En Estados Unidos, el Acuerdo de Procesamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement –DPA) era una herramienta utilizada por los fiscales locales que buscaban darle un respiro a quienes cometían un delito por primera vez, sin embargo los fiscales federales están utilizando ahora los DPA contra las instituciones acusadas de lavado de dinero, fraude y otros crímenes.
Pero en el mundo corporativo estos acuerdos son percibidos como algo más serio que una reprimenda, en parte, debido a que pueden incluir multas de decenas de millones de dólares.
Ya sean para los “malos” en las juntas directivas o para criminales callejeros, los DPAs son exactamente lo que su nombre implica, el gobierno acuerda posponer un procesamiento a cambio de un acuerdo con un acusado en el que éste acepta responsabilidad y se compromete a cumplir con una serie de requisitos. Si esos requisitos son cumplidos, los cargos finalmente son retirados.
