Por: departamento editorial
Aunque se puede pensar que Mossack Fonseca he vivido sus peores momentos con la divulgación de los mal llamados “Panama Papers”, información reciente publicada por el diario The Wall Street Journal es poco alentadora para la firma panameña, ya que presuntamente los fiscales estadounidenses adelantan una investigación criminal contra un grupo de abogados de la firma.
Según fuentes no reveladas por el diario neoyorquino, la fiscalía ha iniciado las pesquisas para determinar si hubo casos en los que abogados del bufete hayan ayudado a sus clientes estadounidenses a evadir impuestos, a lavar dinero o a ocultar sobornos de funcionarios públicos. También los trabajadores de la firma pudieran ser acusados de conspiración ante una corte federal si los fiscales tienen pruebas de que aplicaron “ceguera voluntaria” para permitir hechos ilegales.
Aparentemente la investigación está orientada, en un principio, a un grupo de empleados de nivel inferior y es coordinada por la oficina del Departamento de Justicia en Washington y por la Fiscalía de Manhattan, considerada una de las sedes del ministerio público más agresivas en casos de delitos financieros.
Uno de los desafíos que enfrentan los fiscales, es que la información de los Panama Papers fue obtenida de forma ilegal, lo que puede desestimar su valor como evidencia ante una corte. Además, se debe determinar si las pruebas que presenten ante la corte están conformadas por información protegida por el privilegio de confidencialidad que existe entre clientes y abogados.
Hasta ahora en ninguna jurisdicción la firma ha sido acusada criminalmente de actividades ilegales producto de los documentos divulgados, aunque sí se han iniciado investigaciones de casos asociados, como por ejemplo la revisión adelantada por la Fiscalía de Brooklyn para detectar si en los “Panama Papers” se encuentran nexos con varios casos pendientes, como las acusaciones de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
Antes de la difusión de los documentos, la Fiscalía de Manhattan había ejecutado investigaciones contra individuos relacionados Mossack Fonseca, algunos de los cuales por presuntos nexos con carteles de drogas.
La respuesta de MossFon
Mediante un comunicado, Mossack Fonseca aseguró que “no aconseja a los clientes sobre la estructuración de vehículos corporativos y el uso que puedan hacer de ellos. Nosotros no ofrecemos soluciones, cuyo propósito sea ocultar ilícitos como la evasión de impuestos”.
De igual forma, la empresa rechazó que provea servicios orientados a ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales: “Estos tipos de servicios son siempre soportados por la existencia de vehículos legalmente reconocidos para esos propósitos por todos los proveedores de la industria”.
La firma ha reiterado la existencia de procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero, así como de estándares internacionales para evitar ser usados por delincuentes. En tal sentido, asegura tener procedimientos de debida diligencia para clientes nuevos y debida diligencia ampliada para las personas expuestas políticamente (PEP).
“Nuestros procedimientos de debida diligencia nos obligan a actualizar la información que tenemos sobre los clientes y verificar periódicamente que no existen resultados negativos en lo que respecta a las empresas que incorporamos y las personas detrás de ellos”, señala el comunicado.
