El movimiento “desregulatorio” vociferado por el presidente Donald Trump para el sector financiero mantiene atentos a muchos en la región. La nueva administración estadounidense ha enfocado todas sus baterías hacia el marco regulatorio creado en base a la Ley Dodd-Frank de 2010. El Congreso, con mayoría republicana, seguramente desarticulará muchas regulaciones que fueron aprobadas luego de la recesión de 2007-08, como un escudo para evitar que las instituciones financieras nuevamente generaran una crisis similar.
La Orden Ejecutiva firmada a principios de febrero por Donald Trump creó una comisión cuyo principal objetivo es modificar o eliminar las regulaciones, muchas de las cuales establecen obligaciones de carácter operativo/financiero para frenar a ciertas prácticas financieras de alto riesgo en Wall Street y establecer medidas de protección para los consumidores ante el accionar de los bancos.
La industria financiera cambiará, pero esto no es lo que, a mi juicio, más pudiera impactar el cumplimiento en las instituciones financieras foráneas (IFFs). Los cambios modificarán el accionar del sistema financiero estadounidense, pero no tendrán mayor peso en el cumplimiento antilavado. No obstante, están manejándose otras iniciativas que sí pueden tener un impacto muy fuerte, no solo en el cumplimiento de las entidades nacionales, sino en todas las de Latinoamérica:
– Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos (APA por sus iniciales en inglés). El senador republicano Rob Portman adelanta un proyecto de modificación de la Ley APA, que de ser aprobado puede cambiar completamente el funcionamiento de la estructura de control antilavado de Estados Unidos, lo cual tendría un impacto inmediato en el cumplimiento mundial. La propuesta del senador contempla, entre otros puntos:
• Limitar la capacidad de las agencias federales de emitir regulaciones. Básicamente la estructura ALD de EE.UU. descansa sobre las regulaciones, guías, comunicados y otros documentos normativos emitidos por agencias federales como FinCEN, SEC, OCC, etc. Según la propuesta, los que supervisan no regularían, sino que esta atribución quedaría solo en manos del Congreso. En EE.UU. hay 8 leyes con disposiciones asociadas al ALD/CFT, siendo las más importantes la Ley de Secreto Bancario (1970), la Ley de Control del Lavado de Dinero (1986) y la Ley USA PATRIOT (2001).
• Tribunales pudieran modificar actuales normas ALD/CFT. De ser aprobada la reforma del senador Portman, las regulaciones ya emitidas no serían anuladas, pero los jueces pudieran exigir cambios. Entendamos esto con un ejemplo: un banco pudiera acudir a un tribunal federal alegando gastos injustificados por las obligaciones ALD/CFT contempladas en la norma emitida por FinCEN en 2016, mediante la cual impuso nuevas obligaciones sobre la debida diligencia de los beneficiarios finales de las personas jurídicas (la cual entrará en vigencia en 2018). Si el juez lo considera adecuado, pudiera exigirle a la unidad de inteligencia estadounidense modificar la regulación.
– Propuesta de reformas a la estructura ALD/CFT de The Clearing House. En un reporte presentado en febrero de 2017 por 60 representantes de distintos sectores regulados estadounidenses (principalmente de las grandes instituciones financieras) se sugiere a las autoridades aplicar una serie de cambios para fortalecer la lucha contra los delitos financieros. Algunas de las más importantes son:
• Menos reguladores: FinCEN como único regulador del cumplimiento ALD/CFT.
• Fortalecer la identificación del beneficiario final de personas jurídicas.
• Aumentar el intercambio de información entre entidades.
• Que los bancos proporcionen grandes volúmenes de información financiera (Big Data) al Buró Federal de Investigaciones para que las analice.
– Modificación de las sanciones. Las sanciones económicas aplicadas a países como Cuba, Irán y Rusia pudieran ser cambiadas por la administración Trump, de hecho, lo prometió durante su campaña electoral. Pero algo que pudiera sorprender y exigir enormes ajustes en los programas de cumplimiento de la región, es que el gobierno de EE.UU. aplique sanciones a Venezuela. Trump ha mostrado simpatía hacia los líderes opositores venezolanos, por lo que pudiera ejercer mecanismos de presión contra el gobierno venezolano.
Como se puede observar, de ser adoptadas estas iniciativas pudieran generar más impacto en el mundo del cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo que las posibles modificaciones que se apliquen a las normas de la Ley Dodd-Frank. La actual estructura de cumplimiento estadounidense pudiera verse sometida a cambios radicales y continuos, lo cual impactaría las labores de cumplimiento adelantadas por las IFFs, especialmente de aquellas que mantengan relación con la banca estadounidense.
Simplemente, debemos mantenernos atentos a las decisiones que tomen no solo la administración Trump, sino el Congreso estadounidense y prepararnos para lo que promete ser un mundo del cumplimiento muy cambiante.
