Cuatro ex banqueros mexicanos acusados de lavar dinero de la droga recobraron la libertad luego de que una corte federal en México dictaminara que una enorme investigación por parte del gobierno de EE.UU., conocida como Operación Casablanca, había sido ilegal.
Las personas, quienes se desempeñaban como empleados bancarios, fueron liberadas la semana pasada luego de que la corte mexicana determinara que la investigación de EE.UU. era inconstitucional, en parte debido a que los agentes estadounidenses engañaron a los sospechosos para que lavaran dinero. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que los ex empleados bancarios fueron inducidos al delito mediante engaños de agentes de la Agencia de Aduanas de EE.UU.
“El conjunto de operaciones bancarias que los acusados autorizaron y tramitaron derivaron de la provocación delictiva por parte de agentes encubiertos e informantes confidenciales que participaron en una operación secreta implementada por el gobierno de EE.UU.”, dictaminó el tribunal. “Se inició una investigación para la creación de un hecho delictivo, lo cual obviamente contraría la Constitución”. Los ex empleados bancarios fueron liberados la semana pasada tras permanecer más de cinco años en prisión, más de la mitad de sus condenas.
En uno de los primeros casos en que México aplicó su nueva ley antilavado, cinco banqueros fueron sentenciados a más de 10 años de prisión en 2001. Los cinco individuos trabajaban para algunos bancos mexicanos que fueron condenados en la controvertida operación encubierta -que llevó dos años-, realizada por Aduanas de los Estados Unidos en Los Angeles, conocida como Operación Casablanca, y que salió a la luz en mayo de 1998.
Los hombres eran parte de las 100 personas y tres bancos acusados en la Operación Casablanca. Los cinco condenados, de relativo bajo rango, que fueron los únicos acusados en la Operación Casablanca, bajo la ley mexicana, fueron Miguel Barba y Jorge Milton, de Banco Confía, Gildardo Martínez, de Bital, Jorge Sergio Calderón, de Bancopromex, y Carlos Escoto, de Bancomer. Estados Unidos pidió su extradición pero México la rechazó y los sometió a proceso judicial bajo sus propias leyes, condenándolos por los cargos de crimen organizado y operaciones financieras ilícitas para el lavado de US$11 millones para el cartel de droga de Juárez. El único que no recuperó la libertad fue Gildardo Martínez, los otros cuatro convictos recuperaron la libertad.
El caso empañó las relaciones entre EE.UU. y oficiales mexicanos que dijeron no haber sido notificados sobre las operaciones de EE.UU. en territorio mexicano.
México ha objetado varios aspectos de la operación encubierta, en la que los banqueros mexicanos fueron engañados para asistir a reuniones cerca de Los Angeles y luego invitados, con el fin de arrestarlos, a una gran fiesta dada en Las Vegas, la que los agentes encubiertos simularon haber preparado como parte del programa de la invitación.
Dos de los bancos mexicanos acusados, Banca Serfin y Bancomer, se declararon culpables de la acusación de los cargos de lavado de dinero hecha por Estados Unidos. El banco Confía aceptó un arreglo de carácter civil. Los tres bancos pagaron US$26,8 millones en concepto de multas y confiscaciones.
