Un abogado de Miami quebrantó leyes federales de lavado de dinero de Estados Unidos cuando le prestó casi US$500.000 a un concesionario de automóviles en un acuerdo donde se utilizó dinero de la droga como garantía a este préstamo, alegan los fiscales.

Samuel Burstyn es un reconocido abogado defensor de Miami que cuenta con una brillante carrera de más de 20 años donde ha representado a clientes tales como la actriz Robin Givens y la esposa del tenista alemán Boris Becker.


Pero el abogado, de 52 años, ahora debe enfrentar al gobierno que quiere asegurase de que los clientes no paguen a sus abogados defensores con dinero sucio.


Burstyn enfrenta siete cargos incluyendo uno de conspiración para lavar dinero en violación del Título 18 USC Secs. 1956 y 1957. También está acusado de conspirar para obstruir la justicia, obstruir la justicia y falsa declaración ante un gran jurado.


Los fiscales buscan confiscar US$530.000, el valor aproximado del concesionario de automóviles que Burstyn financió.


Burstyn no devolvió los mensajes dejados a su secretaria.


Una acusación federal presentada el 22 de febrero en el Distrito Sur de Florida alega que Burstyn era “abogado interno” para una negocio ilegal que importaba y distribuía marihuana, lavaba dinero, y obstruía a la justicia. (Caso No. 04cr60279).


Varios miembros de esta empresa han sido condenados y se encuentran en prisión.


Burstyn y otros alentaron a potenciales testigos de un gran jurado a que ofrezcan información“falsa y engañosa” al gran jurado, según la acusación.


Fiscales federales no comentaron sobre el asunto.


En octubre de 1998, Burstyn prestó US$498.250, a través de un cheque, al dueño de Auto Fund, en Atlanta, Georgia, según los fiscales.


Burstyn creó una compañía fantasma, “J.B. Partners” para realizar el préstamo, según la acusación. La fuente real del dinero era una cuenta fiduciaria de Burstyn, alegan los fiscales.


“Como una condición para realizar el préstamo, Burstyn obtuvo una garantía de US$500.000 de dinero de la droga por parte de Jeffrey Tobin (un supuesto miembro de la empresa ilegal)”, señala la acusación.


La acusación no aclara la relación entre Tobin y el dueño de Auto Fund.


Al año siguiente, la concesionaria tuvo dificultades económicas, según los fiscales, que afectaron la capacidad del cliente de pagar el préstamo.


Entonces, los miembros del esquema ilegal trataron de pagar el préstamo de Burstyn con cheques, que el abogado rechazó debido a que no estaba dispuesto a “utilizar directamente dinero de la droga prometido como colateral”, señala la acusación.


La acusación es producto de una investigación de la Agencia de Rentas de EE.UU. y el FBI, dijo un vocerote la Oficina de la Procuraduría Federal en Miami.