Los investigadores de Arizona pueden decomisar libremente las transferencias de dinero de la transnacional Western Union vinculadas a actividades de tráfico de personas, aún cuando las transferencias se hayan originado en otros estados de la unión americana, indicó un tribunal estatal.
La decisión se produce luego de haberse otorgado una orden judicial en septiembre de 2006 que permitió a los investigadores decomisar transferencias de dinero de la empresa Western Union provenientes de 29 estados, las cuales estaban dirigidas a agentes de transferencia de dinero en México. La Corte Superior de Arizona anuló la orden judicial en enero de 2007, indicando que los agentes de control legal no tenían jurisdicción para decomisar fondos enviados ni recibidos en Arizona.
Pero el pasado 1 de julio, la Corte de Apelaciones de Arizona decidió que el estado podía decomisar el dinero, porque las transacciones supuestamente financiaron el tráfico de personas en Arizona.
“Nuestro foco ha estado siempre sobre los delitos cometidos en Arizona, y todos los esfuerzos han sido realizados para impedir el decomiso de los fondos de cualquiera que no haya participado en delitos”, dijo el Fiscal General de Arizona Terry Goddard, en un comunicado de prensa.
David Landsman, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Remesadoras de Dinero, un grupo localizado en Nueva York, dijo que le preocupa la estrategia del Fiscal General de Arizona de perseguir transferencias de dinero realizadas fuera del estado. “Están tratando de intimidar a la gente para profundizar su agenda sobre el tema migratorio”, dijo Landsman, en una entrevista. “Espero que Western Union apele [la decisión]”.
En un comunicado de prensa del 2 de julio en el que responde al fallo judicial, Western Union indicó que estaba “preocupado por la decisión de la Corte de Apelaciones y que está analizando todas las posibilidades para contestarlo, incluida una apelación”.
A Western Union le fue otorgado un permiso sobre la orden de decomiso cuatro días después de haber sido ésta emitida, sin embargo Arizona decomisó más de 200 transferencias por más de US$230.000 antes de que el permiso entrara en vigencia, de acuerdo con el expediente judicial. Las autoridades de Arizona habían obtenido 20 órdenes de decomiso antes de septiembre de 2006 que permitieron el decomiso de más de 15.000 transferencias enviadas hacia y desde ese estado, según los documentos presentados ante el tribunal.
Los pagos realizados a México para financiar el tráfico de personas habían sido redireccionados a otros estados como resultado de las investigaciones en Arizona sobre Western Union, informó la oficina del Fiscal General. En consecuencia, la orden de septiembre de 2006 permitió a las autoridades regionales confiscar transferencias realizadas desde los otros estados a 26 oficinas de agentes de Western Union en Sonora, México, localizados dentro de las 70 millas de la frontera de Arizona.
La decisión de la Corte de Apelaciones autoriza al estado a investigar la naturaleza de los fondos decomisados, precisó Andrea Esquer, vocera de la oficina del Fiscal General. “Realizaremos el proceso para determinar si consideramos que los fondos provienen de un delitos o deberían ser devueltos a la persona a quien estaba dirigido el dinero”, explicó Esquer.
Desde 2001, las autoridades de Arizona han decomisado más de US$17 millones en activos y han realizado más de 100 arrestos como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de personas en Arizona, de acuerdo con lo informado por la oficina del Fiscal General de Arizona.
