Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la polémica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros cambios en el proceso de repatriación del dinero localizado en el exterior, con el objetivo de incrementar los controles antilavado de dinero.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aprobó la norma que establece los procesos del régimen de normalización tributaria, de promoción y protección al empleo registrado y de exteriorización y repatriación de capitales, establecido en la ley 26.476, aprobada por el Congreso en diciembre pasado.
Aunque el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional fue aprobado por el Congreso prácticamente sin ningún cambio, ahora las autoridades establecieron que el dinero repatriado debe estar depositado en bancos o entidades financieras supervisadas por bancos centrales o comisiones de valores de los países procedentes “que cumplan normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
Asimismo, los reguladores establecieron que todas las instituciones financieras que reciban el dinero repatriado, deben seguir todos los lineamientos y controles establecidos por la normativa antilavado vigente en Argentina.
Según el reglamento aprobado esta semana, los capitales que califiquen para ser repatriados y disfrutar de las bondades impositivas establecidas por la ley, deberán ser transferidos a las instituciones argentinas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2009.
La Ley de Blanqueo de Capitales establece que aquellos capitales que sean repatriados, sólo deberán pagar una tasa impositiva que oscila entre 1% y 8% según el destino y el uso del dinero. Al pagar esta alícuota, el gobierno perdonará el pago de otro tipo de impuesto a las ganancias hasta el ejercicio fiscal de 2007.
Presión Internacional
Con estos cambios implementados a la ley mediante su reglamento, las autoridades argentinas responden a las fuertes críticas internacionales y a la presión ejercida por organismos internacional especializados en la lucha contra el lavado de dinero.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Gustavo Rodrigues, expresó su preocupación por los “potenciales riesgos que involucra la iniciativa oficial”, en una comunicación enviada el pasado 8 de diciembre al ministro de economía de Argentina, Carlos Fernández.
“Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su economía, especialmente en este período de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero”, indicó Rodrigues en la carta.
La semana pasada el GAFISUD –dependencia regional del organismo internacional- envió otra carta al gobierno de Argentina en la cual manifestaba su preocupación “los posibles riesgos de lavado de activos” relacionados a la implementación de la Ley de Blanqueo de Capitales.
Según informaron fuentes oficiales al diario argentino Clarín, el organismo regional se cuestionaba “¿cómo se va a garantizar que se cumpla con el requisito internacional que consiste en preguntar sobre el origen de la plata?”.
La preocupación de los expertos es que este tipo de medidas desarrolladas amplia y masivamente, generan condiciones propicias para que el crimen organizado internacional utilice el proceso para incluir dinero procedente de actividades ilegales, como el narcotráfico o la corrupción pública, que se encuentre localizado en paraísos fiscales y jurisdicciones de secretismo.
En tal sentido, el experto argentino antilavado, Ricardo Tondo, advierte que “Argentina quedaría vulnerable si repatría el dinero sin preguntar el origen, porque le daría permiso legal al dinero del narcotráfico. El riesgo de que cuele dinero sucio en la repatriación es altísimo”.
El experto considera que las consecuencias negativas pueden ir más allá del beneficio inmediato que generará la repatriación: “Las autoridades van a traer dinero y lo van a inyectar a la economía; la región se salvara económicamente, pero esto puede afectar las relaciones con Estados Unidos, porque se consolida un capital en la región de un origen dudoso”.
Se espera que a finales de febrero los miembros del GAFI discutan sobre esta polémica ley, durante la reunión de trabajo que sostendrá el organismo en Paris. Para el mes de septiembre de 2009, está previsto que los técnicos del GAFI visiten Argentina para realizar la evaluación mutua que forma parte de la tercera ronda de revisiones realizadas a los países que integran el organismo.
