infraestructura vital, protección de la dirección nacional, primer nivel de respuesta a incidentes terroristas, gestión de incidentes críticos y gestión hospitalaria de los incidentes con víctimas en masa.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Panamá es miembro del GAFISUD. Los marcos jurídicos y normativos que se ocupan de la financiación antiterrorista en Panamá también abordan el lavado de dinero. El Decreto Ejecutivo 55 de 01 de febrero 2012 expandió la lista de entidades reguladoras y, por lo tanto, el número de entidades cubiertas por las leyes y reglamentos de financiamiento del terrorismo.
La aplicación desigual de los actuales controles contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, junto con la debilidad del sistema judicial siguen siendo un problema.
Por otra parte, la Zona Libre de Colón, la segunda zona libre más grande del mundo, sigue siendo vulnerable a la explotación de las actividades financieras ilícitas, debido principalmente a la debilidad de las aduanas y la supervisión de las transacciones financieras.
PARAGUAY
Desde el 22 de junio, cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido y Federico Franco asumió el poder, el Gobierno de Paraguay ha acusado y arrestado de forma más agresiva a personas sospechosas bajo las leyes antiterroristas creadas en 2010 y 2011; sin embargo, los enjuiciamientos exitosos siguen siendo difíciles.
Paraguay siguió viéndose afectada por la inmigración, las aduanas y los controles policiales ineficaces a lo largo de sus fronteras porosas, en particular la zona de la Triple Frontera (TBA) con Argentina y Brasil. La escasez de recursos, la cooperación interinstitucional esporádica y la corrupción en las aduanas, la policía, el ministerio público y el sector judicial afectaron las iniciativas policiales en todo el país.
Paraguay enfrenta actividad continuada por un grupo insurgente interno (Ejército del Pueblo Paraguayo – EPP), que dio lugar a las demandas públicas de respuesta gubernamental y mantuvo al terrorismo en la vanguardia política todo el año. Los Estados Unidos proporcionaron formación para mejorar las capacidades antiterroristas de los organismos policiales a través del programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado. Además, durante gran parte de 2012, los oficiales del DHS fueron trasladados a Paraguay para mejorar los controles fronterizos.
Legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
Se llevaron a cabo pasos limitados sobre seguridad en las fronteras, en particular con respecto a los grandes y desprotegidas fronteras con Argentina y Brasil. Hubo mejoras realizadas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi en Asunción para mejorar los controles de inmigración. El gobierno de Franco respondió más agresivamente a las amenazas del EPP.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Paraguay es miembro del GAFISUD. En 2012, hubo cuatro detenciones en virtud de la ley de financiación del terrorismo. En octubre, la Policía Nacional detuvo Rubén Darío López Fernández, quien se cree que es de logística del EPP. López también tenía una orden de detención pendiente para su arresto por cargos de financiación del terrorismo. A finales de año, no hubo condenas por casos de financiamiento del terrorismo.
Cooperación regional e internacional:
Brasil es el socio fuerte de Paraguay en antiterrorismo y actividades policiales, y los dos países cooperaron en las iniciativas de seguridad. Paraguay también colaboró con el Mercosur y la Unión de Naciones del Sur en las iniciativas de protección de fronteras, los intercambios regionales y los debates sobre los proyectos de lucha contra el terrorismo y la aplicación de la ley. Si bien las relaciones bilaterales y multilaterales entre Paraguay y sus vecinos se estancó después de la destitución de Lugo, los esfuerzos contra el terrorismo continuaron.
PERÚ
La preocupación principal de Perú en la lucha contra el terrorismo sigue siendo Sendero Luminoso (SL). Aunque prácticamente SL había sido eliminado en la década de 1990, la organización está bien entrelazado con el cultivo de coca y el tráfico de narcóticos y se mantuvo como una amenaza para la seguridad interna de Perú.
