El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder competitividad.
Es fácil suponer que se abrirán muchas investigaciones en diversas jurisdicciones partiendo de los datos publicados y que serán cerradas decenas de cuentas bancarias de empresas offshore cuyos beneficiarios finales no están verificados. Pero la banca y el personal de cumplimiento no están ajenos a los efectos de esta investigación, incluso existe el riesgo de que la información divulgada sea una excusa utilizada por instituciones financieras extranjeras para aplicar “de-risking” y cortar las cuentas de corresponsalía de aquellos bancos que hayan logrado mantenerlas abiertas.
Ya algunos bancos estadounidenses han iniciado una revisión minuciosa de la información para determinar si es necesario reajustar los niveles de riesgo asociados al país, a sus entidades y a las instituciones financieras, especialmente las que prestan servicios a empresas offshore. Los bancos extranjeros revisarán sus listas de clientes para ver si ha habido relaciones de negocio con alguna entidad señalada. Estas revisiones retrospectivas pueden tener un efecto en un mediano plazo, incluso cuando ya no se esté hablando del escándalo.
Por su parte, los bancos panameños tienen también que verificar si se ha aplicado rigurosamente la Política Conozca a su Cliente en los procesos de aperturas de clientes de cuentas offshore, si se ha hecho una debida diligencia ampliada en los casos necesarios, si se han presentado los reportes de operaciones sospechosas a las autoridades de forma oportuna y si se han cerrado cuentas por no poder verificar los beneficiarios finales.
Aunque mucha de la información que se maneja puede estar desactualizada -ya que se remonta a las empresas creadas por la firma de abogados desde el año 1977- es preocupante pensar que se han creado miles de entidades que han beneficiado a narcotraficantes, estafadores, políticos corruptos, dictadores e individuos incluidos en las listas de sanciones internacionales.
