El terreno deportivo no es un sector ajeno a la corrupción, y cuando se trata de lavar dinero el fútbol parece ser un deporte preferido. El más reciente caso se ha dado en Colombia, donde se destapó un escándalo con algunos de los equipos que integran las primeras y segundas divisiones de las ligas del país.
La Fiscalía General de Colombia está llevando a cabo una investigación para esclarecer si los grupos paramilitares han infiltrado su dinero en la actividad deportiva como método de lavado.
El Fiscal General Mario Iguarán ordenó la búsqueda y captura de Ramón Ríos, ex presidente del club Deportivo Pereira de primera división por fraude fiscal y lavado de activos en operaciones relacionadas con inversiones en el equipo y la transferencia de jugadores, informó el gobierno.
Este tipo de delitos están recogidos en el artículo 323 de la ley 599 del Código Penal colombiano y pueden tener una pena de seis a 15 años en prisión.
Fuentes de la Fiscalía han declarado que las investigaciones se encuentran en fase preliminar y la institución aún no se ha pronunciado sobre el caso con más detalles que los de un comunicado oficial, ya que se está limitando a tomar declaración de los supuestos implicados.
Las autoridades colombianas sospechan que Carlos Jiménez, alias ‘Macaco’, uno de los principales jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizó grandes transferencias al Deportivo Pereira, a través de Ríos. Entre ellas, inversiones de US$438.000 procedentes de un ex jefe paramilitar acusado de tener nexos con el narcotráfico.
Inversionistas pobres
Cuando la Fiscalía profundizó en las investigaciones de los libros de contabilidad del Deportivo Pereira, descubrió personas que aparecían como inversionistas de Cali y Medellín, residían en un barrio humilde de Cali y no poseían ninguna propiedad.
“Estas sospechas son las que nos han llevado a dictar la medida de aseguramiento por enriquecimiento ilícito de particular, por abuso de confianza y lavado de dinero”, según Iguarán.
Al respecto de la transferencia de jugadores, la Fiscalía dijo que “en principio no hay razón para atribuirle responsabilidad penal a los jugadores. Son casos de traspasos, de ventas, de préstamos de los jugadores. Son las operaciones que se prestan para lavado de activos, aunque sí le estamos pidiendo al ex jugador conocido como “El Bendito” Fajardo que venga a responder unas preguntas”. La investigación también incluye a Faustino Asprilla .
Mientras “Bendito” Fajardo fue citado por la fiscalía para explicar el origen del dinero que maneja en torno al fútbol, por negocios que mantiene con el Deportivo Pereira y otros equipos; el “Tino” Asprilla tuvo que precisar su presunta relación con el capo del narcotráfico Alberto Rentería Mantilla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su oficina de control de bienes extranjeros (OFAC) incluyó a varias empresas relacionadas a Rentería Mantilla, incluyendo el equipo de fútbol Cortuluá, en su lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (por sus siglas en inglés, SDNT).
Además, Oscar Ignacio Martán, ex directivo de la Federación Colombiana de Fútbol y principal accionista del Cortuluá, es una de las personas asociadas al capo Rentería Mantilla, según el Departamento de Estado.
Pero el caso del Deportivo no es el único que tiene a la Fiscalía en jaque, pues según el comunicado se está revisando la contabilidad de otros 18 equipos de fútbol profesional.
Lo que hay más allá del balón
El caso del Club Deportivo Pereira no es nada novedoso para la Fiscalía General de Colombia ya que en el pasado ha tenido que lidiar con otros ejemplos de corrupción del sector futbolístico.
Uno de los últimos casos fue el del ex jugador Rayo Montaño quien a mediados de año fue detenido por la agencia antidrogas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, DEA) en Brasil en una operación donde se confiscaron casi 50 toneladas de cocaína y más de US$70 millones.
Según la DEA Rayo Montaño lideraba una organización criminal con tecnología de última generación y altamente educados profesionales. Movían cocaína hacia el norte y dinero producto de la venta de la droga hacia el sur y se asociaban con las organizaciones colombianas de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de Valle del Norte, todas consideradas grupos terroristas por las autoridades estadounidenses.
Otro caso es el del equipo América de Cali, quien en su momento estuvo en el punto de mira por tener nexos con el narcotráfico y por sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, hoy presos por lavado de dinero.
José Bellini fue uno de los presidentes del club que no llegó a terminar su mandato ya que las autoridades empezaron a investigarlo por supuestos vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela y tuvo que dejar el cargo.
Posteriormente, Bellini fue capturado en la sede de la Federación de fútbol, en Cali, acusado de enriquecimiento ilícito, luego de que las autoridades encontraran pruebas para su retención. Su número telefónico privado aparecía en una lista de llamadas del narcotraficante José Santacruz Londoño. Fue condenado a seis años de prisión.
Finalmente, en 1993 se divulgaron facturas, según las cuales los salarios a los jugadores foráneos del equipo Millonarios eran cancelados por organizaciones del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, asesinado por las autoridades en diciembre de 1989.
La primera denuncia pública sobre la influencia del narcotráfico en el fútbol en Colombia la formuló en los años 80 el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien posteriormente fue asesinado.
