A partir de una nueva resolución que emitió en abril la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, los sujetos obligados de este país deberán informar todas las operaciones o negocios ‘sospechosos’, sin importar la cantidad de dinero que estas operaciones implican. Hasta esta nueva resolución sólo las operaciones sospechosas que superaban los montos de 50.000 pesos –US$18.000—debían ser reportadas.
Con esta, y otras medidas, Argentina está buscando intensificar la lucha contra el lavado de dinero y a la vez preparar armas para el próximo plenario del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) que se llevará a cabo en junio en el país.
Esta nueva resolución de la UIF de Argentina vuelve a causar revuelta en el mundo de los negocios de Argentina, que en el último año tomó algunas medidas polémicas en la lucha contra el lavado de dinero, como por ejemplo incorporar a los contadores y escribanos dentro de la lista de sujetos obligados a cumplir con programas antilavado, incluyendo el reportaje de actividad sospechosa.
Anteriormente, se debían reportar aquellas operaciones sospechosas que superaran los $50.000 porque la Unidad de Información Financiera no contaba con los medios técnicos y humanos suficientes para proceder al análisis de la totalidad de los reportes.
Si bien en la misma resolución la UIF señala que todavía no posee la totalidad de los recursos necesarios, dice que cuenta con los mínimos suficientes como para asumir en forma completa sus tareas.
Argentina busca endurecer las penas contra el lavado de dinero
El gobierno argentino busca acelerará el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para endurecer las penas contra el lavado de dinero, para evitar que el país sea cuestionado o sufra allgún tipo de pena o castigo en junio por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Banco Central de Argentina ya solicitó a una comisión de diputados que apruebe la votación de un proyecto de modificación de ley contra el lavado de dinero antes del próximo 25 de junio.
A comienzos de año, el GAFI presionó para que Argentina ratifique dos convenciones, una de la ONU y otra de la OEA, y pidió que amplíe el poder de la UIF y que tipifique la financiación del terrorismo como delito autónomo. El país sudamericano sintió el peso y tomó varias medidas.
En marzo de este año, el Congreso argentino ratificó la convención internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo de la ONU (de 1999), y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA firmada en Bridgetown, Barbados (de 2002).
El gobierno argentino también está buscando es la sanción de la ley contra la financiación del terrorismo como delito autónomo, aunque se estima que va a tomar más tiempo que un mes y medio para que Argentina tipifique la financiación del terrorismo.
Uno de los conflictos que la modificación de la ley busca eliminar es el secreto de información entre las agencias oficiales, como por ejemplo la agencia de rentas en Argentina (AFIP) y la unidad de inteligencia financiera, que ha sido un tema de gran debate desde la creación de la UIF en el país.
