Por Brian Monroe
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El regulador financiero de Japón le ordenó el lunes al Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ que mejore sus programas antilavado de dinero (ALD) y modifique la forma en que maneja las quejas en sus operaciones de fondos mutuos.
La Agencia de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, FSA), que señaló en dos procedimientos que el banco había tenido fallas para seguir un proceso relacionado con el ALD iniciado por reguladores estadounidenses, ordenó al Bank of Toky que mejore las políticas de su sucursal en Nueva York para la identificación de personas expuestas políticamente, los titulares de cuentas corresponsales y otros clientes de alto riesgo, incluyendo aquellos que realizan transacciones cablegráficas con frecuencia.
Los dos procedimientos de la FSA son la cuarta y quinta de las órdenes emitidas contra el banco, el más grande de Japón, en menos de un año. El 18 de diciembre, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU., la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York sancionaron a la sucursal de Nueva York del banco.
La FSA, reproduciendo el contenido de los procedimientos estadounidenses anteriores, ordenó al Bank of Tokyo que “asegure una supervisión eficiente y adecuada de las operaciones comerciales” mediante la elaboración y mejoramiento de sus sistemas de gobierno y cumplimiento.
En varias sucursales del exterior – en EE.UU. y otros países – los gerentes del banco “realizaron transacciones prohibidas por las regulaciones internas”, incluyendo la falsificación de solicitudes, documentos y la aprobación de dichas transacciones sin confirmar sus contenidos, según una de las órdenes emitidas el lunes.
Un gerente de la sucursal de Shangai del banco supuestamente aceptó sobornos de proveedores de equipos en octubre de 2005, establece la orden. Después de que el sujeto fuera arrestado por las autoridades chinas en junio de 2006, el banco omitió tomar las “medidas suficientes” para monitorear a otras divisiones del banco que hicieron negocios con los proveedores.
Fusión del banco
Luego de la fusión del banco con el Mitsubishi UFJ, concretada en enero de 2006, el Bank of Tokyo “omitió tomar medidas suficientes” para mejorar sus operaciones ALD – un resultado directo concentración de los empleados en la fusión, indicaba la orden.
Esa falla en la atención al ALD ocurrió aún cuando una de las subsidiarias del Bank of Tokyo en EE.UU. había estado sujeta a una orden de mejoramiento de las operaciones relacionada con el ALD en 2004, dijo la FSA. El documento no especifica la orden o el regulador estadounidense que participó de la misma.
Como resultado de ello, la FSA ordenó al Bank of Tokyo que “elabore un sistema de cumplimiento para los negocios en el exterior”, que incluyen reglas y manuales internos que aseguren que los empleados conocen las regulaciones locales a que están sujetos.
Japón penalizó el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas en 1992, y amplió el alcance de sus leyes para incluir los fondos procedentes del crimen organizado en 2000 y el financiamiento del terrorismo en 2002. China adoptó su primera ley oficial antilavado de dinero en enero.
En una declaración de 6 páginas publicada el lunes, el Bank of Tokyo dijo que “la comprensión insuficiente de las leyes locales, la falta de una consulta previa con los reguladores locales y una falla en el mantenimiento adecuado de las políticas, procedimientos y manuales llevaron a una función de cumplimiento inadecuada…en nuestras oficinas en el exterior”.
Además, el banco dijo que su análisis de riesgo en el exterior “no fue suficiente” y que la revisión necesaria y el fortalecimiento de los puntos débiles ya identificados “no fue hecha rápida y adecuadamente, de una forma unificada”.
Para corregir estas deficiencias el banco se comprometió a incrementar los controles de cumplimiento e internos y a elaborar manuales que reflejen las leyes locales y responsabilicen a los ejecutivos y empleados.
El banco estuvo vinculado a ex presidente peruano Alberto K. Fujimori.
En 2005, las autoridades peruanas descubrieron que Fujimori, antes de asumir el cargo en 1990, había instruido a un asociado político para que abriera una cuenta en una sucursal japonesa del Bank of Tokyo a nombre de la embajada peruana, de acuerdo con los documentos del tribunal. La propiedad de esa cuenta, creada para aceptar donaciones para los niños pobres de Perú, fue posteriormente transferida a Fujimori, según los documentos presentados al tribunal.