En febrero, las fuerzas de seguridad peruanas capturaron Florindo Flores Hala (alias “camarada Artemio “), el líder del Huallaga Valley (UHV), una fracción superior de SL. Los fiscales acusaron a Flores de terrorismo agravado, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Una facción de SL mucho más grande y más fuerte ocupa la zona de emergencia (un área en la que el gobierno ha suspendido ciertos derechos civiles, debido a una “situación excepcional”) conocido como el Apurímac, Ene y valles de los ríos Mantaro (VRAEM). La zona de emergencia se amplió en 2012 para incluir más territorio cerca del río Mantaro, debido a la concentración de liderazgo del SL en las proximidades de este afluente.
En 2012, SL-VRAEM tenía varios cientos de miembros armados, mientras que el número de sus partidarios en las zonas urbanas era desconocido.
La participación en la producción de drogas, el tráfico de narcóticos y la extorsión en forma de “impuestos revolucionarios” sirven para financiar las operaciones de SL. La participación en el tráfico de drogas también permitió SL-VRAEM mejorar las relaciones con las comunidades de cultivo de coca en las zonas remotas.
Los esfuerzos del gobierno para mejorar la cooperación interinstitucional y fortalecer la capacidad de enjuiciamiento fueron algo exitoso. Las unidades policiales especializadas en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico realizaron varias operaciones con las Fuerzas Armadas del Perú.
Perú continuó las conversaciones con sus vecinos para fortalecer la cooperación contra el terrorismo. En enero, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), una organización fachada de Sendero Luminoso -fundada por los abogados de Abimael Guzmán- trató de inscribirse como partido político.
El Jurado Nacional de Elecciones le negó la solicitud de registro, citando los vínculos del grupo con el terrorismo. MOVADEF afirmaba rechazar la violencia armada. MOVADEF obtuvo mayor apoyo durante todo el año en los sindicatos y las comunidades rurales.
MOVADEF también incrementó su presencia internacional, realizó protestas en Argentina, Chile y México. Según los informes, tienen capítulos adicionales en Bolivia, Francia, España, Suecia y Uruguay.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuaron usando las zonas remotas en la frontera colombo-peruana para reagruparse y hacer compras de armas. Expertos del gobierno peruano creen que las FARC continuaron financiando el cultivo de coca y la producción de cocaína en las zonas fronterizas.
El Gobierno del Perú solicitó cooperación al Gobierno de Colombia sobre las formas de combatir la presencia de las FARC en las zonas insuficientemente gobernadas de la región limítrofe.
La legislación, aplicación de la ley y seguridad fronteriza:
El Congreso de Perú aprobó una ley que le prohíbe salir del país a los terroristas convictos que están en libertad condicional. El presidente de la república, Ollanta Humala, continuó autorizando los estados de emergencia de 60 días en algunas regiones donde operaba SL, dando a las fuerzas armadas y la policía más autoridad para mantener el orden público.
Las autoridades de inmigración no recogen información biométrica de los visitantes. A los ciudadanos de los países vecinos se les permitió viajar a Perú por tierra con el uso de tarjetas de identificación nacional, en lugar de pasaportes. No había obligación de visado para los ciudadanos de la mayoría de los países de Europa Occidental, Central y Europa del Este y la obligación de visado para los nacionales mexicanos fue abolida.
La inmigración peruana utiliza una base de datos llamada “Movimiento Migratorio”, pero la base de datos se limita a la Interpol y a una base de datos local que contiene órdenes de arrestos pendientes. No tenían acceso a los expedientes de los pasajeros o a una lista de vigilancia de terroristas.
La policía detuvo a 233 sospechosos de terrorismo durante el año. Perú siguió participando en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado, que proporciona varios cursos destinados a fortalecer la capacidad de la seguridad fronteriza, las investigaciones relacionadas con el terrorismo y el papel de liderazgo de la policía en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Perú es miembro del GAFISUD. En octubre, el Congreso de Perú aprobó la ley 25.475, por lo que la financiación del terrorismo se convirtió en un delito independiente punible con hasta 35 años de prisión. El Gobierno de Perú dio varios pasos adicionales para implementar el “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” de 2011. Esto incluyó la aprobación de dos decretos para reforzar la ley de extinción de dominio y las leyes contra el lavado de dinero. Con la aprobación de estos dos decretos legislativos se lograron la mayoría de las exigencias de reforma legislativa establecidas en el Plan Nacional.
