La evaluación precisa de los riesgos de los clientes que tienen sede u operan en las jurisdicciones de secretismo puede ser una tarea difícil. A pesar de que en los últimos años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha presionado para una mayor transparencia e intercambio de información, muchos centros financieros “offshore” dificultan las investigaciones adelantadas por el personal de cumplimiento y por los organismos de investigación de otras naciones.
Recientemente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Estados Unidos, emitió decenas de informaciones sobre la utilización de los paraísos fiscales para hechos de corrupción pública, manejo de esquemas Ponzi y ocultamiento de grandes fortunas, entre otros delitos. Para los profesionales antilavado estas no son noticias nuevas, ya que desde hace años estas jurisdicciones son consideradas de “alto riesgo”.
Cuando la jurisdicción mantiene rígidas normas de secretismo el desafío es mayor para los oficiales de cumplimiento que realizan debida diligencia. Un ejemplo es Singapur, uno de los centros financieros offshore de mayor riesgo de lavado de dinero, debido a su deficiente marco regulatorio, a los escasos requerimientos exigidos por las autoridades y a su estricto secreto bancario.
“Las protecciones de secretismo, la falta de obligación de reportar grandes operaciones de divisas y el crecimiento de la banca privada y de gestión de patrimonio de Singapur, plantean un riesgo significativo y hacen que la jurisdicción sea potencialmente atractiva para el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo para los narcotraficantes, los criminales transnacionales, los funcionarios corruptos del extranjero, las organizaciones terroristas y sus partidarios”,indica el Reporte de la Estrategia Internacional sobre Control de Narcóticos de 2013 (INCSR) del Departamento de Estado de EE.UU.
Sin embargo, algunos de estos centros financieros han evolucionado ante la presión internacional. Uno de los casos más relevantes de cambios normativos lo representan dos territorios británicos en el Caribe considerados unos “clásicos” paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán.
“El mayor error es el hecho de que la mayoría de las jurisdicciones offshore siguen siendo vistos como paraísos fiscales”, afirmó Martin Livingston, socio de la firma de abogados Maples and Calder, en una entrevista.
A pesar de haber sido señaladas en numerosos de los casos develados recientemente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, estas jurisdicciones han evolucionado en su normativa antilavado de dinero. Las autoridades de Islas Caimán han firmado 27 acuerdos de intercambio de información, facilitando así la labor de diligencia debida realizada por los profesionales de cumplimiento de otras naciones.
“Hay varias alternativas que para los reguladores y agencias extranjeras para obtener información de la jurisdicción. Además, hay mecanismos alternativos a través de los tribuales para permitir el acceso a información que pueda ser necesaria para cumplir con requisitos de procedimiento en países extranjeros”, precisó Martin Livingston.
Uno de los casos señalado por el ICIJ demuestra como mediante vías judiciales su puede obtener información de ciertos paraísos fiscales, en este caso las Islas Vírgenes Británicas. En la acusación No. 3:11cv00078 (http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2011/lr22015.htm – Enlace verificado el 04/04/13) de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus iniciales en inglés) contra la firma Highview Point Partners, LLC y otras entidades del inversionista venezolano Francisco Illarramendi se puede observar como mediante los acuerdos de intercambio de información se ubicaron US$ 230 millones relacionados a un multimillonario esquema Ponzi y a través de un tribunal de Connecticut se congelaron los depositados en las cuentas offshore.
“Las Islas Caimán continúan desarrollando su red de mecanismos de intercambio de información. Las Islas Caimán han formado acuerdos adicionales de intercambio de información fiscal con Argentina, China y Guernsey”, indica el mismo INCSR de EE.UU.
De igual forma, esta semana la isla de Bermuda –otro reconocido centro financiero offshore perteneciente al Reino Unido- expresó mediante su Procurador General, Mark Pettingill, su satisfacción por haber sido catalogada como un territorio de “bajo riesgo”, ya que su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es robusto y cumple con los estándares internacionales, entre ellos el intercambio de información.
