Por José María Olmo
Las finanzas del grupo terrorista español ETA recibieron un gran golpe cuando más de una docena de sus integrantes responsables por su financiación fueron detenidos por la policía francesa y española. Y gracias a las detenciones en los dos países, se pudo exponer más claramente un método de financiación del terrorismo de más de 25 años de antigüedad y con el que lograron obtener para la banda más de US$65 millones.
Los detenidos – dos de ellos el pasado lunes – gestionaban los ingresos recaudados mediante el llamado “impuesto revolucionario”, un importe que obligaban a pagar a muchos empresarios españoles bajo amenaza de secuestro o asesinato (en su mayoría en las provincias españolas donde la banda opera, vascos y navarros), y desviaban los fondos a paraísos.
Por ejemplo, entre los extorsionados figuraba la familia del industrial Julio Iglesias Zamora, secuestrado por ETA en 1993 y que seguía siendo coaccionado por la banda.
La banda coordinaba desde Francia la gestión y el movimiento de los fondos, y exigía desde este país el pago de los impuestos revolucionarios a través de correos convencionales. Además de enviar el dinero a terceros países donde no pudiera ser detectado, la banda invertía una parte de los ingresos recaudados en actividades empresariales como la restauración y compra de bienes inmobiliarios en España, haciéndolo desaparecer en los circuitos financieros regulares.
Entre los acusados de realizar estas labores de financiación de la banda terrorista se encuentran Ángel María Iturbe Abásolo, “Ikula”, considerado el director de este entramado, y hermano del que fuera máximo dirigente de ETA, ‘Txomin’; y Julen Kerman Madariaga y Aguirre, cofundador de ETA.
Momento clave de la banda terrorista
La operación, fruto de dos años de investigación, fue dirigida por los jueces Fernando Grande-Marlaska, en España, y Laurence Le Vert, en Francia, y tiene su origen en un sumario de 1998, abierto por el juez Baltasar Garzón. Las detenciones se produjeron en un momento clave de la lucha antiterrorista: la banda terrorista anunció hace unas semanas el alto el fuego permanente, lo que va a reducir sus ingresos durante todo el período de negociaciones con el Gobierno español, ya que en las condiciones acordaron finalizar las extorsiones. Los expertos creen que caja de fondos de la banda pasa uno de sus peores momentos. Este golpe al entramado financiero coloca a ETA en una situación aún más difícil.
Según el Ministerio del Interior español, Joseba I. Elosúa Urbieta, José C. Luquín Vergara y Jean Pierre Harocarene eran los encargados de establecer contacto con los extorsionados, activaban el proceso de negociación, establecían los plazos en los que debían efectuarse los pagos y cómo se harían, entregaban los recibos, distribuían y ponían en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibían el dinero, actuando también como enlaces entre el extorsionado y la banda. Además, gestionaban los recursos para hacer desaparecer el dinero recaudado, trasladándolo a paraísos fiscales.
Compra de bienes inmuebles
En la operación, que aún continúa abierta, los agentes han practicado seis registros en Francia y 16 en España y han sido embargados bienes patrimoniales con un valor superior a los 880.000 dólares. Entre los bienes retenidos hay inmuebles que “fueron adquiridos con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones”, según ha explicado el Ministerio del Interior.
También han sido bloqueadas por la policía más de 50 cuentas bancarias. Expertos de los dos países están investigando el origen de estos depósitos financieros para averiguar si procedían del cobro del chantaje etarra. Los técnicos están estudiando los movimientos de este medio centenar de cuentas para descubrir el destino que la banda terrorista daba a sus fondos. El Ministerio del Interior ha avanzado que serán necesarios algunos meses para conocer con exactitud cómo se utilizaron estas cuentas.
Más de 65 millones de dólares al bolsillo de ETA
El impuesto revolucionario ha sido una de las prácticas a las que más ha recurrido la banda terrorista ETA para financiar sus actividades delictivas, junto con los secuestros a empresarios y los robos. Un informe de la Universidad Complutense de Madrid, elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero, estima que ETA ingresó en su última década de mayor actividad 65 millones de dólares por estos procedimientos delictivos.
El estudio analiza lo que los expertos sitúan el “período de oro” de la extorsión de ETA entre los años 1978 y 1986. Tras este período, la cantidad lograda se redujo debido a la presión policial. Según recoge el informe, a los comerciantes y empresarios se les solicitaba en la década de los 90 entre US$ 16.000 y US$ 30.000 en algunos casos, cantidad que llegaba hasta los US$370.000 para los extorsionados a los que se calificaba de “enemigos” de la banda por no defender su ideología. Por lo general, son propietarios de grandes empresas en el país vasco, pero contrarios a la independencia de la provincia que busca ETA.
