Por Carla Valero
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El Fondo Monetario Internacional presentó durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de año una evaluación de los esfuerzos antilavado de Uruguay que destaca los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno desde que asumió en marzo de 2005 pero que también subraya graves falencias en el campo antilavado.
Además Uruguay, que ha sido considerado durante mucho tiempo el centro offshore más importante de Sudamérica, acordó con el Fondo Monetario Internacional elaborar durante los próximos meses una estrategia nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con la asistencia técnica del organismo.
Según la evaluación del organismo, que se dio a conocer en diciembre, el actual régimen antilavado está poco desarrollado y el país sudamericano todavía no ha implementado las medidas necesarias para alcanzar los estándares requeridos por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y destaca que la falta de recursos para realizar un trabajo eficiente en la lucha contra los delitos financieros es un gran impedimento. Resalta, sin embargo, el compromiso de las autoridades para combatir el crimen financiero.
El informe describe a Uruguay como un país orientado hacia operaciones financieras offshore, con un sistema que busca limitar el acceso a cierto tipo de información y con regulaciones inflexibles y secretas. Según el documento, la vulnerabilidad reside en el tipo de actividades desarrolladas, promocionadas o autorizadas en Uruguay.
El gobierno uruguayo reconoce que tienen asignaturas pendientes en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero en el país. Uruguay ha sido considerado una plaza de laxos controles durante mucho tiempo y para cambiar su estructura y la percepción se necesita tiempo. Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia de Uruguay reconoció que “…queda mucha tarea para hacer, así que seguimos avanzando en el tema.” Destacó que en la “Ley de Presupuesto se incorporaron artículos que tienen que ver con el mejoramiento de la operativa para el control del lavado de activos y para el combate al narcotráfico, trabajamos intensamente formando capacitadores, se ha formado una unidad de investigación a nivel de la Policía, y venimos trabajando en forma muy intensa, coordinando distintas instituciones del Estado que tienen que ver con este tema”.
Uno de los aspectos más importantes del nuevo gobierno según indica el informe es el proyecto de la reforma que actualmente se debate en el Congreso. Esta importante reforma propone la eliminación del beneficio tributario para las compañías “offshore” SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión). Implementar esta reforma supondrá una tremenda superación de las restricciones actuales en la precaria identificación de los sistemas de información, identificados como una de las debilidades del país en el informe.
Las SAFI son consideradas como herramientas vulnerables a ser utilizadas para el lavado de dinero por los mismos beneficios que otorgan: pagan impuestos mínimos, no declaran la procedencia de su patrimonio y pueden invertir sólo fuera de Uruguay. Además, estas sociedades funcionan con acciones al portador, por lo que el beneficiario o dueño final de las mismas es fácilmente oculto. Las SAFI existen desde mediados de siglo pasado.
La intención de las autoridades uruguayas es que en un par de años todas las sociedades existentes de este tipo operen como sociedades anónimas regulares – paguen impuestos regulares y declaren a los accionistas-, y en cuanto la propuesta sea aprobada, no se podrán formar más sociedades.
Hasta el momento, las autoridades uruguayas han dado pasos importantes para reparar y fortalecer las estructuras y controles antilavado y contra la financiación del terrorismo. Durante 2004 y 2005 se aprobó legislación que incorpora nuevos elementos importantes en el marco de la lucha contra el lavado y delitos financieros, la ley 17,835/2004 y el decreto 86/005.
Según el informe del FMI un tema importante que no facilita el acceso a la información es que Uruguay no ha implementado ningún acuerdo formal de cooperación internacional de intercambio de información con sus socios claves en Latinoamérica y el resto del mundo.
Primeras reacciones
Otro de los efectos más inmediatos del informe del FMI se dio a conocer esta semana y se trata de un nuevo plan de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que las autoridades uruguayas junto con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) están preparando y el cual podría estar activo desde marzo de 2007.
La noticia la confirmó Ricardo Gil, presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA)—que funciona dentro de la Presidencia de la República— quien dijo que “se realizó un acuerdo con el FMI para que una misión de asistencia técnica de ese organismo nos apoye en su diseño en los meses del verano, tratando de llegar a marzo con un plan nacional definido”.
Según Gil, este acuerdo supone varias líneas de trabajo convergentes:
— Completar y compartir el diagnóstico
— Definir una estrategia nacional
— Plasmar ambos elementos en un plan nacional para el período 2007-2008
— Instrumentar ajustes organizativos
— Fortalecer a los sectores de supervisión sobre el sector financiero (UIAF del Banco Central de Uruguay) y no financiero (Auditoría Interna de la Nación).
“Son tareas que asumimos como nuestras, pero nos pareció que no podíamos desconocer otras experiencias y capacidades por lo que a partir de la relación gestada durante la evaluación, a fines de octubre planteamos al FMI la posibilidad de un apoyo técnico en las siguientes áreas: fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, análisis sistémico del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país y elaboración de una estrategia nacional”, dijo Gil.
Según las autoridades uruguayas, no existen indicios de que haya cifras elevadas de lavado de activos en el país, aunque admitieron que los riesgos de que ese tipo de actividades aumente son altos.
Para Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFISUD, “en nuestra opinión lo que hay que destacar del informe es lo que llaman las recomendaciones claves que hablan sobre la tipificación del lavado de dinero del financiamiento del terrorismo y las medidas de debida diligencia con el cliente. En especial en el caso de Uruguay es importante destacar los avances en la abolición de las SAFIs y en el desarrollo de la estrategia nacional”
El nuevo gobierno de Uruguay asumió el 1 de marzo de 2005 y desde entonces las leyes antilavado han sido una de las prioridades en su agenda. A pesar de que el país ha hecho grandes esfuerzos y compromisos políticos por avanzar en la lucha, aún queda mucho camino por recorrer en la implementación de regulaciones que sigan las recomendaciones del GAFI, según dictan las conclusiones del informe.
