Por Brian Orsak / Juan Alejandro Baptista
Los representantes del sector de las remesadotas en Estados Unidos criticaron al Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras por considerar injustas la focalización hecha sobre el riesgo geográfico, concepto que ha llevado a generalizaciones costosas sobre cómo las instituciones financieras pueden hacer negocios en otros lugares del mundo.
David Landsman, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Remesadoras de Dinero, con sede en Washington D.C., afirmó que “No es justo calificar a todo un país, como Colombia o Pakistán, como sospechoso” y explicó que la definición regulatoria de Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) sigue pendiente por parte de FinCEN, y continúa siendo demasiado amplia, y como resultado de ello, algunos negocios que tienen poco riesgo de encontrarse ante situaciones de lavado de dinero, están obligados a implementar las medidas de protección ALD que sus contrapartes de alto riesgo.
El representante de las remesadoras mostró su temor de que el nuevo manual de examen LSB anunciado para después del verano en EE.UU. tenga los mismo errores que el Manual de Examen Antilavado elaborado por el Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras sobre el riesgo geográfico.
Críticas Generalizadas contra plan gubernamental
Diversos representantes de las instituciones financieras manifestaron sus críticas al plan iniciado en junio de 2007 por los reguladores norteamericanos para emitir una serie de guías y regulaciones sobre la Ley de Secreto Bancario, un esfuerzo para reducir los costos que tienen los sujetos obligados para cumplir con la regulación antilavado de dinero (ALD).
El plan requería una definición más detallada de los Negocios de Servicios Monetarios y un proceso de revisión basado en el riesgo. El Departamento del Tesoro también anunció que planeaba trabajar en un nuevo capítulo del código estadounidenses que consolidaría las obligaciones ALD y se comprometió a darle a la industria comentarios dentro de los 18 meses de haber recibido una solicitud al respecto.
Las críticas a la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés), la principal agencia a cargo de la implementación de la iniciativa, dicen que la gran cantidad de guías publicadas como parte del plan ha hecho poco para aliviar el cumplimiento por parte de algunos integrantes de la comunidad financiera.
“No han habido respuestas tangibles sobre esta iniciativa hasta la fecha”, dijo Richard Riese, director del centro de cumplimiento regulatorio de la Asociación de Banqueros Estadounidenses, un grupo que ejerce lobby desde el sector en Washington, D.C.
Desde el anuncio de la iniciativa, FinCEN ha publicados cuatro documentos que incluyen guías y tres resoluciones en las que responde a preguntas acerca de los NSMs, transacciones en efectivo, cuentas corresponsales, compañías de seguros y vendedores de piedras preciosas sujetos a las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario.
“La guía publicada fue de gran ayuda para la industria [de servicios financieros] y permite a los distintos integrantes asignar riesgo entre ellos en una forma que asegura que los recursos sean utilizados de manera más eficiente”, afirmó Jaime Boucher, abogado de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, de Nueva York.
Además, el plan del Departamento del Tesoro para modificar su proceso de examen para enfatizar el riesgo de las instituciones financieras de encontrarse ante situaciones de abuso delictivo no ha avanzado mucho, según Boucher.
“Al trabajar con distintos tipos de instituciones financieras con perfiles de riesgo muy diferentes, no puedo decir que veo necesariamente una diferencia basada en el riesgo sobre la forma en que están siendo examinadas”, señaló.
