Por Fernando Martínez.
El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo.
Sin embargo, algunos de los casos más relevantes y aleccionadores ocurridos en los últimos años se han presentado en Latinoamérica, donde se han juntado varias estatales petroleras con carteles del narcotráfico y el recién “desarmado” grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ejecutar complejos esquemas de lavado.
Lavadodinero.com hace una revisión de las más recientes acusaciones hechas contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en Centroamérica, a las que se les acusa de legitimar miles de millones de dólares para el grupo guerrillero colombiano.
PDVSA y sus filiales
Douglas Farah*, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, en una exposición ante el Senado de Estados Unidos, refirió que basado “en una extensa investigación de campo durante cuatro años y en la revisión de documentos, ha detectado parcialmente más de US$ 2 mil millones en transacciones sospechosas, involucrando en gran parte a fondos de las FARC“.
El investigador afirmó ante el parlamento estadounidense que, debido a la caída en los precios internacionales del petróleo, estos grupos han tenido que adaptar su manera de operar y lavar fondos de las FARC
El gobierno colombiano en 2012 calculó los activos de la FARC en US$ 10.500 millones, “mientras que otras estimaciones varían ampliamente, las estimaciones serias de los activos ocultos de las FARC oscilan entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones”. Este dinero es producto del tráfico de drogas, de la explotación y comercio ilegal del oro, operaciones inmobiliarias y de diversos negocios controlados en Colombia.
La estructura de lavado
En base a los señalamientos del investigador estadounidense, los fondos de procedencia ilícita se mueven a través de una red de aliados de las FARC en Centroamérica, principalmente Alba Petróleos de El Salvador y la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), y luego van a paraísos fiscales fuera de la región.
Alba Petróleos de El Salvador y Albanisa han establecido redes de empresas que se ocupan de la adquisición de paneles solares, aerolíneas, empresas agrícolas, instituciones financieras y refinerías de petróleo, de acuerdo con el investigador, quien afirma que la mayoría de estas empresas están manejadas por funcionarios de las filiales de PDVSA y muestran irregularidades financieras, pero contradictoriamente registran un irracional crecimiento económico.
“En ambos países, los registros públicos legalmente requeridos de estas empresas han desaparecido en gran medida del registro oficial en los últimos años. En ambos casos, las redes entrelazadas de partidarios del partido, altos funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias. Y en ambos casos, la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras pretenden financiar no parecen existir excepto en papel”, indicó el investigador.
Farah describió el modelo como estructuras de holding extranjeras, “combinado con creativas tácticas de repatriación [de capitales], depende del uso de instituciones financieras controladas por estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano. Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador”.
El financiamiento del terror uso de la industria petrolera en el financiamiento del terrorismo ha encontrado su máxima expresión con el Estado Islámico (ISIS), el cual ha financiado sus operaciones terroristas y militares mediante la explotación y el comercio ilegal de petróleo en Siria y otros territorios ocupados.
Sin embargo, PDVSA y sus filiales han sido durante años una fuente de recursos para las operaciones narcoterroristas de las FARC. Documentos capturados por los militares colombianos en 2008 muestran que el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, prestó a las FARC US$ 300 millones para la adquisición de nuevas armas y otros equipos, dinero que las FARC se comprometió a pagar con cargamentos de cocaína. Además, tanto de Chávez como el actual presidente Nicolás Maduro, también han apoyado a otros grupos terroristas como “Hezbollah, Irán, ETA y las principales organizaciones de narcotraficantes como una cuestión de política de estado”, afirmó Farah en su comparecencia.
El método de “crear” y “desaparecer”
Además de las industrias del sector petrolero, esta red de lavado parece alimentarse con grandes inversiones estatales que rápidamente fracasan. El experto estadounidense afirma que la evidencia indica que entidades relacionadas a Albanisa de Nicaragua están siendo creadas y luego cierran operaciones “después de cumplir con su propósito como vehículos de lavado de dinero. Por ejemplo, la aerolínea Nicaragua Airways sólo voló durante 4 meses después de una inversión multimillonaria; la inversión de $ 360 millones en una nueva red de telefonía celular terminó cubriendo sólo Managua en lugar de toda Centroamérica y ahora está cerrando; y varios otros proyectos han sido archivados después de inversiones de cientos de millones de dólares que no generaron beneficios ni crearon empresas reales. En total, más de 60 proyectos de Albanisa en Nicaragua han sido archivados durante el año pasado”.
En el caso de El Salvador, la situación no parece ser diferente. La compañía aérea VECA, las empresas de bienes raíces, las compañías navieras de petróleo y otras entidades han seguido un modelo similar. “Después de años de recibir inversiones de decenas de millones de dólares, las empresas repentinamente se declaran insolventes y salen del negocio”.
Antecedente
Como parte de una amplia investigación que adelantan las autoridades estadounidenses sobre diversos esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a entes estatales venezolanos, se han realizado en los últimos dos años varios juicios en diversas cortes federales. Uno de los más relevantes ocurrió el 10 de enero de 2017, cuando dos empresarios radicados en Florida y Houston se declararon culpables en Texas de haber sobornado a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para conseguir millonarios contratos.
(*) El investigador Douglas Farah es presidente de IBI Consultants LLC, una firma especializada en Latinoamérica que se ocupa de temas como seguridad nacional, organizaciones criminales transnacionales, terrorismo y financiamiento de terrorismo.
Documento relacionado
Testimonio de Douglas Farah ante el Senado de EE.UU. (solo disponible en inglés)
