El gobierno de Costa Rica sancionó este miércoles una nueva ley contra el terrorismo, con la cual las autoridades buscan modernizar su marco regulatorio y aumentar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de personas y la lucha contra el crimen organizado.
La nueva Ley para el Fortalecimiento de la Legislación Contra el Terrorismo establece modificaciones a varios artículos de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, así como algunas disposiciones del Código Penal.
La ley tipifica el delito de financiamiento del terrorismo y establece un sistema de control, prevención y represión para quienes apoyen o subsidien actividades terroristas. De igual forma, los legisladores establecieron la obligatoriedad de las personas de denunciar las actividades delictivas, al señalar en su Artículo 4 señala que “Todas las personas deben colaborar a la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades y organizaciones terroristas”.
El texto legal establece en el Artículo 16 la obligatoriedad de que las instituciones bancarias, las empresas del mercado bursátil y de pensiones implementen procedimientos que permitan conocer y verficar la verdadera inçdentidad de sus clientes habituales u ocasionales.
El Artículo 35 precisa la obligatoriedad de las personas de declarar el dinero en efectivo sobre US$10.000 al entrar o salir del país. En el Artículo 15 se regula a las empresas que realizan transferencias sistemáticas substanciales de fondos realizadas por cualquier medio, así como remesas de dinero de un país a otro.
En relación a las sanciones, la ley en su Artículo 69 señala que “la pena será de diez a veinte años de prisión cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores o sustancias químicas esenciales y delitos conexos, acciones terroristas o cuando tengan como finalidad el financiamiento actos de terrorismo u organizaciones terroristas”.
Autoridades satisfechas
El Fiscal General de la República, Francisco Dall’Anese, expresó a medios de comunicación locales que “la esperanza de las autoridades judiciales es que se reduzca la impunidad y la inseguridad que se produce por el temor que pueden sentir víctimas y testigos durante un proceso. Estas leyes nos permitirán mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada”.
Según informó el director general del Instituto Costarricense de Drogas, Mauricio Boraschi, la normativa establece sanciones de hasta 20 años de cárcel para las personas que contribuyan a fomentar el terrorismo.
Con la aprobación de la nueva ley contra el terrorismo, Costa Rica se ajusta a las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como los parámetros establecidos por el Grupo Egmont.