El Decreto Legislativo 1106 (“Legislación de Lucha contra el Lavado de Dinero y otros delitos relacionados con la minería ilegal y la delincuencia organizada”), faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Bancos, de Seguros y Fondos de Pensiones para congelar las cuentas bancarias en los casos relacionados con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo dentro de las 24 horas después de la aprobación de un juez.
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) mantuvo la suspensión de la cooperación con la UIF peruana, a causa de una fuga de información sensible publicada por la prensa peruana en abril de 2011.
Lucha contra la radicalización y el extremismo violento:
Perú tiene un objetivo declarado de aumentar la presencia del Estado en zonas de emergencia, con la esperanza de que esa presencia sea un impedimento a la radicalización. La posición oficial del Instituto Nacional Penitenciario es que la cárcel es para rehabilitar y reintegrar a los presos, especialmente los terroristas. Se requiere una evaluación psicológica de los terroristas encarcelados antes de la libertad condicional puede ser otorgada. Muchos observadores han expresado su preocupación por la inefectividad del programa y que muchos terroristas condenados no están rehabilitados, por lo que prefieren unirse nuevamente al SL tras la liberación.
VENEZUELA
En mayo, por séptimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó que Venezuela no cooperaba plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela no adoptó ninguna medida contra altos funcionarios del gobierno venezolano que han sido designados como “narcotraficantes extranjeros” por apoyar las actividades de tráfico de drogas y compra de armamento de las FARC colombianas.
En varias ocasiones durante el año, dijo el presidente Chávez, en referencia a las FARC y el grupo colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el gobierno venezolano no permitirá la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Venezuela capturó a dos miembros de las FARC durante el año, uno murió después de su captura y el otro está todavía en prisión venezolana.
Venezuela mantuvo su cooperación económica, financiera y diplomática con Irán. El presidente iraní Ahmadinejad visitó Venezuela en enero y tras su reunión con Chávez, los líderes anunciaron la firma de acuerdos en las áreas de materiales de construcción, agricultura y transporte. En junio, Chávez dio a conocer un vehículo sin armas y sin tripulación aérea que se había producido en el país con tecnología iraní.
El Banco Internacional de Desarrollo, una filial del Banco de Desarrollo y Exportación de Irán, continuó operando en Venezuela a pesar de su designación en 2008 por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Hubo informes creíbles de que Hezbollah realiza actividades de recaudación de fondos y apoyo en Venezuela.
La lucha contra la financiación del terrorismo:
Venezuela es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe, del Grupo de Control del Abuso de Drogas contra el Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana y del Grupo Egmont.
Venezuela promulgó una ley orgánica contra la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo (Boletín Oficial N º 39.912, abril de 2012), así como la resolución conjunta 122 (Boletín Oficial N º 39.945, junio de 2012) y la resolución 158 (Boletín Oficial N º 39.986, agosto 2012) para hacer frente a las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero / combate al financiamiento del terrorismo.
La ley orgánica criminaliza el terrorismo de una manera compatible con las normas internacionales y los requisitos de debida diligencia extendida más allá de los bancos para incluir valores, seguros y otras instituciones financieras.
La ley orgánica también obliga a las instituciones financieras a notificar a la unidad de inteligencia financiera de Venezuela de las transacciones que puedan estar relacionados con actos de terrorismo, financiación del terrorismo, lavado de dinero o el crimen organizado, incluso cuando los fondos proceden de fuentes lícitas.
V enezuela tenía seis casos de financiamiento de terroristas pendiente desde septiembre. El gobierno venezolano acusó a nueve personas por cargos de terrorismo en estos seis casos. A finales de año, dos de los casos se estaban investigando, uno estaba en una etapa intermedia, dos estaban en juicio y se había condenado a dos personas.
Cooperación regional e internacional:
En septiembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que Venezuela, junto con Noruega, se desempeñaría como observadores oficiales a las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las FARC. Venezuela designó a su embajador ante la OEA, Roy Chaderton, como su emisario a las negociaciones que se están celebrando en Oslo y La Habana.
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Documento Relacionado
–Reporte de Países Sobre Terrorismo 2012 (disponible solo en inglés)
