Por Verónica Moyano.
En su búsqueda de espacios propicios para movilizar el dinero producto de actividades ilícitas que incluso le permitan abrir un nuevo escenario de negocios, en todo el mundo y en todos los tiempos, el crimen organizado se ha concentrado en los círculos de poder gubernamental allí donde presenten cierta vulnerabilidad.
Así es que, constantemente saltan a la opinión pública denuncias que vinculan a funcionarios de gobierno y políticos de todas las jerarquías y facciones ideológicas en complicados entramados de corrupción y delitos de toda índole, en muchas ocasiones relacionados al crimen organizado.
Numerosos ejemplos de ello se encuentran todos los días en diarios y publicaciones de distintos países latinoamericanos, que si bien en muchos casos los escándalos generados responden a cierta intencionalidad política, en muchos otros, la investigación judicial logra demostrar la delgada línea que separa a los círculos de poder con la delincuencia.
El escándalo de Petrobras en Brasil
En los últimos días, el escándalo que relaciona a la petrolera estatal brasileña Petrobras con organizaciones criminales que a través de un complejo entramado de empresas fantasma habría lavado millones de dólares del narcotráfico, del comercio ilegal de diamantes, de la venta ilegal de obras de arte, de sobornos, entre otros delitos, vuelve al escenario con un megaoperativo tras el cual se dio detención a un exdirectivo de la compañía que, según las sospechas habría sido un eslabón fundamental de la cadena delictiva que investiga la justicia brasileña.
En el marco del megaoperativo de la Policía Federal de Brasil (PF) que se denominó “Operação Lava Jato” (Operación lava autos) por la presunción de que uno de los grupos había montado una red de lavaderos que funcionaban en distintas bocas de expendio de la compañía como fachada para el lavado de dinero, en abril último se había dado aprehensión a un ex directivo de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa, quien en sus declaraciones involucró a numerosos funcionarios de gobierno en la red delictiva.
Costa, quien durante años fue uno de los principales ejecutivos de la empresa, denunció un aumento ilegal del precio de varias obras y operaciones de compra de refinerías, además de cobros adicionales en contratos con terceras empresas, con el objetivo de alimentar una red de sobornos a políticos y partidos.
Así fue que, en un nuevo operativo dispuesto por la justicia, en la última semana la PF detuvo a Renato Duque, exdirigente de Servicios de Petrobras quien, según el testimonio de Costa habría estado al frente de la compañía al momento de producirse las mayores irregularidades que investiga la justicia.
En total fueron arrestados 17 ejecutivos, entre ellos los presidentes de tres de las constructoras más importantes de Brasil: José Aldemario Pinheiro Filho (de OAS), Ildefonso Colares Filho (de Queiroz Galvao) y Dalton dos Santos Avancini (de Camargo Correa). La policía hizo incautaciones de material informático y pruebas en las sedes de las siete mayores constructoras del país, según el balance de la operación.
Según las autoridades, el esquema de corrupción movilizó en términos de lavado de dinero y de sobrefacturación unos 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares).
La mirada del GAFI sobre la corrupción
El caso brasileño, de comprobarse las acusaciones, pudiera no ser el único ni el último que relacione la corrupción política con delitos de distinta índole que atentan contra la seguridad y la economía en todos los países del globo.
Ante esta realidad, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 2013 elaboró una guía que tituló: “El uso de las Recomendaciones del GAFI para combatir la corrupción” donde establece una serie de pautas y consideraciones que es muy importante sean tenidas en cuenta por reguladores y departamentos de cumplimiento antilavado para atender de manera eficaz este fenómeno.
En relación a las Personas Expuestas Políticamente (Pep´s) y el ocultamiento de la propiedad y el origen de los fondos corruptos:
Es esencial que los funcionarios corruptos y los que pagan sobornos oculten la propiedad y la fuente de fondos para poder colocar los productos ilícitos en el sistema financiero y disfrutar de sus beneficios.
En algunas jurisdicciones los PEPs están sujetos a la obligación de reportar sus activos, a normas que regulan su participación en transacciones comerciales para evitar conflictos de intereses y a una variedad de otros códigos de conducta y prohibiciones éticas. Estas medidas aumentan la necesidad de que los funcionarios corruptos oculten la propiedad de los fondos derivados de la corrupción, los activos adquiridos con esos fondos o la propiedad de las empresas que se utilizan en esquemas de corrupción.
