Por Gonzalo Vila
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La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo enfrenta importantes obstáculos en Argentina: desde la complejidad de la figura de lavado en el marco jurídico; la falta de recursos en las organizaciones supervisoras y fiscalizadoras; peleas y desencuentros desde la cúpula de la unidad de información financiera; hasta la falta de voluntad política por parte de las autoridades, entre otros problemas que salieron a la luz durante una reunión de expertos antilavado en Buenos Aires.
Argentina espera a último momento para cumplir con las exigencias internacionales, dijo el ex diputado y senador Raúl Baglini en la reunión la semana pasada. De hecho, el país tuvo que explicar varias veces en los últimos años al Grupo de Acción Financiera (GAFI) las razones por las cuales no pudo avanzar en la creación de normas contra el lavado y la financiación del terrorismo.
La senadora Sonia Escudero señaló que uno de los factores claves que está afectando la posibilidad de una lucha eficiente contra el lavado es la falta de cooperación entre los organismos públicos que supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las leyes y normativas.
Prevención de financiación del terrorismo, tarea pendiente
Escudero es presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado y autora del proyecto que propone tipificar el delito de financiación del terrorismo dentro de una ley especial titulada “Ley de Prevención y Sanción de Acciones Delictivas Terroristas”.
La propuesta de legislación también incluye otros asuntos y figuras importantes para detectar y combatir las finanzas de los terroristas como la figura del criminal arrepentido, agente encubierto y testigo con identidad reservada, entre otras. Escudero también propone la creación de una Unidad de Prevención e Investigación de Actos de Terrorismo que funcione en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Y propone que esta nueva Unidad sea una suerte de agencia de inteligencia, que elabore planes de acción y asista con información e inteligencia a las fuerzas de seguridad y Ministerio Público.
La tipificación del delito de financiación del terrorismo es una asignatura pendiente que Argentina tiene con el GAFI. Antes de lograrlo, el país debe criminalizar el terrorismo y en estos momentos los congresistas argentinos se encuentran debatiendo el proyecto. La preocupación de las autoridades nacionales, por lo que muchos sugieren se podría estar demorando la aprobación y sanción de la ley, es que con la definición de terrorismo en la ley castigue las protestas sociales tan comunes en Argentina. Para Baglini se tendría que haber acordado en la definición de terrorismo hace mucho tiempo, “pensar que se puede castigar a las protestas sociales con la ley contra el terrorismo es tan arcaico como pensar que se podría haber acusado a Martin Luther King de terrorista en los 60 en Estados Unidos”, dijo en el encuentro.
Leyes dificultan la prevención
Los participantes del encuentro, entre los que se destacaban fiscales, jueces y abogados involucrados en la prevención del lavado de dinero, resaltaron que otro de los problemas que enfrenta el país es la falta de un marco jurídico más flexible que permita a los organismos, instituciones, fiscales y jueces llevar a cabo con más facilidad investigaciones y comenzar procesos por lavado de dinero que terminen en sentencias condenatorias.
En la legislación argentina sólo puede aplicarse la figura de lavado de dinero en aquellos casos cuando son terceras partes – y no quienes participaron en los delitos subyacentes – los encargados de lavar el dinero. La mayor parte de las veces las mismas organizaciones que cometen los delitos son las encargadas de lavar el dinero productos de ellos, lo que le imposibilita a los fiscales y a la justicia aplicar la legislación antilavado.
“Desde la tipificación del delito de lavado de dinero en 1989, sólo ha habido una sola condena por lavado de dinero en Argentina, esto señala claramente que el engranaje del sistema no está funcionando adecuadamente”, dijo Alicia López, ex presidenta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina.
Los fiscales reconocieron que se realizan pocas investigaciones por lavado de dinero debido a la complejidad del tema dentro del marco jurídico. El reconocido fiscal para casos de lavado Raúl Plee dijo que en los grandes casos de lavado, el dinero es enviado a otras jurisdicciones, y una vez que se condena en el país a los delincuentes por los delitos subyacentes al lavado, la investigación del rastro del dinero pierde fuerza, ya que “la respuesta a la solicitud de información a través de un exhorto a otro país puede tomar entre dos y tres años”.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, admitió lo complicada que es la figura del lavado y puso en duda que vaya a haber alguna condena por lavado en el corto plazo, ya que se trata de un ilícito muy difícil de probar.
Plee dijo que desde la tipificación del delito existieron muchas investigaciones y causas por narcotráfico y secuestro extorsivo que podrían haber involucrado la figura de lavado pero que se prefirió no seguir por el camino de la investigación del lavado entre otras cuestiones por la complejidad de esta figura.
Ningún tipo de castigo
No sólo desde el punto de vista penal los castigos y condenas han sido mínimos en Argentina desde que se tipificó el delito de lavado en 1989 (en 2000 Argentina sancionó una segunda ley contra el lavado, aunque la única condena del país fue con la primera ley). Hasta la fecha no existen multas a los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones antilavado.
Delia Corteletti, gerente principal de Análisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central de Argentina, el órgano supervisor de los regímenes de prevención de los bancos, confirmó que hasta la fecha no han impuesto multas o sanciones monetarias a los bancos por incumplimiento de las normativas antilavado pero reconoce que se encuentran en investigación unos diez casos.
La lista de problemas continúa: UIF
Otro de los problemas que está enfrentando Argentina es que la unidad de inteligencia financiera quedó acéfala, a mediados de año renunció la presidenta –Alicia López—tras fuertes discusiones principalmente con la agencia de rentas –AFIP—, pero también con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, con el Banco Central y con algunos jueces federales.
El gobierno decidió modificar la estructura de la UIF volviéndola más dependiente del Poder Ejecutivo. Este año, logró modificar la composición del organismo, con lo cual avanzó hacia un mayor control de la entidad, lo que le valió severas críticas de la oposición.
Durante la presidencia de la UIF, López se quejó de la incongruencia de las leyes argentinas que daban a la unidad todas las responsabilidades pero que no recibía información de las fuerzas de seguridad o de inteligencia y que no tenía el poder de policía.
El gobierno ya propuso como candidata a la presidencia a Rosa Catalina Falcuto, una contadora que trabajó en la Procuración del Tesoro y en el área de Delitos Económicos de la Policía Federal.
La UIF, creada en el año 2000 mediante la ley 25.246, tiene por misión el análisis de todo tipo de información con el objeto de impedir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su función es denunciar los casos que resulten sospechosos y colaborar con la Justicia una vez abiertas las investigaciones penales.
