Por Matt Squire
[email protected]

Sal Marrance, director ejecutivo de Cattaraugus County Bank en Little Valley, Nueva York, dijo que su institución presenta unos 25 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) por semana ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. – una cantidad significativa para un banco que tiene activos por US$135 millones.

Sin embargo, Marranca dijo que el banco es reticente para presentar solicitudes de excepciones para sus clientes por temor a atraer la realización de procedimientos regulatorios.

“Probablemente el 75 por ciento de nuestros RTEs son repeticiones, por lo que o no somos lo suficientemente sofisticados para saber cómo funciona el sistema para exceptuarlos, o tenemos miedo de hacer eso”, dijo Marrranca en una entrevista.

La Ley de Secreto Bancario (LSB) obliga a las instituciones financieras a presentar RTEs ante la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) sobre transacciones superiores a US$10.000. 

Las reglas establecidas por FinCEN permiten a las instituciones exceptuar a ciertas cuentas, pero las instituciones pequeñas como el Cattaraugus a menudo no solicitan excepciones porque no pueden atender la diligencia debida adicional y el escrutinio regulatorio requeridos.

“Carga sobre la industria”

Un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (por sus siglas en inglés, GAO) publicado en 1994 decía que la cantidad de RTEs presentados cada año creó una carga sobre la industria financiera y que confundía los recursos de control legal con información innecesaria.

En su testimonio dado ante el Subcomité de Instituciones Financieras de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. en mayo pasado, Bradley Rock, director ejecutivo del Bank of Smithtown, de Nueva York, dijo que en 2005 los cajeros de su banco habían pasado más de 460 horas preparando formularios RTEs, y un empleado pasó más de 1.000 horas verificando la exactitud de la información incluida en los mismos.  El banco tiene 179 empleados.

“Puedo decirle con total seguridad que todo ese tiempo y papel no hizo absolutamente nada para mejorar nuestros esfuerzos colectivos para impedir el lavado de dinero y el terrorismo”, dijo Rock en la audiencia.

Bajo las regulaciones de FinCEN, los bancos pueden exceptuar del reporte RTE a las transacciones con otros bancos, agencias gubernamentales y compañías que cotizan en bolsas. Para reducir la cantidad de RTEs presentados, FinCEN en 1998 autorizó otras excepciones adicionales a las entidades que mantuvieran sus cuentas durante el plazo mínimo de 12 meses, tuvieran antecedentes verificables de transacciones en efectivo mayores a US$10.000 y estuvieran constituidas bajo leyes de EE.UU.

Sin embargo, los esfuerzos de FinCEN no resultaron en menos RTEs. De hecho, desde que FinCEN emitió el segundo grupo de excepciones en 1998, aumentó la cantidad de RTEs de 12 millones a 16 millones presentado durante el año fiscal 2006. Esos RTEs formaban parte de los 17,6 millones de reportes relacionados con la LSB, incluyendo los reportes de operaciones sospechosas y lo de transporte internacional de dinero, presentados durante el año.

El ex director de FinCEN Robert Werner dijo en su declaración en la audiencia del subcomité de la Cámara que las instituciones financieras habían sido reticentes a utilizar el proceso de excepción por los costos de diligencia debida y los temores de quedar sometidos a un procedimiento regulatorio si no aplicaban correctamente las reglas.

En la audiencia, Rock denominó al proceso de excepción actual “enredado en cinta roja”, mencionando que requiere que las instituciones financieras realicen revisiones anuales, y que es difícil de determinar cuáles clientes son elegibles para la excepción. También mencionó el temor asociado a la respuesta regulatoria como un factor disuasivo para solicitar la excepción.

“No deberían haber muchas dudas entonces de por qué los bancos son reticentes a tratar de nadar en esta agua”, dijo Rock.

Alivio legislativo

Algunos legisladores están buscando aliviar a los bancos. La Cámara aprobó un proyecto de ley en enero que les daría a los bancos más discreción en el proceso de excepción y elevaría el monto mínimo sujeto a reporte de US$10.000 cada cinco años para tomar en cuenta la inflación.

Pero los bancos no pueden esperar ningún alivio en el futuro cercano: el proyecto no tuvo apoyo en el Senado, cuyos miembros son sensibles a las preocupaciones de las autoridades de control legal respecto a que cualquier excepción adicional comprometería sus esfuerzos para combatir el crimen y el terrorismo.

Los observadores de Washington consideran que el proyecto seguirá inactivo en el Senado hasta que se publique un informe de la GAO sobre presentación de RTE, el que se espera sea dado a conocer a fin de 2007.

El futuro del proyecto también puede depender del apoyo del recientemente designado director de FinCEN James Freis Jr. El antecesor de Freir, Robert Werner, pidió precaución en la adopción del proyecto mientras estuvo en el cargo. Sin embargo, William Fox, a quien Werner sucedió, estuvo activo en la elaboración de la ley.

Aprobando el proceso de excepción

Los bancos grandes pueden encontrar más fácil olvidarse del proceso de excepción y utilizar sus sistemas automáticos para presentar RTEs, un proceso que implica menos riesgo, según Jim Dowling, director de práctica forense de la consultora KPMG. 

Los bancos más pequeños, sin sistemas automáticos, también están cautelosos ante el proceso de excepción.  “Su preocupación es que los abriría a un escrutinio adicional si colocan una cuenta en la lista del proceso de excepción que no estuviere calificada para ello o si fuere utilizada de alguna manera por alguien (que no fuera el titular de la cuenta registrado)”, dijo Dowling.

Dowling mencionó que el proceso de excepción requiere que el banco certifique que el cliente es elegible, lo que, en los casos de cuentas comerciales, puede implicar la inspección en el lugar de las instalaciones del negocio del cliente por parte del banco. Además, el banco debe re-certificar periódicamente la condición de exceptuado del cliente, todo lo cual es revisado por el examinador bancario.

Los examinadores bancarios analizan listas de excepciones muy cuidadosamente y preguntan acerca del proceso de decisión del banco, dijo Suzanne Fanelli, directora asistente de Servicios LSB/ALD de la consultora Integrated Compliance Solutions.
“Tuve bancos donde una gran cantidad de sus recomendaciones habían sido referidas a su programa de excepción”, dijo Fanelli en una entrevista.  “Es casi más fácil simplemente presentar un RTE sobre un cliente”.

Como resultado de ello, los bancos más pequeños están encontrando que los riesgos que implica solicitar excepciones no valen la pena el esfuerzo, dijo Fanelli.

“¿Voy a estar yendo y viniendo con ellos en un proceso de excepción, o simplemente presento el RTE?  Si voy a dedicar mi tiempo y esfuerzos en algo que recibo algo a cambio, mejor no pido excepciones”, dijo Fanelli. “Nunca tuve un banco que haya sido citado por no tener excepciones”.