Por Carla Valero
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El gobierno mexicano decidió poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicará casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades económicas de los reclusos en las cinco prisiones de la ciudad.
La UIF del DF que se puso en marcha el 22 de enero tiene un objetivo muy claro para Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF: “iniciar una investigación sistemática sobre la situación fiscal y el manejo de recursos de los principales delincuentes que se encuentren en los reclusorios del DF y de quienes estén asociados con ellos”.
Una de las principales utilidades de la UIF del DF va a ser la posibilidad de atajar las operaciones fraudulentas que los reclusos continúan realizando desde dentro de las cárceles. Con la UIF local, las autoridades quieren lograr seguir e investigar con más facilidad esas operaciones, con mejor acceso a información y el patrimonio de los reclusos más controlado.
Si se llega a encontrar culpable al preso de un segundo delito como podría ser el lavado de dinero desde dentro de la prisión, la UIF procedería a incautar las cuentas, bienes y propiedades del acusado. Una parte del patrimonio serviría para reparar el daño de la víctima del primer crimen y la otra pasaría a ser propiedad del Estado.
Esto podría ser una respuesta a casos como el que recientemente llevó a la extradición de cuatro presos de México a EE.UU, los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, Héctor Palma Salazar y José Alberto Márquez el pasado 20 de enero, tras comprobarse que una vez ya condenados seguían lavando dinero desde dentro de una cárcel Federal, con la ayuda de grupos organizados en el exterior.
Grandes investigaciones por delante
Jorge Silva Morales, tesorero del municipio de Ecatepec, fue la persona designada por Ebrard para ponerse al frente de la nueva UIF. La primera misión que debe enfrentar el nuevo organismo consiste en revisar 2000 expedientes relacionados a la situación patrimonial de reclusos que se encuentran en los distintos penales de la ciudad.
El proceso que seguirá la UIF es muy simple: cuando se tengan indicios sospechosos sobre la actividad de cualquier preso, solicitará a la Secretaría de Finanzas que averigüe el estatus fiscal de dicha persona a través de su base de datos.
Una vez se hayan investigado los bienes y propiedades del recluso, si todavía quedan dudas acerca de sus operaciones, la UIF deberá ir más allá y solicitar ante el juez una orden para que se rastreen sus cuentas bancarias.
Esta petición ante el juez se debe a que la base de datos de la Secretaria de Finanzas no contiene información sobre las cuentas bancarias de los delincuentes – la ley del Secreto Bancario, Fiduciario y Fiscal de México, no lo permite porque ante todo hace prevalecer el derecho a la intimidad del individuo.
Según la ley del Secreto Bancario mexicana, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios tiene carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes que se establece en el artículo 46, en ningún caso podían dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, a otra persona que no sea el titular, beneficiario o sus representantes legales.
Tanta opacidad y protección del cliente dificultaba muchísimo las investigaciones de las autoridades ante delitos como el blanqueo de capitales. Por esta razón, en diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite abrir el secreto bancario y fiduciario cuando la Procuraduría General de la República, procuradurías estatales, Hacienda, la Tesorería o la Auditoría Superior de la Federación soliciten información sobre las cuentas de personas físicas o morales.
De esta forma, cualquier organismo que necesite recopilar información bancaria sobre un individuo, deberá conseguir primero una orden ante el juez que le permita acceder a ella.
Gracias a esta reforma, la UIF pedirá la información a las entidades financieras, a traves de órdenes de jueces, sobre decomisos, cuentas bancarias y transferencias financieras y de las empresas, asociaciones o instituciones en las que estén o hayan estado involucrados los presos.
Si finalmente después de la investigación la UIF confirma las sospechas de actividades ilícitas, se abriría un nuevo proceso judicial contra el preso. Si se le declara culpable, la nueva pena pasa a ser acumulativa de la que ya está cumpliendo, con lo cual se juzga al preso por dos delitos independientes.
Si después de investigar las cuentas del preso se vieran indicios de complicidad por parte del banco en operaciones ilícitas, se confiscarían las cuentas y se pasaría a investigar al personal de la entidad financiera pero no se sancionaría al banco como empresa en conjunto.
Competencias entrelazadas
Según la Gaceta Oficial del DF, la UIF tiene entre sus principios, generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, y sanción de delitos relacionados con la delincuencia organizada.
La UIF Federal persigue los delitos a nivel Federal, tiene una jurisdicción que abarca toda la República mexicana y se rige bajo las leyes del Código Penal Federal. Por su parte, la UIF local, tiene jurisdicción exclusiva para la zona del DF y se rige bajo las leyes de su propio Código Penal local, que es muy similar al contenido del Código Federal.
A pesar de ser un órgano autónomo, la UIF está suscrita a la Secretaria de Finanzas del DF y posee líneas de coordinación con la Secretaria de la Seguridad Pública y la Conserjería Jurídica del registro Público de la Propiedad. La dependencia con la Secretaría de Finanzas se debe a que es el órgano que cuenta con la base de datos de los bienes e inmuebles con la que controlan el patrimonio de todos los reclusos.
Además de tareas de coordinación con la UIF, la Gaceta Oficial lista otras obligaciones por parte del nuevo organismo, como: acordar con el Secretario de Finanzas los asuntos de su competencia y rendirle un informe trimestral de los avances; y formular y presentar denuncias ante el Ministerio Público de los hechos que puedan constituir delitos en materia de delincuencia organizada.
Además de la Secretaria de Finanzas, la UIF local del DF tendrá una especial relación con la UIF del Gobierno Federal de México. El principal punto de unión entre las dos UIF va a ser el intercambio de información y la posibilidad de llevar a cabo el traspaso de casos de una a otra.
La UIF Federal tiene facultades para investigar temas locales e incluso puede pedir el traspaso del caso a su jurisdicción siempre y cuando se fundamente. De la misma forma, la UIF local puede solicitar cualquier caso que esté investigando la Federal siempre y cuando se demuestre que es de su competencia.
