Por Matt Squire
El cierre de la cuenta de una persona expuesta políticamente (PEP) puede ser una carga administrativa para los bancos, ya que requiere mucha documentación para complacer a los examinadores bancarios. Pero los bancos que están considerando cerrar una cuenta de una PEP particularmente sensible necesitan un plan de acción mucho más extenso para prevenir cualquier posible daño reputacional de los clientes y los medios, según dicen los consultores.
Por ejemplo, cuando el Banco Riggs contrató a David Caruso en 2003 para encabezar su asediada división de cumplimiento antilavado de dinero, tomó la decisión de cerrar unas cien cuentas PEP.
Caruso pronto se dio cuenta que no todas las cuentas PEP son creadas de la misma forma. “Cuando usted está cerrando la cuenta del Príncipe Bandar bin Sultan, el embajador saudita en EE.UU., el proceso que tuvimos que atravesar para hacer eso fue mucho más elaborado”, dijo Caruso, actualmente director ejecutivo jefe de Dominio Advisory Group en Certerville, Va.
De acuerdo con la Ley Patriot, las instituciones financieras están obligadas a realizar un “escrutinio reforzado” sobre las cuentas privadas de las personas expuestas políticamente – definidas como individuos que ejercer funciones de estado, funcionarios gubernamentales, y sus familiares y asociados cercanos – y reportar transacciones que puedan involucrar a fondos derivados de la corrupción extranjera.
Prestar servicios bancarios a las PEPs implica una relación de riesgos y beneficios únicos. Si bien las cuentas PEP pueden ofrecer al banco un flujo sólido de ganancias, las PEPs a menudo esperan poder realizar operaciones bancarias utilizando prácticas similares a las de sus países de origen, como ser, la extracción de grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar los salarios del personal de la embajada. Esas prácticas, si bien no son en sí mismas sospechosas, pueden hacer que un banco se sienta lo suficientemente incómodo como para cerrar la cuenta.
Los bancos cierran las cuentas de las PEPs sea porque tienen aversión al riesgo o por la actividad sospechosa asociada con la cuenta. Pero los bancos también toman en consideración la rentabilidad de la cuenta, destacó Caruso.
Al enfrentar los problemas de las cuentas PEPs del Riggs, dijo Caruso, “Una de las cosas en las que nos concentramos, y de hecho fuimos alentados a hacer por los reguladores, fue, ‘¿estas relaciones son siquiera rentables?’”.
En 2003, el Banco Riggs, con sede en Washington, D.C. fue sacudido con una orden de consentimiento regulatorio y al año siguiente fue multado en US$25 millones por haber omitido reportar transacciones sospechosas hechas con cuentas de gobiernos y PEPs de varios países, incluidos Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial. Se descubrió que el Riggs también ocultaba cuentas del dictador chileno Augusto Pinochet. Los problemas regulatorios del banco llevaron a la institución a ser vendida a PNC Financial Srevices Group en 2004.
El ser sancionado por los reguladores también influyó en la decisión del Riggs de cerrar su negocio completo de servicios bancarios para embajadas antes de la venta. Caruso dijo que la gran mayoría de las cuentas de embajadas del Riggs no presentaban riesgo de actividades sospechosas, “pero la tormenta de fuego creada por las pocas manzanas podridas hizo que el banco se volviera muy adverso al riesgo del negocio”.
Medidas a tomar
Antes de que un banco siga adelante con su decisión de cerrar una cuenta PEP, los consultores enfatizan que la institución debe aplicar políticas y procedimientos de cierre de cuentas. Posteriormente, debe asegurarse que sigue esas políticas y procedimientos.
Caruso dijo que las decisiones sobre el cierre de cuentas deben considerar el alcance total de la relación de la cuenta en todos los productos y servicios, así como también las obligaciones regulatorias del banco.
“Eso es importante porque al comienzo de esta etapa, muchos bancos simplemente cerraban la cuenta de depósitos pero no se daban cuenta que tenían un préstamo al consumidor o una hipoteca (del cliente)”.
El siguiente paso al cerrar una cuenta PEP es asegurarse que todo el proceso de cierre sea completamente documentado.
“Es cuestión de tener documentos, hacer que su oficial de cumplimiento tome buenas notas sobre las conversaciones sobre las cuentas y cuáles fueron las decisiones y cuál fue la base para la decisión. Eso es lo que querrán ver los examinadores”, dijo Judith Lee, socia de la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP, de Washington, D.C.
