Por Brian Monroe.

Evaluar de manera exacta los riesgos de cumplimiento de los clientes con bienes en paraísos fiscales o jurisdicciones de secretismo puede ser difícil en la mejor de las situaciones. Cualquiera sean los pasos que se tomen, las investigaciones inevitablemente se encuentran con leyes que ocultan la propiedad financiera y las actividades de las miradas curiosas.


Pero los oficiales de cumplimiento pueden actuar bien utilizando las guías y técnicas de los agentes de fiscalización legal y de los investigadores privados al realizar la diligencia debida sobre los clientes con bienes offshore, dijo Paul Marks, propietario de KYC Offshore, una compañía de servicios de investigaciones, ubicada en Jersey, un importante centro financiero offshore, a quince millas de la costa de Francia.


“La gran mayoría de la gente que dice tener negocios en jurisdicciones offshore no hace eso”, afirmó Marks, detective y oficial de inteligencia del Reino Unido durante  más de 30 años. “No tienen presencia real, simplemente utilizan servicios fiduciarios y contables que les permitan obtener beneficios impositivos”.


Aunque los bancos a menudo contratan investigadores para verificar la ubicación física de un negocio offshore, los estafadores en estas regiones crearán una estructura corporativa compleja para sus negocios offshore en los que el dueño es un nominado ubicado en otra jurisdicción con menos transparencia, dijo.


Así, el realizar una visita al país puede llevar a tener más preguntas, ya que la información sobre la propiedad beneficiaria no siempre está disponible, aún para un investigador que haya viajado por la región.


Debido a que la mejor información provendrá del cliente, es imperativo que el departamento de cumplimiento identifique detalles clave sobre cualquier negocio o cuenta offshore antes de que el individuo abandone el lugar, recomendó Eduardo D’Angelo Silva, presidente de la Asociación de Servicios Financieros de las Islas Caimán.


Eso significa determinar si las respuestas sobre por qué el cliente utiliza una cuenta offshore tienen sentido, dijo. Los clientes que no manifiestan razones claras para utilizar dinero offshore deberían generar señales de alerta, según Silva.


Además, si la persona tiene una cuenta en un paraíso de secretismo, el oficial de cumplimiento debería solicitarle al individuo una carta de referencia de cualquier institución financiera offshore que utilice el cliente, autorizándole intercambiar información sobre la cuenta con el banco estadounidense para determinar si la relación es genuina y si el dinero es legítimo, señaló. 


Si el cliente lo autoriza, el banco offshore no debería tener inconvenientes en compartir la información de la cuenta, dijo Silva. “No deberían aplicarse las leyes de privacidad”.


Y a los ojos de los oficiales de cumplimiento, no todas de las más de 30 jurisdicciones de secretismo identificadas por los Estados Unidos, han sido creadas de igual forma.


Algunas, especialmente aquellas que son territorios o dependencias de la corona británica, como las Islas Vírgenes Británicas, cuentan con transparencia casi a la par de los estándares internacionales antilavado de dinero, aseguró Marks. Grenada, Vanuatu, Nevis y otras todavía tienen que asumir un compromiso similar con relación a las reglas ALD globales, dijo.


En las Islas Caimán, las nuevas leyes antilavado de dinero requieren registros del domicilio físico, los dueños beneficiarios y los nombres de los directores de todas las compañías inscriptas allí. Los bancos deberían solicitarles a los potenciales clientes de esa región la entrega de esta documentación antes de iniciar formalmente cualquier relación, señaló Silva.


Una de las formas en que los bancos se aíslan mejor de las reacciones contrarias regulatorias es mediante la elaboración de una declaración jurada para que la firme el cliente offshore, en la cual atestigüe sobre la veracidad de sus declaraciones para los bancos de regiones más difusas en cuanto a bienes, sea que quieran o no dedicarle tiempo para realizar investigaciones, dijo Marks.


Pero aún con las mejores técnicas de entrevistas y de declaraciones juradas, los bancos que tratan de investigar a un negocio en una jurisdicción de secretismo, pueden llegar a “chocar con una barrera”, expresó.


Eso es porque, aún si una región obtiene información sobre la propiedad beneficiaria sobre los ejecutivos y accionistas de una compañía, generalmente solo comparte la información con las autoridades regulatorias locales que por lo general no informan las conductas sospechosas a las instituciones financieras en el exterior. En algunos casos, “el beneficiario y propietario último no será conocido públicamente”, afirmó Marks.


Para determinar fehacientemente si un individuo tiene una compañía en una jurisdicción de secretismo y si cumple con los reguladores y autoridades regionales, los oficiales de cumplimiento deben visitar la región o contratar a una compañía que conozca el escenario político del área, señaló Marks.


En muchos casos, los oficiales de cumplimiento olvidan tener contacto con las autoridades judiciales o regulatorias locales para ver si existen juicios pendientes – civiles o criminales – contra la compañía o el individuo en cuestión, o si una operación ha tenido muchas observaciones de los examinadores financieros.


“La persona podría estar peleando una batalla durante 20 años con los tribunales por cargos de sobornos y corrupción. Podrían estar tratando de defender una acusación de homicidio por matar a su propio contador. He visto esta situación”, señaló Marks.


Y si la persona o negocio offshore es parte de una industria regulada – construcción, por ejemplo – los bancos también deberían determinar si alguna entidad de supervisión mencionó alguna operación relacionada con un trabajo realizado inadecuadamente o con prácticas posiblemente fraudulentas, dijo.


Para cualquier negocio ubicado en una jurisdicción de secretismo, sería bueno saber “quiénes son las otras compañías con las que realiza negocios, cuáles son sus proveedores y de dónde proviene el dinero”, dijo Shana Jones, oficial LSB del Sovereign Bank, en Dallas, Texas, agregando que el banco ha rechazado a algunos potenciales clientes por no dar a conocer esa información.