Por Carla Valero
Las continuas advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiación del terrorismo finalmente dieron resultado: la legislatura llegó a un acuerdo el miércoles para aprobar un proyecto seleccionado por el poder ejecutivo.
Ayer, en una reunión plenaria de todas las comisiones que habían estudiado el proyecto, se aprobó el dictamen oficial, un último paso antes de que sea ratificado en 15 días mediante la votación del Senado al completo y se remita a la Cámara de Diputados, que lo aprobará para convertirlo en ley
Según Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, impulsora del proyecto, “falta el paso final del sí en el Senado y en la Cámara de Diputados pero el proyecto ya ha sido aprobado por tres comisiones diferentes y estamos satisfechos porque no fue fácil alcanzar el consenso”.
Fuentes cercanas a GAFISUD dijeron que “el objetivo final de la aprobación de esta ley es evitar una posible sanción por parte de GAFI y ganar tiempo hasta la evaluación que el organismo va a hacer sobre Argentina en el 2008, donde sí se van a poner duros si la ley implementada no es eficaz o se esté aplicando correctamente”.
Los puntos básicos del proyecto
Las entidades financieras, además de los Reportes de Operaciones Sospechosas por lavado de dinero, ahora también deberán reportar a la UIF aquellas operaciones que sean sospechosas de financiamiento del terrorismo sin importar la cantidad de dinero involucrada.
A grandes rasgos, el contenido del proyecto que fue creado por el Poder Ejecutivo y presentado el 20 de diciembre de 2006 se basa en los siguientes puntos:
1. Se tipifica el delito de la financiación del terrorismo, es decir se constituye como delito independiente incriminando a quien financie a la organización o a cualquiera de sus integrantes. Hasta el momento, Argentina sólo había ratificado en el 2005 el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo emitido por la ONU.
2. Se agrega un apartado especial al artículo 213 del Código Penal sobre asociaciones ilícitas para el delito específico de la asociación ilícita con fines terroristas.
3. Se modifica la actual ley 25.246 para habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda requerir a la justicia y al Ministerio Público, el congelamiento de fondos cuando se demuestre que están asociados o destinados a la financiación del terrorismo, tal y como se prevé en la resolución 1373 de la ONU. Además, se dota a la entidad de la competencia adecuada para que pueda investigar en operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
La ley establece de 5 a 20 años de cárcel para quien forme parte de una asociación ilícita relacionada con el terrorismo. Para los fundadores o jefes, un mínimo de 10 años, para quien financie la organización, de 5 a 15 años, y para las instituciones financieras que colaboren en el delito, una sanción económica de entre 2 a 10 veces el monto de la operación descubierta.
Un proyecto polémico de principio a fin
Desde el año 2004 aproximadamente GAFI y EE.UU. venían presionando a Argentina para que tipificara la financiación del terrorismo. El organismo dejó total libertad de contenido al proyecto y sólo exigió que estuviera basado en los estándares internacionales de GAFI.
Pero lograr la aprobación de una ley fue un proyecto muy polémico, y en todo el proceso han sido varios los detractores que han criticado su contenido. Algunos argumentan que va en contra del derecho a libre asociación que promulga la Constitución y otros han tachado la ley de oportunista por parte del gobierno de Néstor Kirchner, en vista de las elecciones generales que se celebrarán en octubre. .
Además de las opiniones adversas recibidas, según Escudero, “el enfoque por la asociación ilícita terrorista es el punto más criticado del proyecto por el bloque de la Unión Sindica Radical y algunos socialistas…cuestiona el enfoque como delito porque según dicta la Constitución hay libertad de asociación y no se puede juzgar a priori que una asociación que se une, lo hace con fines terroristas”.
Según fuentes cercanas a GAFISUD, la rapidez con que se aprobó el proyecto fue una mezcla entre la presión recibida por GAFI y EE.UU., y la descoordinación de la clase política. Se habían presentado 11 proyectos de ley diferentes sobre terrorismo, pero “con las prisas se han tenido que poner todos de acuerdo en uno aunque no haya sido la mejor opción”.
A pesar de que Argentina no es un país particularmente vulnerable al terrorismo, para Escudero, “la principal preocupación de GAFI y EE.UU. se centra en la triple frontera, que se caracteriza por tener un alto índice de población descendiente de países de Oriente Medio, de los cuales se sospecha que entre el alto volumen de remesas que envían a sus países de origen, se encuentran fondos para la financiación del terrorismo”.
Calendario de advertencias
Mientras los organismos internacionales presionaban a Argentina, el país se ha visto obligado a explicar las razones por las cuales todavía no tiene una ley que tipifique la financiación del terrorismo.
Agosto de 2004: Investigadores descubren que las leyes argentinas no incluyen un delito específico para financiar terroristas. Además, según un informe de GAFI “las disposiciones en cuanto a asociaciones criminales cubren insuficientemente el tema del financiamiento del terrorismo”.
Junio de 2005: Según un informe de GAFI, Argentina avanzó en sus políticas cumpliendo con muchos de los requerimientos que GAFI le hizo pero todavía debe tipificar la financiación del terrorismo.
Marzo de 2006: Tras una fuerte presión por parte de GAFI, Argentina aprobó una nueva ley que otorga mayores poderes a la UIF para investigar las operaciones de lavado de dinero pero sigue sin penalizar la financiación del terrorismo.
Junio de 2006: Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el país apruebe una ley que tipifique el delito de financiación del terrorismo.