Personas jurídicas y acuerdos
Un elemento común de los casos de corrupción examinados por el GAFI en su estudio de las tipologías de lavado de dinero asociadas a corrupción fue el uso de las personas jurídicas, fideicomisos u organizaciones sin fines de lucro.
La facilidad con que pueden ser creados y disueltos en algunas jurisdicciones aumenta la accesibilidad a estas estructuras, y el riesgo de uso indebido de tales entidades para lavar las ganancias provenientes de la corrupción se amplifica cuando las personas jurídicas o estructuras jurídicas son innecesaria e injustificadamente complejas.
Este riesgo es aún mayor cuando se utilizan estructuras de varias capas, multijurisdiccionales -una sociedad anónima constituida en una jurisdicción es propiedad de otra u otras empresas ubicadas en otras jurisdicciones- y no hay justificación legal o económica subyacente.
Los fondos se pagan mediante una variedad de formas y estructuras jurídicas complejas para ocultar el origen o destino de los fondos. En los casos de soborno extranjero, esto puede ser difícil de detectar.
Los casos han mostrado que una empresa con una sólida reputación en la jurisdicción de la sede principal no significa necesariamente que sus subsidiarias o filiales que operan en otras jurisdicciones, a menudo de alto riesgo, operan con el mismo nivel de integridad. Por tanto, es esencial que los profesionales miren más allá de la reputación de una empresa en su jurisdicción de origen, considerando fuentes tales como listas de funcionarios públicos inhabilitados mantenidos por las instituciones financieras internacionales o los medios de información.
El control sobre las instituciones financieras y las entidades públicas
Un PEP corrupto puede tener los medios y recursos, debido a sus conexiones y estatus, para capturar y controlar una institución financiera, ya sea dentro de su propio país o en el extranjero. Esto es de especial preocupación, ya que el control del banco le otorga al funcionario corrupto la capacidad de mover y ocultar los fondos sin el temor de ser descubierto.
Las autoridades competentes deben estar alerta ante este riesgo, sobre todo cuando se examinan instituciones financieras de las jurisdicciones que presentan un alto nivel de corrupción o que tienen controles ALD / CFT débiles. La supervisión efectiva de las instituciones financieras para garantizar la aplicación de los requisitos en las relaciones bancarias corresponsales también es esencial para mitigar estos riesgos.
Los organismos gubernamentales importantes deben tener la suficiente independencia y autonomía operativa para asegurar que no sufran influencias o interferencias indebidas. Esto reduce la probabilidad de que caigan bajo la influencia o control de personas corruptas. Del mismo modo, los organismos gubernamentales clave deben contar con los recursos presupuestarios suficientes para desempeñar plena y eficazmente sus funciones. La falta de una compensación adecuada para el personal puede aumentar la posibilidad de participar en actividades corruptas.
Sectores económicos
El sector económico en el que está un cliente o en el que se ejecutan transacciones afecta el nivel de riesgo. Si bien la corrupción puede ocurrir en cualquier industria, al parecer, sobre la base de los casos examinados por el GAFI, varios sectores son más vulnerables a la corrupción.
El GAFI reconoce cierta relación que existe entre la extracción de recursos naturales y riesgos altos de corrupción en gran escala, en particular cuando se combinan grandes ganancias con sistemas de gobierno débiles. Las actividades de compras del sector público, incluidos los financiados por instituciones financieras internacionales, también son vulnerables a la corrupción debido a la amplia gama de proyectos de gobierno y de la especialización de los contratos involucrados. Además, en muchos países, las actividades de contratación pública no son transparentes y son altamente competitivos, lo que puede conducir a la actividad colusoria.
El tamaño y la naturaleza especializada del sector de la salud hacen que sea un blanco atractivo para la corrupción. La corrupción en el sector de dispositivos médicos y farmacéuticos puede ocurrir en todas las etapas de la cadena de negocio, desde la investigación y el desarrollo hasta la dispensación y promoción. El gran número de pasos involucrados en la producción y distribución de productos médicos permite numerosas oportunidades para la corrupción.
Al igual que con algunos aspectos de los contratos de defensa, la contratación de la infraestructura tiene varias características que pueden hacer que sea más vulnerable a la corrupción, entre ellas están la naturaleza especializada del trabajo, la necesidad de mantenimiento continuo, las complejas cadenas de suministro, la presencia de empresas controladas por el Estado y el gran tamaño de los proyectos involucrados.
Otros sectores en los que las instituciones gubernamentales están muy involucrados también pueden conducir a mayores riesgos de corrupción, debido a la necesidad de obtener la aprobación del gobierno y la adjudicación de los contratos públicos.
