Por Gonzalo Vila
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Cuando el diputado suplente Roberto Carlos Silva arribó a una sesión de la Asamblea en El Salvador en un Maserati custodiado por personal de seguridad en una camioneta de lujo Porsche, las autoridades salvadoreñas sospecharon sobre la procedencia de su dinero. Pero cuando una institución financiera presentó informes de actividad sospechosa (IAS) sobre las transacciones de las empresas que manejaba el diputado, definitivamente impulsó la investigación.
La Fiscalía de El Salvador solicitó el desafuero del diputado acusado de haber lavado varios millones de la corrupción pública a través de licitaciones presumiblemente fraudulentas en distintos municipios de El Salvador con compañías de su propiedad.
Además, la jueza salvadoreña Lorena Rodríguez Avelar ordenó la semana pasada la detención provisional de Nora Emily Parada de Silva y María del Carmen Ortiz Herrera, esposa y suegra del diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional, respectivamente; y del subgerente del Banco Hipotecario, Oscar Mauricio Contreras, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los tres fueron encontrados sospechosos de colaborar con los crímenes, sobre todo por inconsistencias en el incremento de sus patrimonios.
El tribunal emitió su resolución basándose en el hecho de que existió un enriquecimiento desmedido en el capital del diputado Silva: entre otros bienes se lo vincula con un yate y automóviles marca Porsche, Maserati, BMW, Land Cruiser, algunos ranchos y varios moteles.
IAS impulsa investigación
Para Rolando Monroy, fiscal Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de El Salvador, el enriquecimiento desproporcionado del diputado fue un elemento importante al momento de activar las alertas y determinar la investigación, pero sobre todo fue un informe del Banco Hipotecario en El Salvador la que alertó a la Fiscalía General de la Republica por medio de la Unidad de Investigación Financiera, para investigar el caso.
“La institución financiera advirtió, conforme a la política conozca a su empleado, que uno de sus gerentes estaba captando fondos que no guardaban relación con su actividad productiva, en una de sus cuentas los cuales provenían de las cuentas de las sociedades del diputado, ello sin ninguna razón aparente. Y más aun: detectaron la triangulación de fondos de la cuenta de una sociedad del diputado, a la cuenta del empleado bancario [Contreras] y de ésta libramiento de cheque a favor de un alcalde municipal, todo el mismo día”.
En la jerga antilavado, Silva es una persona expuesta políticamente o PEP. Las PEPs son clientes riesgosos porque ganan salarios relativamente bajos – y ejercen cargos públicos poderosos propensos a la corrupción. Es por eso que las regulaciones antilavado de la gran mayoría de los países exigen que las instituciones financieras realicen una diligencia debida mejorada sobre este tipo de clientes.
Fiscalía activa
La denuncia contra el diputado Silva fue presentada en la Asamblea Legislativa por el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie.
Safie dijo en rueda de prensa que se tiene conocimiento que se cometieron delitos de cohecho activo –entregar dádivas a funcionarios públicos para que éstos favorezcan en sus decisiones en la adjudicación de proyectos de obras civiles—y delitos especiales de lavado de dinero.
Junto con la denuncia se presentaron “las pruebas necesarias para establecer la comisión de los hechos delictivos y la participación del diputado en los mismos”, dijo Monroy.
Según la fiscalía el diputado habría lavado unos US$12 millones y de encontrarse culpable podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.
“Con el dinero adquirió bienes – muebles e inmuebles – y abrió negocios de diversa clase, de suministro de combustible, industria de la pesca, de ganadería” señaló Monroy, y agregó que para determinar el monto específico que se lavó todavía se deben realizar algunas pericias.
Sin confiscación de bienes
Las cuentas bancarias a nombre del diputado no pueden ser congeladas ni sus bienes inmuebles confiscados debido a que goza de fuero parlamentario. Pero la fiscalía, a través de una denuncia por cohecho y lavado de dinero, ha solicitado que se le retire ese beneficio.
Garrid Safie dijo que con las pruebas espera que “la solicitud pase a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales [de la Asamblea] para que se determine la procedencia del antejuicio, es decir, para que se le elimine el fuero constitucional”.
Adjudicaciones dudosas
La fiscalía vincula al diputado con dos empresas, Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Constructores de Obras Viales, Eléctricas y Civiles (Provecon), que han ganado licitaciones en formas muy misteriosas por varias municipalidades de El Salvador, cuyos funcionarios están en la mira de la fiscalía.
Según la fiscalía, Silva manejó la mayor parte de los fondos a través de cuentas constituidas a favor de sus empresas. “Contamos con declaración jurada de patrimonio personal y familiar en su carácter de diputado…que no concuerda con los fondos manejados a través del sistema financiero. Existe una diferencia muy sustancial.”, dijo Monroy.
El presidente de la Corte de Cuentas, entidad contralor de El Salvador, Hernán Contreras, presentó un listado para la investigación en el que menciona anomalías en 26 proyectos para unos 21 municipios adjudicados a las empresas CED y Provecon.
Según la Corte de Cuentas en los proyectos entre los municipios y las empresas del diputado Silva existen obras incompletas, inexistentes o sobrevaluadas, supervisiones sin evidencias, pagos adelantados, falta de licitaciones y préstamos adquiridos sin explicación, entre algunas de las irregularidades. Según la agencia de contralor, estas irregularidades se traducen en casi US$10 millones recibidos por el legislador.
Los cargos que pesan sobre Silva y sus cómplices en El Salvador por lo pronto están relacionados sólo con delitos relacionados a la corrupción pública. “La investigación a la fecha está orientada únicamente por delitos cometidos a través de la administración publica, por medio de gobiernos municipales”, dijo Monroy.
Silva negó los cargos y aseguró que todo forma parte de una operación política. “Es el mismo temor que tiene el sistema, que ya el PCN ha tomado la fuerza en oriente” del país, señaló el diputado en varias declaraciones de prensa y aseguró que está dispuesto a la investigación, porque tiene “las manos limpias”.
