Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista
Mucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a China y la India, por lo cual es asociado frecuentemente a grupos étnicos de África o Asia.
Generalmente la llamada “banca subterránea” (un término más occidental) envuelve la transferencia de valores entre países, pero fuera del sistema bancario legítimo. Según las estimaciones del Banco Mundial, más de US$ 300.000 millones son movilizados cada año por este método.
En la actualidad, el proceso funciona más o menos de la misma manera que en sus inicios: un cliente “X” le entrega el dinero en efectivo a un hawala en la locación “A” para que sea entregado al cliente “Y” en otro país; el hawala utiliza la red de afiliados del país destino para entregarle el dinero en efectivo al cliente “Y”. Estas operaciones se realizan sin registros, ni recibos, ni papeles, pues se basan en la confianza entre las partes. Cada hawala (conocidos en inglés como hawaladar) utiliza su propio dinero para pagarles a los clientes. Este método puede ser utilizado para transferir tanto dinero limpio como sucio.
La informalidad, el secretismo y la ausencia de registros que caracterizan a este método son muy atractivos para los grupos criminales y terroristas que necesitan movilizar fondos entre jurisdicciones. Es por eso que las autoridades estadounidenses han iniciado una nueva ofensiva para intentar detectar, desmantelar y procesar judicialmente a estos negocios de servicios monetarios no registrados.
El caso de Times Square
En mayo de 2010, el ciudadano estadounidense de origen pakistaní Faisal Shahzard realizó un intento fallido de explotar una bomba ubicada en un auto en pleno corazón de Manhattan: Times Square. Al iniciarse las investigaciones, las autoridades detectaron que Shahzard recibió US$ 12.000 de un cómplice de Pakistán que financió el acto terrorista. El dinero fue transferido mediante una red de hawalas.
Luego del fallido ataque, los investigadores de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) sospechaban que el hawala estaba relacionado a una serie de delitos graves, entre esos el financiamiento de actos terroristas. Por tal razón, iniciaron una ofensiva para identificar y desmantelar a los negocios de servicios monetarios (NSM) no registrados y a las redes de hawalas, según informó Martin Ficke, un ex agente del Servicio de Inmigración y Aduanas, quien afirmó que “las agencias tienen que hacer algo para cerrar esa brecha”.
Rápidamente las autoridades encarcelaron y juzgaron a los miembros de la red de hawala que ayudó a Shahzard: Aftab Ali fue encontrado culpable de operar como un NSM no registrado y de fraude, por lo cual fue deportado a Pakistán en junio de 2011; mohammad Younis, otro hawala que movilizó fondos fue acusado de los mismos cargos y está esperando su juicio. Sobre otros dos implicados, Mohammad Shafig Rahman y Pir Khan, no se ha informado su estatus legal.
Desde el mes de mayo de 2010, fecha del intento de ataque, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 15 personas por ayudar a financiar actos terroristas, lavar dinero y evadir las sanciones impuesta a irán mediante redes de hawalas.
El monitoreo de las transacciones
Una de las medidas aplicadas por FinCEN fue la implementación de una minuciosa revisión de los reportes de operaciones sospechosas. Además, los representantes de la unidad antilavado sostuvieron reuniones con las agencias de investigaciones, organismos de seguridad y otros entes reguladores, con el objetivo de establecer procesos que les permitieran identificar mejor a los “bróker” hawalas.
En mayo de este año, FinCEN le pidió a los 42.000 negocios de servicios monetarios registrados que reportaran los nombres, números de identificación fiscal y otros datos de sus agentes. Las autoridades no tienen datos exactos de cuántos NSM no registrados y hawalas puede haber en Estados Unidos, ya que la última investigación al respecto fue realizada en 1997, cuando una empresa contratada por FinCEN calculó el número en 160.000 negocios
