Un inversor necesita una sociedad anónima para manejar sus fondos. Consulta a su asesor financiero, quien le provee varias opciones: Andorra, Mauritius, Nauru, Panamá, o Uruguay. Allí, su sociedad, siempre que sus negocios sean fuera de Uruguay, podrá operar libremente y sin declarar el origen de sus fondos, pagando impuestos de sólo un 0.3 por ciento sobre el patrimonio. Con un par de días y no más de dos mil dólares puede comprar una sociedad creada.
Pero bajo la presión de una visita del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para evaluar los esfuerzos antilavado del país sudamericano, el gobierno uruguayo ha propuesto una reforma tributaria que incluye la eliminación del beneficio tributario de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), las mismas que proveen tantos beneficios a quienes las crean y realizan negocios en el exterior. Para el año 2010, todas las sociedades existentes de este tipo deberán operar como sociedades anónimas regulares – pagar impuestos regulares y declarar a los accionistas-, y en cuanto la propuesta sea aprobada, no se podrán formar más sociedades.
“Estas sociedades se crearon en el año 48 por la ley 11043. Hoy están en la mira este tipo de sociedades, que hay en varias partes del mundo. Tu tienes un instrumento para usarlo de buena manera, si lo haces de mala manera perjudica al esquema en general”, dijo Gustavo Havranek, presidente de la asociación uruguaya de oficiales de cumplimiento.
El documento de la propuesta dice que el objetivo de la eliminación de las SAFI es “promover el uso de instrumentos societarios compatibles con los estándares internacionales, lo que contribuye a consolidar un clima de inversión e inserción externa más sano y transparente”.
La propuesta, que será presentada en el Parlamento en marzo de 2006 y que entraría en vigencia en enero de 2007, admite que las SAFI han sido criticadas a nivel internacional y que son “un instrumento anacrónico, inadecuado a los estándares que impone la legislación comparada y las recomendaciones de los organismos multilaterales especializados en esta problemática”.
Las SAFI son consideradas como herramientas vulnerables a ser utilizadas para el lavado de dinero por los mismos beneficios que otorgan: pagan impuestos mínimos, no declaran la procedencia de su patrimonio y pueden invertir sólo fuera de Uruguay. Además, estas sociedades funcionan con acciones al portador, por lo que el beneficiario o dueño final de las mismas es fácilmente oculto.
Las SAFI existen desde 1948, pero fue a partir de los ’70 cuando creció su utilización para disminuir el pago de impuestos.
Según Havranek, los que quieren terminar con este tipo de sociedades son los países vecinos u otros países cuyos ciudadanos tienen este tipo de sociedades, ya que con ellas evitan impuestos locales. “Somos conscientes de que internacionalmente no se ve bien a Uruguay por este tipo de sociedades, secreto bancario y entrada y salida libre de divisas”.
El secreto bancario sigue vigente
Aunque Uruguay quiera dar un paso adelante respecto a las SAFI, el gobierno no ha llegado a un acuerdo respecto al levantamiento del secreto bancario. La propuesta dice que aunque se sigue necesitando una orden judicial, se otorgarán incentivos a aquellos contribuyentes que voluntariamente ofrezcan la información de sus cuentas.
En Uruguay se han tomado pasos legales antilavado. La ley 17.835 de septiembre de 2004 amplía la obligación de reportar transacciones sospechosas a todos los intermediarios financieros, casinos, corredores de obras de arte, agencias de bienes raíces y empresas fiduciarias, y asigna a la Unidad de Información Financiera del Banco Central la función de analizar los reportes y solicitar información adicional en caso necesario.
La ley incluye provisiones respecto a la financiación del terrorismo y la aprehensión provisional de fondos derivados de esa actividad ilegal. La circular 1722 del Banco Central, por la cual fue creada la Unidad, la faculta para atender solicitudes de cooperación internacional.
La Resolución 2002- 2072 elevó la Unidad al nivel de Dirección que responde directamente a la Junta de Directores.
Hasta fin de noviembre, el gobierno de Tabaré Vázquez recibirá sugerencias para el proyecto que fue presentado ante empresarios y trabajadores.
