Por Brian Monroe y Colby Adam.
El mismo regulador bancario de New York que impuso el pasado mes de agosto una sanción de US$ 340 millones al banco londinense Standard Chartered Plc (SCB) probablemente será igual de fuerte con otros seis bancos extranjeros sobre los que adelanta investigaciones similares, según afirmaron los funcionarios del gobierno.
Durante los últimos meses, cinco instituciones financieras han informado en documentos corporativos que están siendo investigados por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS por sus iniciales en inglés) por violar las leyes federales y las sanciones estadounidenses; una sexta institución bancaria enfrenta una investigación similar.
Hasta ahora el regulador estatal ha apuntado sus baterías contra instituciones europeas: dos de los bancos son alemanes (Deustche Bank y Commerzbank), dos son franceses (Banque Paribas y Credit Agricole), uno es tiene su sede principal en Londres (Banco Real de Escocia) y el otro tiene sus oficinas principales en Roma y Milán (Unicredit).
El millonario acuerdo logrado con el SCB sorprendió a muchos en la industria financiera, quienes por primera vez sintieron el poder que pueden tener los reguladores estatales, especialmente cuando el NYSDFS informó que parte de las sanciones que contemplaban era la suspensión de la licencia del banco para operar en el estado de Nueva York.
El acuerdo fue logrado justo un día antes de una audiencia en la que los representantes del banco debían explicar por qué el regulador no debería retirarles la licencia para operar su agencia en la Gran Manzana.
Los NYSDFS seguirá utilizando la fuerza de las leyes bancarias de Nueva York para “hacer lo mismo contra estos bancos de otros países que están siendo objetos de una investigación como la que hizo la agencia con Standard Chartered”, dijo un ex funcionario del Tesoro que conoce los casos de sanciones.
Aunque su caso en contra de Standard Chartered fue un buen movimiento político para la oficina y su superintendente, Benjamin Lawsky, creó fricción entre Nueva York y las autoridades reguladoras federales, señaló el funcionario, quien pidió mantener su nombre en reserva por no estar autorizado a hablar.
Pero el NYSDFS “no está tratando de reparar los puentes” con los demás organismos que participan en las investigaciones, incluyendo el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Manhattan, que estaban disgustados porque el regulador estatal no actuó de manera coordinada.
Standard Chartered intencionalmente ocultó a los reguladores transacciones relacionadas con Irán para generar cientos de millones de dólares en pagos, de acuerdo con el NYSDFS. El banco procesó 60.000 transacciones “U-Turn” originadas y terminadas en el Reino Unido y el Oriente Medio, después de haber sido procesadas por la sucursal del banco en Nueva York.
NYSDFS “claramente tiene la autoridad” para ir tras otros bancos que han participado en violaciones y no han reportado voluntariamente este tipo de acciones a los reguladores estatales, advirtió un ex funcionario del Departamento del Tesoro que ha trabajado en estos casos.
“Si alguno de estos bancos que han reconocido que están bajo investigación falsificaron registros e información en una solicitud de transferencia” para ocultar el vínculo de una transacción a un país, un banco o un particular sancionado, entonces cometió “una violación de las leyes bancarias de Nueva York” así como de las leyes federales, aseguró la fuente federal, quien explicó que aunque a los reguladores les gusta “cooperar en las investigaciones y elaborar acuerdos globales con todas las agencias involucradas en el proceso, ellos no tienen que hacerlo” de forma obligatoria.
Al igual que en el caso de Standard Chartered, si la oficina de Lawsky cree que otras autoridades se están moviendo demasiado lentamente, puede seguir adelante por sí solo, obteniendo datos de otras agencias, recopilando información de las transacciones de los bancos y aprovechando la revisión de los reportes de actividades sospechosas obtenidos directamente de los bancos, a través del proceso de inspección, dijo la persona.
De cara al futuro
In addition to the $340 million penalty, SCB agreed to strengthen its compliance staff, work with onsite state examiners and install a monitor to avoid an Aug. 15 hearing that could have resulted in the bank losing its New York license.
Además de la multa de US$ 340 millones, SCB acordó reforzar su personal de cumplimiento, trabajar con los examinadores del Estado e instalar un sistema de monitoreo. La multa enorme y el temor de perder su capacidad de hacer negocios en los EE.UU. pueden tentar a los bancos regulados por el Estado a solicitar una carta [de autorización] nacional emitida por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés), consideran algunos expertos.
Las principales razones de que los bancos se someten a este cambio es para tener otro supervisor y para evitar las acciones onerosas de su regulador estatal, precisó Bob Pasley, ex subdirector de la división de cumplimiento de la OCC. “Es demasiado tarde en el juego para [Standard Chartered], pero el potencial está siempre ahí para cualquier otro banco que quiera pasarse de un regulador a otro, de un ente estatal a uno federal o del gobierno federal al Estado. Como ex regulador federal, tuve la experiencias de ver un banco cambiarse para evitar nuestro control”, dijo el ex funcionario.
Pero los banco neoyorquinos “deberían pensarlo dos veces” para pasarse a la OCC, porque “no es una garantía que un cambio pueda limitar su exposición” después que en julio los legisladores criticaron a esta agencia por su laxa supervisión ALD y sanciones impuestas al HSBC Holdings PLC, advirtió un oficial de cumplimiento en una institución financiera.
En una audiencia ante el Senado, el nuevo titular de la OCC, Thomas Curry, dijo a los legisladores que en adelante la agencia consideraría tales fallas de cumplimiento del HSBC como violaciones jurídicas y haría cumplir más rigurosamente la Ley de Secreto Bancario.
En julio de 2009, el Concejo Federal de Examinación de Instituciones Financieras (FFIEC por sus iniciales en inglés), una coalición de los reguladores bancarios federales, emitió un comunicado aclarando que las conversiones sólo debe ser realizadas por empresas legítimas con razones estratégicas, y que no deben ser solicitadas durante problemas regulatorios.
