Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la semana pasada una evaluación de los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La delegación del FMI, que permanecerá en Panamá durante dos semanas, evalúa las normativas antilavado de una variedad de sectores e industrias, como por ejemplo la zona de libre comercio de Colón y el sector de casino. El FMI también se reunió la semana pasada con funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) de ese país para conocer los avances y aportes de esta institución al cumplimiento de esas normas.
Funcionarios del MICI dijeron a Lavadodinero.com que hasta la fecha el FMI no ha hecho ningún comentario respecto a los esfuerzos del ministerio en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Tras su visita, la misión del FMI dará un informe que incluirá algunas recomendaciones. Los resultados de la evaluación estarían listos para septiembre. Según una fuente al tanto de las conversaciones, el FMI está evaluando la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional a varios sectores no financieros como son casinos, abogados, notarios, auditores y contadores entre otros.
Desde 2002 el MICI ha estado realizando inspecciones para la prevención del lavado de dinero, y ha colaborado con la Unidad de Análisis Financiero en todo lo relacionado a la Ley 42 de 2 de octubre de 2000—contra el lavado de dinero. Lo cual incluye la supervisión constante de los sujetos obligados.
Los funcionarios del MICI explicaron a la misión del FMI las normas, transformaciones, regulaciones y demás implementaciones que se han hecho para evitar el lavado de dinero a través de la compra y venta de inmuebles, las casas de empeño, las financieras, las casas de remesas, el comercio al por menor, la venta de seguros y otras actividades.
Según informaron funcionarios de MICI a Lavadodinero.com, “las transformaciones, regulaciones y otras medidas concretamente tomadas por la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, ha sido la regulación especial a diferentes grupos económicos dedicados a la actividad financiera no bancaria, como lo son las casas de remesa de dinero y las casas de empeño”.
La ley contra el blanqueo de capitales de Panamá está vigente desde 2000 y muchas de sus regulaciones están dentro del ámbito del MICI, que busca “conocer el origen de los fondos de actividades financieras no bancarias…para que no sean utilizadas por manos criminales”.
El MICI oficia de ente fiscalizador para estos sectores e industrias en Panamá, que también están obligados a reportar transacciones en efectivo superiores a US$10.000 o fraccionados que alcancen ese monto en una semana.
Panamá y el GAFI
Panamá formó parte de la lista de “países y territorios no cooperadores” en la lucha internacional contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional desde junio de 2000 hasta junio de 2001.
La inclusión se basaba en la insuficiencia de legislación para el combate del lavado de dinero. A Panamá le fueron atribuidas “deficiencias” en la legislación para penalizar delitos adicionales al narcotráfico, identificar adecuadamente los beneficiarios de fideicomisos, intercambiar información de la unidad de inteligencia financiera con organismos similares del extranjero y dar curso fluido al resultado de los análisis de información de la UIF al Ministerio Público.
A finales de 2000, Panamá promulga dos leyes –41 y 42—contra el lavado de dinero en el que se incluyen nuevos delitos subyacentes como la estafa calificada, el tráfico de personas, el tráfico ilegal de armas, el secuestro, la extorsión, el peculado, la corrupción de funcionarios públicos, el robo y contrabando de vehículos y los actos de terrorismo.
