Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la Política, Asunto de Todos”, realizado por la organización Transparencia Internacional (TI) que cubre la opacidad existente en la información de la financiación de los partidos políticos en ocho países.
Así, el estudio demuestra que existen grandes debilidades en las normas y prácticas de los procesos electorales en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Según TI, los principales problemas están en la falta de rendición de cuentas por parte de los candidatos, la poca fiabilidad de los datos presentados por los partidos, y el hecho de que en la mayoría de los países la información sobre fondos políticos no se hace pública.
Según Silke Pfeiffer, directora para Latinoamérica de TI, “además de estos aspectos, nos preocupa que hay dos grupos de fondos que quedan excluidos de la rendición de cuentas. Son los fondos políticos de candidatos individuales, los que no pertenecen a ningún partido y el grupo de los fondos privados que recaudan los partidos”.
Favores políticos, a cambio de dinero lavado
El estudio dice que en la gran mayoría de países el control del gobierno se enfoca en el uso de los fondos públicos dejando a las donaciones privadas incontroladas, “lo que genera un riesgo de lavado muy grande, ya que nadie sabe de dónde vino el dinero”, según TI.
Para Pfeiffer, “toda donación tiene un precio y los fondos se dan a cambio de favores que se reflejan en ciertos intereses a la hora de otorgar concesiones, en concursos públicos y en tratar con mano blanda a narcotraficantes, con lo cual si la transparencia financiera de los partidos no existe, no hay manera de controlar estas acciones corruptas”.
En este sentido, Ricardo Alba, consultor de temas económicos y especialista en el ámbito antilavado dice que “en Panamá, una forma de contribuir con el partido es hacerlo como parte de una inversión. El proceso de lavado vendría cuando se dona dinero de origen ilícito al partido, recibiendo a cambio una retribución no monetaria, es decir, en forma de favores para recuperar la inversión”.
Pero para Ricardo Tondo, consultor experto de Argentina en temas antilavado y especializado en el fraude inmobiliario, el principal problema de la corrupción que se viene dando en los procesos electorales tiene como origen “la falta de transparencia de los fondos ya que en Argentina, por ejemplo, se sancionaron en 2006 a más de 300 partidos políticos por no poder justificar sus fondos. Además, no hay que olvidar que los partidos políticos, en su rol de asociaciones constituidas legalmente, son sujetos obligados a informar [operaciones sospechosas] a la UAF… cosa que no hacen”.
Mucha ley pero poco cumplimiento
Del estudio también se deduce que, a pesar de que la mayoría de países investigados poseen una ley de partidos o cuentan con alguna regulación por más mínima que sea, éstas no se aplican entre la clase política.
Argentina, por ejemplo, cuenta con la ley 26.215 sobre la financiación de los partidos que fue elaborada en el 2006 para perfeccionar la ley 26.500 del 2002 y que obliga a hacer público el origen y los gastos de los candidatos.
Esta ley fue puesta en práctica en las elecciones generales de 2003 y estipulaba que los candidatos tenían que presentar un informe de gastos 10 días antes de su celebración para que los votantes pudieran tener en cuenta esa información antes de votar. Pero muchos partidos no cumplieron con su obligación y por eso según Pfeiffer “estos informes son una burla de la ley ya que demuestran que no hay un sistema de control real y en lo que se refiere al origen de fondos hay una oscuridad total”.
A pesar de contar con una ley, parece ser que su aplicación entre los políticos argentinos deja mucho que desear según Tondo ya que, “los candidatos ocupan los recursos del Estado, no existe una distribución equitativa de fondos públicos para los partidos políticos y la ley no establece montos máximos para los aportes públicos y privados en las campañas”.
Por su parte, Colombia con el artículo 18 sobre rendición de cuentas de la Ley 130/94 y Perú a través del artículo 34 sobre la verificación de datos de la Ley de Partidos 28.094/93, recogen claramente sus respectivas obligaciones, pero según el estudio son los dos países donde la confiabilidad de los informes de partidos es más baja. Por ejemplo, en Colombia los partidos confirmaron que los informes de cuentas hechos públicos reflejaban menos de un 30 por ciento de los fondos reales que habían recibido.
Por otro lado, en Guatemala existe el “Reglamento de control, fiscalización del financiamiento público y privado, de las actividades permanentes y campaña electoral de las organizaciones políticas” conocido como Acuerdo 019-2007 del 24 de enero del 2007.
Según Luis Mack, de la institución FLACSO para la promoción de las ciencias sociales en Latinoamérica, “este reglamento [de Guatemala] incluye una serie de controles en la fiscalización de fondos privados como la obligatoriedad de abrir una cuenta supervisada por la superintendencia de bancos, tener un contador y presentar estados de cuentas de gastos. Pero su punto débil es que las sanciones para quien no cumpla estos requisitos no se llevan a la práctica”.
En Nicaragua existe la Ley Electoral 331/00, donde según los artículos 103 y 104 los partidos tienen que publicar anualmente sus informes pero según demostraron las pruebas de campo que se llevaron a cabo en el estudio, esta normativa no se cumplía ya que los informes de los partidos no se encontraron.
Costa Rica no tiene una ley específica que regule la financiación privada de los partidos, y tan sólo se hace una mención en el artículo 176 bis del Código Electoral. Al respecto, Gilberto Gómez, contador del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica dice que, “los partidos trimestralmente deben informar sobre las donaciones privadas que han obtenido pero eso no es garantía de saber ciertamente la procedencia de fondos”.
Como ejemplo, en Costa Rica se produjeron denuncias en el Ministerio Público contra el Partido Unidad del ex presidente Abel Pacheco en el período de 2002 por supuesta financiación irregular, pero que finalmente nunca fueron comprobadas, lo que para Gómez significa “claramente una falta de voluntad política para mejorar la transparencia de fondos”.
En general, Panamá y Paraguay fueron los peores clasificados del estudio porque no tienen una regulación o ley que obligue a la rendición de cuentas o a la explicación del origen de los fondos, lo que indica que son países muy vulnerables al lavado.
Soluciones lejanas
Ante la opacidad de los fondos que utilizan los partidos políticos y para tratar de impedir que se lave dinero a través de las campañas electorales, TI dijo que a pesar de que la solución no es fácil, la sociedad tiene mucho que decir al respecto.
Según Pfeiffer, “hay que activar el control social, los medios y las organizaciones civiles tienen que ejercer más presión. El ciudadano tiene que darse cuenta del vínculo entre la financiación a los partidos y el desarrollo de las políticas públicas, de las cuales se derivan decisiones y acciones que sirven como fuente de lavado muchas veces”.
Por su parte, para solventar los malos resultados del estudio y el descontrol de lavado en la política, Alba propone “establecer topes a los montos de las campañas políticas y a los montos de las donaciones, además de que haya divulgación de las donaciones”.
Según Gómez, “hay que aprobar varias reformas legales para que el Tribunal Electoral tenga una función más activa, que nos deje actuar y penalizar, y no sólo recibir informes de los partidos”.
