El gobierno chileno está buscando traer transparencia al sistema bancario luego de la explosión del escándalo—que ya lleva un año—de la red de cuentas y transacciones financieras de su ex dictador Augusto Pinochet.
La ley chilena es muy estricta en el tema del secreto bancario y las autoridades, entes fiscalizadores e investigadores chilenos están buscando más herramientas para indagar sobre el dinero depositado en las cuentas bancarias del país.
Según informó el periódico chileno La Tercera hace un par de semanas, EE.UU. había paralizado las conversaciones con Chile hasta que las autoridades chilenas eliminen el secreto bancario. Pero el propio ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre, descartó que el gobierno de Estados Unidos haya detenido la negociación de un acuerdo de doble tributación con Chile por el estricto secretismo en la legislación bancaria del país. Lo que sí reconoció en declaraciones a la prensa local es que Chile debe trabajar para actualizar la legislación chilena en materia de secreto bancario, ya que Chile no es “una plaza segura respecto de poder prevenir movimientos que tengan, ya sea, que ver con la droga o con el financiamiento del terrorismo internacional”.
Hace un par de meses el Tribunal Constitucional de Chile rechazó una normativa que permitía a la recientemente creada Unidad de Análisis Financiero (UAF) —y principal organismo de análisis financiero para combatir el lavado—, acceder a la información de cuentas bancarias cuando investiga actos sospechosos de lavado de dinero. Las razones del tribunal fueron que el secreto bancario está incluido dentro del derecho fundamental a la privacidad, por eso las nuevas atribuciones son inconstitucionales.
La opinión de muchos especialistas en Chile es que la UAF necesita más poderes para poder acceder a información clave que le permita investigar a fondo cuentas y otra información de sospechosos de lavado. “La UAF sin la facultad de levantar el secreto bancario no sirve para nada” dijo el Hernán Peñafiel, jefe de la División de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE). “Es una unidad muy limitada en su capacidad operativa”.
Sin embargo, para cumplir con los estándares internacionales e incrementar las facultades de la UAF, el diputado Jorge Burgos presentó un proyecto de ley que le permite a la UAF levantar el secreto bancario. Este proyecto, que ha tenido mucho apoyo en Chile, se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Debido al rechazo del Tribunal Constitucional, la UAF sólo se limita a analizar las operaciones que los bancos les reportan, no puede solicitar información que esté protegida por el secreto bancario ni tampoco tiene acceso a los datos de los servicios públicos como los del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería.
Peñafiel explica su desconcierto ante esta situación en la que la UAF “se convierte en una simple base de datos de operaciones sospechosas reportadas por los bancos”. Y agrega que “lo que es más, el Tribunal Constitucional también le quitó a la UAF la facultad de sancionar administrativamente a los bancos e instituciones que no informaron” transacciones sospechosas.
Los bancos rechazan en especial la introducción de un requisito que obligará a las instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) todas las operaciones de US$10.000 o más, que realizan sus clientes. Las instituciones financieras argumentan que esta regla supone la violación del artículo 154 de la Ley General de Bancos que establece que “los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. El que infringiere la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio”. Igualmente, este requisito ha sido fijado por el SII pero empieza regir a partir de 2006.
El fallo del Tribunal Constitucional fue visto como un duro revés para el gobierno y fue sin dudas una buena noticia para quienes intentan seguir guardando sus ganancias amparándose en el secreto bancario. Dentro de Latinoamérica, Chile es comparado con algunos de los más importantes centros financieros internacionales donde reina el secretismo bancario.
Durante la dictadura de Pinochet, los bancos en Chile abrieron sus puertas al capital extranjero sin hacer muchas preguntas, y además de arribar al país sudamericano capital legítimo y limpio también arribó dinero sucio que buscaba refugiarse en una banca que garantizaba la protección de la información. La democracia llegó a Chile en la década del 90, pero ésta mantuvo las leyes de secreto y reserva.
Fue la propia comisión del Senado de Estados Unidos la que llevó a cabo la investigación que condujo a la fortuna secreta de Pinochet, familiares y allegados, que según estima el juez Muñoz, asciende a US$17 millones.
La investigación de Pinochet en Chile no se pudo realizar con las herramientas que cuenta actualmente el estado chileno. Las cuentas de Pinochet no fueron dadas a conocer por presiones políticas de opositores a Pinochet, sino debido a la investigación originada en EE.UU.
