Con miras a mejorar la efectividad de las investigaciones en contra del crimen organizado trasnacional, los gobiernos de México y Guatemala firmaron este miércoles un convenio de cooperación e intercambio de información.
Según informaron la Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, y la jefa del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz, el acuerdo busca la integración de investigaciones coordinadas en materia de tráfico ilegal de armas, trata de personas y lavado de dinero, entre otros delitos.
Esta iniciativa busca fortalecer los instrumentos jurídicos, tácticos y operativos, que permitan contar con las mejores herramientas de coordinación para las labores de investigación y persecución de los delitos. También se avanzó en temas como el intercambio de información de inteligencia y en la propuesta para el desarrollo de investigaciones coordinadas tipo “espejo”, especialmente enfocadas en la lucha contra las organizaciones de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
La Procuraduría mexicana mantendrá un plan de asistencia para ofrecer capacitación y entrenamiento para los agentes del Ministerio Público guatemalteco.
Medidas precedentes
Ambas acciones han venido tomando acciones en contra del crimen organizado. En septiembre de 2010, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el superintendente de Bancos, Edgar Barquín. La medida estableció la reducción del límite de las operaciones de depósitos en efectivo desde US$10.000 hasta US$3.000.
Desde el 1 de abril de 2009, las autoridades guatemaltecas adoptaron el programa de Personajes Expuestos Políticamente (PEPs), el cual inicialmente fue creado con una lista de 1.200 empleados y funcionarios que trabajan en alguna dependencia pública. También en enero de 2009, aplicaron controles a las empresas de remesas, las cuales tenían que reportar las operaciones superiores a los 1.500 euros.
