Por Juan Carlos Esquivel
Una de las principales conclusiones del II Congreso Internacional Anti Lavado organizado por CEAS Internacional en Costa Rica fue el acuerdo de creación de un proyecto de ley anti terrorista, conocida como Ley 15494 en la que se contemplaría entre otros aspectos, puntos de combate antilavado, contra la financiación del terrorismo, y mayor vigilancia a los servicios profesionales.
Actualmente, la propuesta de ley se encuentra en el Congreso y se espera que se de el visto bueno a corto plazo. En un primer debate de introducción ya fue aprobada por los congresistas.
Pero el congreso no es el único organismo que se plantea la necesidad de implementar una ley contra el terrorismo. Recientemente el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) hizo un análisis sobre la situación antilavado en Costa Rica y los expertos pusieron de manifiesto que la evasión fiscal, la falta de controles sobre los notarios y la falta de una ley contra el terrorismo eran algunos de los principales factores débiles del sistema de Costa Rica. Todos estos factores han propiciado que el debate sobre la nueva ley sea un punto clave en la agenda política del país.
Un artículo clave
La propuesta de ley recoge en su artículo 15 bis algunos aspectos claves que se quieren implementar en este proyecto. Este artículo se refiere a grupos específicos de personas físicas y jurídicas que se dedican a actividades como la compraventa de inmuebles, los juegos de azar, y los notarios, entre otros.
Dichas personas deberán comunicar al Instituto Costarricense sobre Drogas las operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo, incluyendo transferencias desde o hacia el exterior, por sumas iguales o superiores a US$10.000, o su equivalente en colones.
Por lo tanto, las actividades económicas que serían sujetas a reporte son, entre otras:
- La compraventa de bienes inmuebles, bienes muebles, como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles, y los seguros.
- Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar.
- Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.
- Servicios profesionales.
Control sobre notarios
Con este nuevo proyecto de ley Costa Rica busca la unión de varias instituciones, entre ellas la Dirección de Notariado, el Colegio de Abogados, el Instituto Costarricense sobre Drogas y Notarios Particulares, con el objetivo común de combatir el lavado de dinero que se está dando en el país.
Dichas instituciones, tanto públicas como privadas, supervisan las funciones notariales, para que conjuntamente se dicten nuevas regulaciones que controlen la participación de notarios en el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Entre las medidas propuestas en el congreso se dio la creación de una Unidad de Inteligencia Inmobiliaria que venga a controlar a los Notarios y las Agencias de Bienes Raíces. Además, se propuso la creación de un registro público de accionistas que permita saber el beneficiario final de los bienes de las sociedades.
En Costa Rica el delito de evasión fiscal no está tipificado como lavado de dinero, razón por la cual se pretende incorporar este concepto en el nuevo proyecto y así poner freno a los famosos “porteros” que colaboran en el lavado o bien en la estructuración de mecanismos de evasión fiscal.
