El gobierno de Bolivia intenta establecer mediante la aprobación de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que los funcionarios públicos y contratistas del gobierno renuncien al secreto bancario, como una forma de incrementar la eficiencia en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
De aprobarse la nueva regulación, esta cubrirá a todos los funcionarios públicos que ejercen actualmente funciones del estado, así como a los que lo hayan hecho en el pasado. Además, la ley también abarcaría a las organizaciones no gubernamentales, cooperativas, sindicatos y, en general, a los contratistas que reciban directa o indirectamente fondos del Estado.
Según explicaron miembros del senado boliviano, el proyecto prevé crear una entidad responsable de ejecutar la lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas. El nuevo organismo tendrá la capacidad de realizar investigaciones en exterior para determinar el origen y destino de los fondos relacionados a actos de corrupción pública. Sin embargo, no contempla la eliminación de la actual Unidad de Investigaciones Financieras, la cual realizará actividades de “inteligencia patrimonial” para evitar el blanqueo de activos.
El levantamiento del secreto bancario está contemplada en el marco de la nueva Constitución boliviana que habla de retroactividad en los delitos que generan daño económico al Estado. El artículo 333 de la nueva Constitución Nacional boliviana indica: “Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma condición de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas” y en los definidos por ley.
El proyecto de ley también contempla la creación de tribunales y jueces anticorrupción. Esta nueva norma fue enviada al Senado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y cuenta con una notable mayoría de los legisladores oficialistas, por lo que se espera su aprobación en cualquier momento.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) no se expresó y anunció que esperará la promulgación de la ley para emitir una opinión. No Obstante, según reseñaron medios de prensa bolivianos, hace dos semanas el secretario ejecutivo de ASOBAN, Marcelo Montero, declaró que el secreto bancario “protege a quien debe proteger, pero el delincuente, el que tiene sospechas, es sujeto a investigación abierta automáticamente”, por lo que los bancos entregan esa información a los investigadores.
Por su parte, el ex presidente de ASOBAN, Pablo Bedoya, indicó que en la actualidad la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tiene la potestad de solicitar información sobre cuentas bancarias de personas naturales o jurídicas indagadas o procesadas por hechos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero.
