Recientemente el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señaló las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una nueva versión de la “Lista Gris” emitida en febrero de 2010, en la cual fueron incluidos los países que no cumplen con las regulaciones internacionales y que presentan deficiencias en sus estructuras anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a pesar de que se han comprometido con el organismo para implementar cambios en el sector
Es de suma importancia evaluar, más allá de las razones que llevaron a este organismo a designar a Venezuela, las consecuencias o futuras situaciones que puedan presentarse a partir de este momento. Venezuela es un país en el que indiscutiblemente existen una cantidad de profesionales anti lavado de dinero altamente capacitados a nivel nacional e internacional, de igual forma existen robustas unidades de cumplimiento dentro de las instituciones financieras, quienes día a día realizan la mejor diligencia debida para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo siendo el GAFI el organismo internacional cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cuyas recomendaciones y medidas forman parte de los programas anti lavado de la mayoría de las instituciones financieras en todo el mundo y de los organismos reguladores de los diferentes países, es lógico pensar que posibles consecuencias negativas puedan generarse para las operaciones internacionales de las instituciones financieras de Venezuela e incluso para la operaciones que a nivel personal puedan realizar ciudadanos venezolanos en el extranjero.
Problemas más allá de la banca
En el caso de las instituciones financieras, las operaciones que se realizan a diario para el pago de importaciones y consumos en el exterior (estudios, casos especiales, viajes, gastos médicos, etc.) previa autorización de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) o del Sistema de Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera del Banco Central de Venezuela (SITME), pueden verse afectadas significativamente, ya que dichas operaciones son realizadas por bancos venezolanos, los cuales mantienen cuentas de corresponsalía con bancos en el extranjero (principalmente en EE.UU.), cuyos departamentos de cumplimiento pueden tomar decisiones como bloquear o rechazar fondos provenientes de bancos venezolanos, con el objeto de minimizar riesgos y evitar sanciones por parte de sus reguladores o, simplemente, porque dentro de sus programas de prevención de la legitimación de capitales se encuentran disposiciones que “prohíben” realizar operaciones con instituciones financieras de países que se encuentren en la llamada “Lista Negra” o que hayan sido designados por sus deficiencias ALD. Esto acarrearía a su vez, un sinfín de consecuencias económicas para los sectores productivos del país, las cuales no son el objeto principal de este análisis.
De igual forma, las mismas instituciones financieras venezolanas, pueden presentar problemas con sus corresponsales, en cuanto a restricciones de operatividad o simplemente cese de operaciones y cierre de cuentas; no olvidemos que Venezuela ya ha sido catalogada como un país de “alto riesgo”, debido a diversas situaciones que se han presentado, como por ejemplo con operadores del mercado de valores en el año 2009, que en algunos casos dichos procesos aun se llevan en tribunales y fiscalías de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por otro lado, las relaciones comerciales que a nivel personal puedan mantener ciudadanos venezolanos con bancos en el extranjero, pueden verse seriamente afectadas, ya sea por el cierre de cuentas, por la adopción de mayores restricciones para mantener la relación comercial o por el incremento de los ya estrictos controles que se mantienen con los venezolanos que poseen cuentas en el extranjero o, incluso, negativas de realizar nuevos negocios por las mismas razones mencionadas anteriormente.
En conclusión, se hace necesario que el Estado venezolano tome las acciones necesarias para llevar a cabo el Plan de Acción al que se comprometió este mes de octubre, para colaborar con el GAFI y el GAFIC en relación a las siguientes deficiencias: “ criminalizar adecuadamente el financiamiento del terrorismo, establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas, garantizar el pleno funcionamiento de la la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, La aplicación de directrices adecuadas para la ejecución de la política de Diligencia Debida sobre los clientes de todos los sectores y el establecimiento obligado y adecuado de información para Reportar Actividades Sospechosas de legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”, de manera tal que Venezuela sea removido de la “lista gris” y se minimicen los posibles efectos negativos que se han señalado en este articulo, aunque es importante destacar que desde hace varios años Venezuela ha legislado en esta materia, para los diferentes sectores susceptibles de ser utilizados para la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
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