Por Fernando Martínez.
Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y lograr una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Uruguay presenta este lunes la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En un acto organizado por la Presidencia de la República, las autoridades uruguayas anunciaron el inicio del programa que contempla el esfuerzo conjunto de diversos entes y organismos multidisciplinarios, que tendrán objetivos comunes y un plan de acción detallado para enfrentar la legitimación de activos y el financiamiento del terrorismo en base a una estrategia basada en el riesgo.
Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (SNA), explicó que no sólo se ha efectuado el enfoque estratégico, sino que “se ha elaborado un plan de acción detallado con objetivos y metas concretas, en cuya confección han estado involucrados todos los organismos del Estado que directa o indirectamente están vinculados a la prevención, detección o represión del lavado de activos”.
Díaz también destacó la disposición del gobierno, al precisar que la “propuesta que tiene la Presidencia de la República en este tema es apoyar a todos los encargados de la ejecución de la ley, coordinando desde aquí, y toda vez que la justicia lo entienda necesario, a todos los organismos del Estado que puedan colaborar tanto en la prevención como en la represión” de estos delitos.
El consultor antilavado uruguayo Ricardo Sabella comentó que “bajo la asistencia del Fondo Monetario Internacional se efectuó un trabajo muy serio de identificación de vulnerabilidades a través de un ejercicio técnico desarrollado con un amplio consenso inter-institucional. Es por ello que la participación y concientización de todos los sectores en este programa es el principal beneficio”.
El titular de la entidad antilavado uruguaya agregó que los distintos organismos y sectores relacionados al combate contra el crimen organizado están trabajando conjuntamente para “seguir las nuevas recomendaciones del GAFI [Grupo de Acción Financiera] en cuanto a la investigación patrimonial de la organización criminal en forma paralela a la investigación de los delitos precedentes del lavado de activos”.
Objetivos del plan
Esta estrategia busca principalmente atacar la base económica de las organizaciones criminales, porque “el crimen organizado no comete crímenes pasionales, generalmente; la única forma de atacar estas organizaciones es privarlas del elemento económico que ha sido su motivación para conformarse y delinquir. No se desbaratan las organizaciones criminales solamente poniendo preso a alguno de sus integrantes, ni en Uruguay ni en ningún lado”, expresó Díaz.
Por su parte, Sabella precisó que entre los principales objetivos se encuentran: “mejorar la regulación, supervisión y cumplimiento de ciertos sectores, sobre todo los no financieros; mejorar las condiciones para el conocimiento del beneficiario final de ciertas estructuras societarias; trabajar para incrementar y mejorar los recursos del sistema procesal penal”.
También agregó que “la situación geográfica de Uruguay y el alto volumen de intercambio financiero con los países de la región hacen elevar la exposición a los riesgos derivados de delitos como la corrupción, el narcotráfico, trata de personas, contrabando y piratería que se generan fuera de los límites del país”.
El ejemplo peruano
Uruguay es el segundo país de la región en anunciar un plan de estas características. En mayo de 2011, el gobierno de Perú presentó el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En una entrevista exclusiva de Lavadodinero.com, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, explicó que para la elaboración del Plan se partió “desde un diagnóstico de riesgo (…) para determinar cuáles son los problemas del país, y sobre ese análisis lo que hemos hecho es discutir sobre cuáles son las vulnerabilidades y las debilidades, sobre las acciones que se proponen, definir los responsables para cada acción, los plazos adecuados, y lo que estamos haciendo ahora que es el presupuesto de cuánto costará todo esto”.
Uno de los desafíos que enfrenta este tipo de estrategias es la parte financiera. Espinosa indicó que “la parte de recursos financieros es un cálculo de costo/beneficio. Esto [la actividad criminal] le cuesta mucho al Estado y a la sociedad peruana, por tanto, cualquier recurso asignado debe verse como una inversión y no un gasto. Es un elemento fundamental para entender la lógica de un plan de este tipo”.
