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La tercera “Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” fue lanzada por el gobierno de Uruguay el pasado 14 de junio y tiene como objetivo reforzar la prevención del lavado de activos y crímenes afines en el país sudamericano.
Con miras hasta marzo de 2020, la estrategia maneja 16 objetivos primordiales que buscarán mejorar la efectividad del esquema antilavado de dinero (ALD) y la mitigación de riesgos relacionados a las actividades ilícitas financieras. Además, también buscará fortalecer el sector inmobiliario, de prestación de servicios y zonas francas de Uruguay.
Este plan será llevado a cabo por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, formada a su vez por la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y las carteras de Interior; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Defensa; y Relaciones Exteriores.
El secretario nacional del Senaclaft, Daniel Espinosa, expresó que para cada objetivo establecido en el plan de la estrategia hay varias “metas y submetas” que tendrán diferentes periodos de ejecución, segmentando el desarrollo.
El funcionario destacó que la corrupción está incluida en la en el plan estratégico y expresó que “es la primera vez que al tema corrupción se le da importancia contra el lavado siendo que es uno de los delitos precedentes más importantes”.
Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas, puntualizó que el gobierno uruguayo “no quiere vivir en un país que navegue por la opacidad, porque solo puede generar malos incentivos”. En el marco de la inserción internacional de Uruguay en este tópico, Ferrari expresó que “paga la transparencia”. “¿Cómo lo haríamos si el país fuera definido como no cooperante en la lucha contra el lavado de activos o como paraíso fiscal?”, añadió.
En definitiva, los 16 objetivos establecidos en la premisa responden a 4 objetivos generales y 12 específicos:
Objetivos Generales
Objetivo 1: Armonizar el marco legal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/ FT)
Objetivo 2: Utilizar y aprovechar los recursos tecnológicos para la prevención y el combate del LA/ FT.
Objetivo 3: Fortalecer el conocimiento de los riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el país, así como las políticas y medidas diseñadas para mitigarlos.
Objetivo 4: Promover la actualización permanente de las políticas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/ CFT) y la coordinación interinstitucional entre los organismos competentes.
Objetivos Específicos
Prevención
Objetivo 5: Fortalecer las capacidades institucionales y la estructura organizacional del organismo de supervisión financiera en materia ALD/ CFT.
Objetivo 6: Profundizar en el ámbito de la Superintendencia de Servicios Financieros la aplicación de un enfoque de supervisión basado en riesgos, y promover buenas prácticas y el debido cumplimiento de medidas preventivas en materia ALD/ CFT.
Objetivo 7: Fortalecer la transparencia de las personas y estructuras jurídicas a fin de evitar que las mismas sean utilizadas con fines ilícitos.
Objetivo 8: Fortalecer el sistema de supervisión para los sujetos obligados del sector no financiero (APNFD) aplicando un enfoque basado en riesgos, y promover buenas prácticas y el debido cumplimiento de medidas preventivas en materia ALD/ CFT.
Objetivo 9: Fortalecer la prevención del LA/FT en las actividades de comercio exterior.
Objetivo 10: Incorporar el combate a la corrupción como componente fundamental de la lucha contra el LA.
Detección / Inteligencia Financiera
Objetivo 11: Fortalecer la capacidad de generación de inteligencia financiera.
Objetivo 12: Mejorar la utilización de la información disponible en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y fortalecer su acceso a información.
Represión penal
Objetivo 13: Reforzar los mecanismos de investigación sobre patrimonios ilícitos.
Objetivo 14: Fortalecer las Unidades Especiales de Investigación.
Objetivo 15: Mejorar los mecanismos de administración de bienes decomisados.
Objetivo 16: Mejorar los procedimientos de cooperación judicial internacional.