La verificación in situ
Sin bien los bancos a menudo contratan investigadores para verificar la ubicación física de un negocio offshore, los estafadores en estas regiones crearán una compleja estructura corporativa para sus negocios offshore en las que el dueño sea alguien nominado ubicado en otra jurisdicción con menos transparencia, señaló Paul Marks, director de KYC Offshore, una compañía de investigaciones ubicada en Jersey, un importante centro financiero offshore ubicado a 25 kilómetros de la costa de Francia.
Marks señaló que verificar el registro físico en el país puede generar más preguntas, ya que la información sobre el dueño beneficiario no siempre está disponible al público, incluso para un investigador que haya viajado por la región.
“La gran mayoría de la gente que dice tener negocios en jurisdicciones offshore no los tiene. No tienen presencia real, simplemente están utilizando los servicios fiduciarios y contables que les permiten obtener beneficios impositivos”, agregó Marks, quien fue funcionario de inteligencia durante más de 30 años en el Reino Unido.
Algunas recomendaciones de cumplimiento
En razón de que la mejor información será brindada por el cliente, es imperativo que el departamento de cumplimiento indique detalles claves sobre cualquier negocio y cuentas offshore antes de que el individuo se retire de las oficinas de la institución, recomendó Eduardo D’Angelo Silva, ex presidente de la Asociación de Servicios Financieros de las Islas Caimán.
Eso significa que hay que establecer si las respuestas sobre por qué el cliente utiliza una cuenta offshore tienen sentido, agregó. Los clientes que no dan razones claras para movilizar el dinero a jurisdicciones offshore deberían indicar señales de alerta, según Silva.
Además, si la persona tiene una cuenta en un paraíso de secretismo, el oficial de cumplimiento debería solicitarle al individuo que obtenga una carta de referencia de cualquier institución financiera offshore que utilice el cliente, permitiéndoles obtener detalles de la cuenta con el banco de los EE.UU. para establecer si la relación es genuina y el dinero es legítimo, indicó.
Si el cliente lo autoriza, el banco offshore no debería tener ningún problema en intercambiar información de la cuenta, dijo Silva. “Las leyes de privacidad no se aplicarían”.
Una manera en que los bancos se protegen mejor de los conflictos regulatorios y pueden conseguir más colaboración de los bancos extranjeros ubicados en jurisdicciones offshore, es creando una declaración jurada para que sea firmada por el cliente, atestiguando sobre la veracidad de sus declaraciones.
Pero aún con las mejores técnicas de entrevista y las mejores declaraciones juradas, los bancos que tratan de investigar a un negocio en jurisdicciones de secretismo pueden “chocar contra un muro”, afirmó Silva, quien explicó que aún si una región obtiene información sobre la propiedad beneficiaria de los ejecutivos y accionistas de una compañía, generalmente solo intercambia la información con las autoridades regulatorias locales, las que generalmente no informan cualquier conducta sospechosa a las instituciones financieras extranjeras.
Para determinar fehacientemente si un individuo tiene una compañía en una jurisdicción de secretismo que está vigente y mantiene su condición ante los reguladores y las autoridades regionales, los oficiales de cumplimiento deben visitar la región o contactar a alguna firma que conozca el escenario político del área, sugirió Marks.
En muchos casos, los oficiales de cumplimiento olvidan verificar ante los tribunales o las autoridades regulatorias locales para ver si existen demandas judiciales -civiles o criminales– contra la compañía o el individuo en cuestión, o si la empresa recibió bajas calificaciones de los examinadores financieros.
“La persona podría estar teniendo un juicio que dure 20 años ante los tribunales por sobornos y corrupción o podría estar tratando de defender a un homicida. He visto casos así”, aseveró Marks.
Si la persona o el negocio offshore es parte de una industria regulada –construcción, por ejemplo– los bancos también determinan si alguna entidad de supervisión ha mencionado operaciones relacionadas con ellas por trabajos deficientes o prácticas potencialmente fraudulentas.
Para investigar a una entidad comercial ubicada en una jurisdicción de secretismo, también sería bueno que conociera “cuáles son las otras compañías con las que realiza negocios, cuáles son sus proveedores y de dónde proviene el dinero en efectivo”, señaló Shana Jones, oficial de cumplimiento de Texas, agregando que su banco ha rechazado a potenciales clientes por no entregar esa información.
