Por Fernando Martínez.
La pequeña tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad argentina de Córdova (a 703 kilómetros de Buenos Aires), no mostraba nada extraordinario o fuera de lo común. Atendido por su propia dueña, una joven de 24 años de edad, el pequeño negocio exhibía en sus estantes prendas de prestigiosas marcas como Adidas, Levis y Nike. Sin embargo, un detalle hacía la diferencia: era una “fachada” para legitimar dinero proveniente del narcotráfico.
Este caso, que fue sentenciado a finales de 2010 en el país sureño, dejó muy claro cómo modestos establecimientos comerciales pueden ser la fachada para dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas.
Detrás de la estantería de prendas, las cuales eran en su mayoría falsificadas, en J & M se escondía toda una red que involucró a 17 personas, liderada por “El Gallo”, quien era considerado el mayor narcotraficante de la historia de la ciudad de Córdoba.
El procedimiento
Medios argentinos señalan que desde los años 90 Jorge Guillermo Altamira (El Gallo) empezó a importar cocaína desde Bolivia y Perú. La sentencia emitida por el tribunal argentino indica que se tejió toda una red de distribución y comercialización de estupefacientes, de igual manera de testaferros y “pantallas” para blanquear los capitales provenientes del dinero ilícito.
Luego de varios años de trabajos policiales de inteligencia, detenciones, allanamientos y cruce de llamadas se determinó que la tienda de ropa J & M manejada por la esposa de “El Gallo”, Magaly Vallejo, (la cual era aparentemente el medio de adquisición de vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias) significaba la “fachada principal” de grandes operaciones de narcotráfico.
Las autoridades detectaron que este “simple negocio”, como reposa en el expediente, no era compatible con el nivel de adquisición de vehículos de lujo, departamentos y electrodomésticos de alto valor.
Por dar un ejemplo, de acuerdo con la valuación fiscal del año 2006, J & M obtuvo de ganancias 24.444,73 pesos (US$ 5.854), cuando solamente una de las propiedades detectadas superaba esa cantidad.
En el procedimiento policial se concluyó que amigos y familiares de El Gallo, todos con bajo nivel de ingresos y procedentes de sectores económicos limitados actuaban como testaferros adquiriendo y transfiriendo costosos vehículos, bienes muebles e inmuebles y fondos de comercio.
La red también utilizaba el bar restaurant “Como en familia” para mezclar el dinero sucio con los ingresos legales del establecimiento. Este tipo de negocio es frecuentemente utilizado por el crimen organizado, debido al elevado flujo de efectivo que manejan y a lo complicado que es para las autoridades auditar y controlar el inventario de las comidas y bebidas servidas en las operaciones regulares.
La primera sentencia
La ley 25.246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo promulgada en mayo de 2000, como una modificación del Código Penal Argentino, fue aplicada por primera vez en este caso el pasado mes de diciembre, calificado por la prensa del país suramericano como una trama de “mafias de barrios”.
Al líder de la operación multimillonaria se le sentenció con 6 años de prisión y multas por 5.000 pesos (US$ 1.200), y a su esposa por 3 años de privación de libertad por carencia de antecedentes penales. Sobre los otros miembros de la organización reposan penas entre 3 y 4 años de cárcel, además de la incautación de todos los activos adquiridos.
Comercio y lavado
El comercio formal e informal y la manera cómo pueden ser empleados para lavar dinero procedente del crimen organizado, es uno de los grandes desafíos de las regulaciones antilavado en toda Latinoamérica.
En 2009 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró, luego de varios análisis, que 11.95% del dinero blanqueado en Argentina es a través del sector comercio.
