Por Carla Valero
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El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), una ley creada en 1999 que creó la lista de Narcotraficantes Extranjeros Especialmente Designados, mantenida y actualizada por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
La lista menciona a narcotraficantes extranjeros, y requiere la confiscación y bloqueo de sus bienes.
En junio de 2004, todos los bienes y cuentas bancarias de Zevallos en EE.UU. fueron bloqueados tras ser incluido en la lista de OFAC. En la actualidad, Zevallos se encuentra cumpliendo una condena de 20 años en Perú por narcotráfico y lavado de dinero desde noviembre de 2005.
Según el sumario de la acusación, Zevallos violó la Ley Kingpin, concretamente el Título 21 y las secciones 1906 (a), 1904 (b) (1), (c) (1) y (c) (2) al utilizar el dinero procedente del narcotráfico para comprar y posteriormente vender dos propiedades en Coral Springs, Florida, a través de las empresas pantalla La Hacienda (USA) LLC, creada el 7 de junio de 1999 y Running Brook, LLC, creada el 12 de septiembre de 2000. Además, realizó trasferencias electrónicas a varias entidades bancarias con el dinero procedente de las ventas de las propiedades, lo cual tenía prohibido hacer porque sus bienes y cuentas bancarias habían sido bloqueados por EE.UU. por aparecer en la lista OFAC.
Según la acusación, el 18 de octubre de 2004 la corporación La Hacienda vendió una de las casas por US$731,500 y el 27 de octubre de 2004 Running Brook vendió la otra propiedad por US$850,000.
Además de estas actividades, la mujer de Zevallos depositó dos cheques el 2 de junio de 2004 de US$50,000 en una cuenta a su nombre del Wachovia Bank, aún sabiendo que según la Ley de Kingpin sus bienes y cuentas bancarias estaban confiscadas por las autoridades de EE.UU.
Las entidades financieras deben monitorear periódicamente las listas internacionales de narcotraficantes, terroristas o individuos de perfil de alto riesgo como la de OFAC, además de implementar sistemas de alarma para detectar si el banco está o no tratando con clientes que están en esas listas.
Este no fue el caso de Wachovia Bank en Plantation, Florida, que no detectó que la mujer de Zevallos estaba incluida en la lista OFAC y como consecuencia, el 29 de octubre de 2004, permitió la transferencia de US$350.000 de la cuenta de un abogado en ese banco a una cuenta de La Hacienda en el Banco Wiese Sudameris, y otros US$350.000 a una cuenta de la misma empresa pero en el Banco Continental, ambas entidades financieras ubicadas en Lima, Perú.
Ese mismo día, también transfirió US$350.000 a una cuenta de la empresa Running Brook en el Banco Continental y poco más de US$408.000 a una cuenta de la misma compañía en el Banco Wiese Sudameris.
Según la acusación, todas estas actividades constituyen delitos de lavado de dinero y la violación de la Sección 18, 1956 (a) (1) (B) (I). Además, la totalidad de las cuentas y bienes confiscados han sido valorados en casi US$1.700.000.
Buenas noticias para la fiscalía peruana
La noticia de la acusación de Zevallos en EE.UU. ha sido valorada muy positivamente por las autoridades judiciales peruanas. Según Ivan Quispe, fiscal antidrogas que lleva el caso en Perú, “se trata de una buena noticia para nuestra fiscalía porque ahora sabemos que en EE.UU. también hay un proceso en su contra, aunque los abogados de Zevallos se jactaban de que a pesar de que sus operaciones se centraban mayoritariamente en Miami, allí no tenia ningún proceso abierto”.
Además de la violación de la ley Kingpin, la acusación presentó 16 cargos contra Zevallos y su mujer Sandra Elisa Sánchez, quien no puede salir de Perú sin el consentimiento del juez por estar siendo interrogada en el proceso judicial.
El fiscal los acusa de un cargo por intentar violar la Ley Kingpin, ocho cargos por violaciones de la Ley Kingpin, un cargo por intentar lavar dinero y seis cargos por lavado de dinero.
Múltiples solicitudes de extradición
Una vez investigado el caso, la fiscalía estadounidense podría solicitar la extradición de Zevallos a EE.UU., siempre y cuando la justicia peruana anule la sentencia de 20 años que le impusieron en el 2005. La causa se encuentra a la espera de un veredicto por parte de la Corte Suprema.
Pero este proceso no parece que sea fácil de llevar a cabo ya que según Jenny Campos, de la Unidad de Cooperación de la Nación de la fiscalía, “según el Artículo 10 del tratado de extradición entre Perú y EE.UU. firmado el 28 de noviembre de 1989, el estado requerido de la extradición deberá aplazar la extradición al país requirente hasta que la persona haya cumplido la pena íntegra”.
Este artículo tiene un inciso que dice que la persona podrá ser entregada temporalmente al país requirente para el proceso penal, pero estará bajo custodia y será devuelta al país de origen una vez finalizada su aportación.
Según Quispe, “la extradición es un poco complicada porque en términos legales se privilegia al país donde se inició el proceso primero y a pesar de que se intenta conciliar las dos peticiones, el tratado establece que cuando un país ya lo tiene procesado hay que respetar ese dictamen y esperar a que cumpla la pena”.
Por otro lado, EE.UU. no sería el primer país que solicita la extradición del narcotraficante: en agosto de 2006 a Chile le fue denegada la petición de extradición de Zevallos que había solicitado en 2004, por delitos menores surgidos en una investigación que de irregularidades en la creación de su aerolínea Aerocontinente.
Según las autoridades chilenas, los hermanos Zevallos realizaban actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero mientras AeroContinente operaba en Chile.
