Por Brian Monroe
El Tribunal Superior de Francia anuló una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades sospechosas de sus clientes relacionadas con el lavado de dinero, una disposición de la Segunda Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), que Francia adoptó por decreto en 2006.
El Concejo de Estado resolvió el 10 de Abril que control legal no debería tener autorización para tener acceso directo a los abogados cuando se solicita información sobre las posibles actividades sospechosas de los clientes, sino que debería llevarse a cabo a través de un intermediario, como podría ser una asociación de abogados o el ejecutivo máximo de la firma de abogados en la que se desempeñe.
El Concejo, el equivalente francés de la Suprema Corte de Estados Unidos, resolvió que una medida que exceptúe a los abogados del reporte de posibles actividades de lavado de dinero cometidas por sus clientes al prepararse para la realización de un juicio también debería aplicarse a las facultades no judiciales, como el otorgamiento de opiniones legales, como sucede en los casos de transacciones de bienes raíces.
La decisión de Francia también pone en tela de juicio si el país aplicará los requisitos para los abogados fijados en la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero de la UE, que entró en vigencia en Diciembre. La Tercera Directiva, entre otras cosas, requiere que ciertos profesionales, entre ellos los abogados, identifiquen las fuentes de fondos de los dueños beneficiarios de las compañías, las figuras políticas y de sus clientes.
La Comisión Europea adoptó la Tercera Directiva en 2005 para elevar los estándares ALD y antiterrorismo de los países miembros recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la entidad vigilante ALD global con sede en París. El GAFI recomienda que las naciones obliguen a los abogados a reportar operaciones sospechosas de sus clientes vinculadas al lavado de dinero.
Los abogados dijeron que las obligaciones de reporte de ambas directivas de la UE violan el privilegio abogado-cliente. Otros países de la UE, sin embargo, posiblemente no sigan la postura de Francia de no convalidar las disposiciones, aclaró el funcionario del GAFI Kevin Vandergrift. “Hemos hecho casi todas las evaluaciones mutuas en Europa, y las normas para los abogados no son un problema general. No creo que esto sea el comienzo de algún movimiento mayor que busque apartarse del estándar”, afirmó.
La mayoría de los países en la UE adoptaron la Tercera Directiva de la UE, que somete a los abogados a las reglas ALD, dijo. Si Francia, o cualquier otro país, elije no adoptar las recomendaciones del GAFI, los evaluadores de la organización destacarán eso en las evaluaciones ALD futuras.
El Concejo de Estado de Francia señaló en su decisión que la Segunda Directiva fue adoptada a expensas de ciertas profesiones, como la de los abogados, y que el tener que reportar las actividades sospechosas de sus clientes les dio a los abogados una obligación dual. Las directivas se aplicaron a abogados que ayudaron a sus clientes a realizar transacciones financieras y de bienes raíces, dijo el tribunal.
Otros intentos contra la Directiva
Las asociaciones de abogados belgas presentaron una apelación de las reglas en 2004, pero el tribunal superior de la UE falló en contra de ellas en Junio de 2007.
Cuatro países cumplieron con el plazo de Junio de 2003 impuesto por la UE para que adoptaran la segunda directiva: Dinamarca, Alemania, Finlandia y Holanda. Seis naciones: Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia, tardaron más de un año después del vencimiento del plazo en cumplir la obligación.
En Octubre de 2005, la Comisión de la UE denunció a Francia y Grecia ante la Corte de Europea de Justicia por demoras de más de un año en cumplir con los estándares fijados por la segunda directiva de lavado de dinero. Ambas naciones enfrentaron sanciones y posibles multas. Grecia modificó sus leyes ALD en Diciembre de 2005. Francia lo hizo en Junio de 2006.
Los dos países objetaron la disposición de esa directiva referida a que los abogados están obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas. Los abogados de EE.UU., que se opusieron enfáticamente a cualquier obligación de sus asociaciones de abogados nacionales y regionales, se han mantenido hasta ahora sin ser obligados a reportar operaciones sospechosas.
Dirk Smet, vocero del grupo European Savings Bank, con sede en Bruselas, indicó que permitir que el grupo no cumpla con las obligaciones ALD deja un “eslabón débil en la cadena para aquellos delincuentes que están esperando para lavar dinero. Ellos siempre van a buscar eso y su imaginación no tiene límites”.
