Producto de una política de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunción del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, y luego de los escándalos en los que se vio envuelto en los últimos años el Instituto para las Obras de Religión (IOR), entró en vigencia esta semana en el Vaticano la Ley Nº XVIII para la prevención y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).
Esta ley viene a reforzar el sistema interno de prevención y lucha ALD / CFT en consonancia con las normas internacionales y, en particular, con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Unión Europea.
“Con esta ley, creo que estamos adhiriéndonos en un 99% a los estándares en esta área. Lo que resta son detalles”, dijo el portavoz del Vaticano, el sacerdote Federico Lombardi.En este sentido, cabe destacar que en el año 2012 el reporte de Moneyval (comité del Consejo Europeo contra el lavado de dinero), había advertido que era necesario que la Santa Sede redoblara esfuerzos para mejorar los estándares en materia ALD.
La normativa es resultado del Motu Proprio del Papa Francisco del 8 de agosto pasado en donde expresaba: “Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Aspectos Fundamentales de la nueva ley:
•Tendrá validez para los ministerios de la Curia Romana, las entidades dependientes de la Santa Sede y las organizaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica canónica radicadas en el Vaticano.
•Le otorga un mayor poder de supervisión y regulación a la Autoridad de Información Financiera (AIF, su sigla en inglés) del Vaticano para monitorear las actividades de su banco y otros departamentos de la Santa Sede relacionados con actividades financieras e inspeccionar, en cualquier momento, documentos o cuentas que considere sospechosas.
•Consolida medidas previas en materia antilavado y contra la financiación del terrorismo.
•Refuerza la cooperación e intercambio de información por parte de la Autoridad de Información Financiera, tanto a nivel nacional como internacional.
•Incluye medidas contra el reciclaje y la financiación del terrorismo.
Señales de apertura y transparencia
En el camino hacia una mayor transparencia en el manejo financiero, se pueden observar evidentes manifestaciones entre las que se encuentra la creación de una comisión de investigación para el IOR, conocido como Banco del Vaticano, encargada de la supervisión de toda la documentación relacionada a todas las cuentas, incluso por encima del secreto bancario en los casos donde haya sospecha fuerte de lavado.
Esta comisión se formó a pedido del Sumo Pontífice a raíz del escándalo por el procesamiento del prelado Monseñor Nunzio Scarano, quien estaba a cargo de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y fue acusado de querer pasar 20 millones de euros desde Suiza hasta Italia, entre otras irregularidades durante su gestión.
Entre las medidas abordadas para transparentar el sistema, por primera vez en la historia el Vaticano presentó el informe anual sobre el banco de la Santa Sede, detallando el estado de sus cuentas y las proyecciones a futuro, al tiempo que anunció el cierre de cuentas de cuatro embajadas, entre las que se encuentran las de Siria, Irán, Irak e Indonesia. Esta última medida fue impulsada por la sospecha de lavado de dinero que generan los depósitos y retiros de grandes sumas en efectivo de las cuentas de dichas embajadas.
Cabe destacar que el IOR no es un banco, sino una institución financiera destinada a regentear los bienes de obras religiosas o de caridad que solo puede tener entre sus clientes a miembros del clero y empleados o exempleados del Vaticano, así como acoger cuentas que pertenezcan a instituciones relacionadas con la Iglesia. Sin embargo, por su escasa transparencia desde su fundación en 1942, se lo ha vinculado con actividades ilegales donde se incluye el lavado de dinero, como principal foco de las investigaciones a las que en la actualidad está siendo sometido.
Cuentas poco claras
Caracterizada por su opacidad financiera, la Santa Sede desde hace unos años se ha visto envuelta en escándalos relacionados a delitos como el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas o de la mafia.
En el año 2011, en el escándalo conocido como “VatiLeaks” salieron a la luz documentos privados del anterior Papa Benedicto XVI, que revelaba toda una trama de corrupción en el manejo de las cuentas de la Santa Sede, dentro de un entramado más amplio en el que hasta se llegó a hablar de una conspiración para asesinar al Sumo Pontífice.
En los últimos días, el semanario alemán Der Spiegel publicó una investigación de la que se desprende que la banca del Vaticano incluiría miles de cuentas ilegítimas por un valor total superior a los 300 millones de euros. Además, menciona fuentes internas de la institución vaticana, según las cuales la mayor parte de los fondos sería dinero negro.
Las próximas revisiones a las que se verá sometido el sistema financiero del Vaticano revelarán si los esfuerzos por limpiar su reputación a través de cambios profundos en su estructura tendientes a lograr el máximo de transparencia, resultan suficientes. El actual presidente del Banco del Vaticano, Ernst von Freyberg, se mostró optimista en sus proyecciones al afirmar que para el año 2015 “el banco estará limpio y en buen funcionamiento”, al tiempo que agregó: “estamos haciendo una evaluación exhaustiva de todas las cuentas de nuestros clientes, con objeto de cesar aquellas relaciones que no estén en consonancia con la misión del IOR”.
