Por Colby Adams.
Mientras más inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos envían dinero a sus familias en el exterior, los oficiales de cumplimiento estadounidenses se preguntan si el aceptar esas remesas puede motivar mayores escrutinios de parte de los reguladores. Las remesas desde EE.UU. hacia Latinoamérica superaron los US$45.000 millones durante el 2008, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo algunos oficiales de cumplimiento señalan que los pagos asociados con individuos empleados ilegalmente pudieran técnicamente estar asociados con un acto de evasión fiscal. “El dinero ganado por un inmigrante que trabaja sin identificación, como un permiso o una visa, no es automáticamente ilegal; pero si un empleador utiliza empleados indocumentados también pudiera estar involucrado en otras actividades ilícitas o no estar reportando los impuestos adecuadamente”, precisó Samantha Condron, enlace ALD en la sede neoyorquina del Royal Bank of Canadá.
Pero en vez de intentar determinar el estatus migratorio de los clientes, las instituciones financieras deben enfocarse en revisar la fuente de los fondos, explicó Condron, “porque alguien con una visa de trabajo perfectamente válida puede estar lavando dinero, mientras que alguien que dejó su país atrás puede estar enviando dinero legalmente obtenido”.
La mayoría de los inmigrantes usualmente envían su dinero a través de negocios de servicios monetarios (NSMs), los cuales están bajo los mismos requerimientos de debida diligencia y conozca a su cliente que los bancos.
A juicio de Mike McDonald, un consultor ALD independiente y ex agente del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés), la exposición de los NSMs es poca o ninguna, ya que cuando una empresa que contrata trabajadores ilegales no paga los impuestos, estos están relacionados a las responsabilidades de la empresa, no al ingreso del trabajador.
Sin embargo, es muy complicado para un oficial de cumplimiento identificar si un cliente está enviando dinero para evadir impuestos, aseguró McDonald.
La confusión se incrementa por un tecnicismo legal, ya que las remesas enviadas durante el presente año calendario para evadir impuestos, no se convierten en un acto de evasión fiscal sino hasta el 15 de abril (fecha límite para declarar impuestos a las ganancias en EE.UU.) del año siguiente.
A diferencia de las cuentas bancarias privadas, no hay una ley federal o estatal que le exija a los NSMs documentar o requerir el origen del dinero, a pesar de que muchas remesadoras exigen documentos como parte de su diligencia debida. “Algunas empresas hacen esto para estar seguros que no es una bolsa de dinero procedente de drogas lo que están enviando”, indicó el experto.
Los agentes de los NSMs usualmente no tratan de determinar el origen de los fondos en operaciones menores de US$5.000, indicó David Landsman, director ejecutivo del a Asociación Nacional de Remesadoras de Dinero.
Una documentación aceptable para determinar el origen de los fondos puede ser un cheque de pago, un estado de cuenta bancario, una declaración de impuestos u otra documentación de soporte, explicó Michelle Fernández, oficial de cumplimiento jefe de la remesadora Girosol, con sede en Miami, empresa que voluntariamente examina el origen de los fondos en transacciones que superan los US$5.000.
Aunque esta verificación usualmente no se hace debajo de este monto, las leyes federales sí le exigen a los NSM verificar la identificación del cliente, mantener un registro con la información del cliente y la transacción, y mantener un registro de 5 años de las transacciones que superan los US$3.000.
Muchos NSMs aceptan distintos documentos como forma de identificación, tal como la licencia de conducir, un pasaporte o las controversiales tarjetas de identificación emitidas por algunos consulados (México, Guatemala, Ecuador y Brasil) a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos. Bajo lo indicado por el Acta Patriótica, las instituciones financieras pueden aceptar estas tarjetas como identificaciones válidas.
Algunos estados tienen requerimientos diferentes, especialmente los que están enla zona fronteriza con México. Por ejemplo, Arizona exige identificación para todas las operaciones sobre los US$1.000.
En vista de que el tema de proveer servicios financieros a inmigrantes ilegales está cargado políticamente, los NSMs deben asegurarse de estar cumpliendo con las regulaciones ALD federales y estatales periódicamente, haciendo revisiones independientes, explicó Landsman.
En enero de 2002, los NSMs comenzaron a reportar actividades sospechosas bajo lo establecido en la Ley de Secreto Bancario. Un reporte de operación sospechosa específico debe ser elaborado para cada transacción que supere los US$2.000 y tenga indicios de ilegalidad.