La documentación debería incluir cualquier lista de reportes de operaciones sospechosas (ROSs) presentados sobre la cuenta ante la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), memos detallados con las conversaciones y reuniones realizadas entre los oficiales de cumplimiento y los titulares de las cuentas, y la documentación sobre las discusiones entre la gerencia y la gerencia superior, o incluso en la junta de directores, sobre la decisión de cerrar la cuenta. Además, el banco debería preparar un análisis de la cuenta para determinar si la decisión de cerrarla estuvo basada en las actividades sospechosas o en la rentabilidad.
“Algo que muestre una deliberación dentro del banco que llevó a ese resultado”, dijo Lee. “Los examinadores pueden no estar de acuerdo con la decisión final, pero al menos usted tiene los antecedentes en papel para demostrar que fue seriamente considerado”.
Manteniendo informado al gobierno
Los consultores también sugieren mantener informado al gobierno durante el transcurso del proceso, a la vez que no dar información a la PEP sobre la presentación de ROS.
Eso incluye precaución para cerrar la cuenta, dado que el cierre puede alertar a la PEP sobre que él o ella están siendo investigados y así se comprometería una investigación gubernamental, dijo Lee. “También, el cerrar una cuenta PEP de forma tal que la PEP sepa que se han presentado ROS podría ser un violación gubernamental, por lo que podría haber una trampa allí”.
Lee recomienda que el banco contacte a FinCEN y le pida que actúe como enlace con las autoridades de control legal antes de cerrar la cuenta. “El gobierno puede querer que la cuenta se mantenga abierta para saber qué está pasando en la cuenta”.
Caruso estuvo de acuerdo con ello. “En mi opinión sería una mala decisión cerrar una cuenta sobre la cual se sepa que las autoridades de control legal tienen un interés sin darle la oportunidad a las autoridades de control legal de solicitar que esa cuenta permanezca abierta”.
Tanto Lee como Caruso dijeron que las solicitudes gubernamentales para que se mantengan abiertas las cuentas PEP sospechosas pueden obtenerse por escrito para reforzar de esta manera el proceso de diligencia debida documentada del banco.
Documentar no es todo
El cierre de una cuenta de una PEP particularmente influyente debería involucrar más tiempo y recursos de un banco, más allá de la documentación, dijo Caruso.
En el caso del cierre de la cuenta del embajador saudita en EE.UU., Caruso dijo que el Riggs trabajó para crear contingencias en varias áreas. Dado que los cierres habrían creado acusaciones de interés, el Riggs trabajó muy estrechamente con su personal de comunicaciones y asuntos públicos para elaborar planes para manejarse con cualquier cobertura en los medios que pudiere resultar, dijo Caruso.
Para hacer que un proceso de cierre sea lo más amigable posible para la PEP, Caruso recomienda que el contacto entre el banco y el cliente tenga un guión estricto.
“Generalmente, existe un texto sobre lo que el banco debería decir al cliente para no colocar al banco en ninguna situación de riesgo legal, regulatorio y reputacional. Y generalmente el texto está preparado para explicar que ésa es una decisión comercial del banco”, dijo Caruso.
“Si tiene muchas de estos tipos de cuentas, como teníamos nosotros, también estábamos preocupados por otras PEPs y si ello pudiera originar un éxodo de ese tipo de clientes”, dijo Caruso. Para evitar las posibles pérdidas de cuentas PEP que no fueran de embajadas que el banco quería mantener, Caruso dijo que el Riggs aplicó programas de acercamiento al cliente que explicaban su decisión.
Y finalmente, Caruso dijo que el Riggs elaboró protocolos para la remoción de los fondos del cliente del banco.
Después de cerrar las cuentas PEPs, Caruso destacó la importancia de compartir información con otros bancos.
Por ley, los bancos pueden no compartir las presentaciones de ROS con otras instituciones. Sin embargo, bajo la Sección 314(b) de la Ley Patriot, los bancos están autorizados a compartir información sobre individuos sospechosos de ser terroristas o sobre posibles actividades de lavado de dinero.
“Es la herramienta más ponderosa, más útil que la Ley Patriot le dio a la industria”, dijo Caruso. “Las investigaciones que hicimos en el Riggs sobre las relaciones con Guinea Ecuatorial y Augusto Pinochet no podrían haber sido completadas sin la utilización de esa herramienta”.
