Por Matt Squire

Durante los últimos años Estados Unidos ha destinado millones de dólares y mucho esfuerzo en la lucha contra el terrorismo. Uno de los aspectos claves de este proceso ha sido la capacitación de otras naciones para detectar los movimientos de dinero asociados con el terrorismo. Sin embargo, algunos expertos consideran que hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios, debido a la deficiente coordinación gubernamental.

Los programas estadounidenses destinados a ayudar a las jurisdicciones extranjeras a implementar programas contra el financiamiento del terrorismo (CTF) sufren de superposiciones y alcances limitados, según Matthew Levitt, analista del Instituto Washington de Política para el Cercano Oriente.

Actualmente, estos programas –incluidos aquellos cuyo propósito es capacitar a los países sobre sistemas de regulación e información– se han concentrado en capacitar solo a funcionarios de alto rango, y han hecho poco por detener las falencias CFT en el exterior, indicó Levitt durante un panel de discusión sobre esfuerzos de asistencia contra el terrorismo en el Capitolio el jueves pasado.

“Éste es un problema enorme. Estamos entrenando a la gente equivocado y luego volvemos a entrenar a la gente equivocada nuevamente”, dijo Levitt.

El alcance limitado de la capacitación ha sido un detrimento constante de los objetivos de la mayoría de los programas gubernamentales de asistencia técnica, explicó Ross Delston, fundador de la consultora GlobalAML.com de Washington D.C.

“El objetivo se transforma en el mantenimiento de los talleres en contraposición con contar con una gran cantidad de gente capacitada que pueda implementar las leyes e investigue y analice”, indicó Delston, quien ha colaborado en capacitaciones internacionales de organizaciones no gubernamentales. “Ése es un problema que tienen todos los países que brindan la asistencia”.

Los fondos para la principal iniciativa de capacitación CFT del Departamento de Estado –operada a través del programa de No Proliferación, Antiterrorismo, Eliminación de Minas y Armas Relacionadas (NADR, por sus siglas en inglés)- representan US$9 millones del total del presupuesto anual de US$500 millones de NADR, un porcentaje que muestra que se necesita obtener más recursos, según Levitt.

Pero la mayor deficiencia en el programa gubernamental de capacitación CTF no se debe a la falta de fondos, sino a la falta de coordinación, afirmó Levitt, durante el panel convocado el jueves. Sin una coordinación única de los distintos programas, los recursos gubernamentales están aplicando demasiado énfasis en capacitaciones de corto plazo a expensas del establecimiento de relaciones de largo plazo, precisó.

Como consecuencia de ellos, los funcionarios extranjeros, a menudo en jurisdicciones estratégicamente críticas, están recibiendo la misma capacitación limitada del gobierno estadounidense “una y otra vez”, expresó Levitt.

Buscar alternativas

A juicio de Levitt, los programas deberían focalizarse en objetivos a largo plazo y en asignar expertos a jurisdicciones extranjeras para realizar misiones más extensas de manera de adaptar los programas de acuerdo con las necesidades específicas de los países y a la vez permitir a quienes brindan la capacitación ganar la confianza de los gobiernos extranjeros.

Los jefes de los programas de los EE.UU. también han realizado una tarea deficiente al coordinar programas similares de asistencia técnica ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Grupo de Asistencia Técnica, dijo Jason Ipe, analista del Centro Sobre Cooperación Global en Contraterrorismo, en Washington D.C.

“El problema no es solo del gobierno de los EE.UU., también se trata de reunir a aquellos que brindan más asistencia contra el terrorismo en todo el mundo para coordinar también sus esfuerzos”, dijo Ipe.

A pesar de la adopción internacional de leyes CFT y la capacitación de miles de funcionarios, los esfuerzos internacionales para detectar y detener el financiamiento del terrorismo no han cubierto las expectativas, según un informe del Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas publicado en junio de 2008.

Algunos países de África, las islas del Pacífico, el sudeste asiático y América Latina carecen de leyes que penalicen el financiamiento del terrorismo y los medios para incrementar la capacidad “están ausentes en todos los estados”, señala el informe.

Los llamados realizados al Departamento de Estado no fueron devueltos.