Por Rachael Lee Coleman
[email protected]
Western Union Financial Services Inc. se encuentra nuevamente en problemas. Esta vez, el mayor transmisor de dinero del mundo acordó pagar al estado de Arizona US$3 millones por violar leyes estatales y federales de lavado de dinero y de inmigración, según una orden de consentimiento que se dio a conocer el 31 de agosto.
Desde 2002, Western Union ha pagado US$19 millones para poner fin a cuatro acusaciones relacionadas con inadecuados controles antilavado.
El Departamento de Instituciones Financieras de Arizona descubrió una serie de violaciones a las leyes estatales y federales durante sus exámenes a Western Union y a sus agentes autorizados en 2005, según la orden de consentimiento. El departamento no sólo encontró débiles políticas para el archivo de documentos e indebida supervisión de los agentes en la sede de la compañía en Colorado, sino que descubrió que algunos de los agentes recolectaban información difícil de leer o inservible sobre sus clientes.
Funcionarios de Arizona dijeron que los clientes en la frontera incluyen un número desproporcionado de traficantes de seres humanos que no pueden ser perseguidos sin una adecuada identificación. Como resultado, el procurador general del estado y el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitieron una “Geographical Targeting Order” (GTO) obligando a los negocios de servicios monetarios en el país a recoger más información sobre sus clientes y a reportar más transacciones de las que obliga la Ley de Secreto Bancario.
La Ley de Secreto Bancario permite al Departamento del Tesoro imponer GTO – una orden para cumplir procedimientos antilavado más estrictos de los que obliga normalmente la ley – a cualquier institución financiera doméstica o grupo en una región de alto riesgo o por pedido de un estado o funcionario federal. Dado que cada orden dura 60 días, a no ser que sea extendida por el Tesoro, varios GTO han sido impuestos a los negocios de servicios monetarios de Arizona desde 1990.
Por lo menos 47 agentes de Western Union violaron un GTO de Arizona que obligaba a los negocios de servicios monetarios a reportar transacciones en efectivo por US$500 o más y a obtener información detallada sobre clientes que envían y reciben transmisiones, según la orden de consentimiento. Algunos enviaron formularios con “huellas digitales manchadas, ilegibles o inservible” o a veces sin huellas digitales, sin firma o con firmas sin valor, o nombres que no correspondían con los que acompañaban los documentos de identificación. Otros ni siquiera incluyeron información sobre las personas que enviaban o recibían el dinero.
“El tráfico de personas necesita de los giros”, dijo Felecia Rotellini, superintendente de Instituciones Financieras, en una entrevista telefónica. “Es muy difícil seguir el dinero si la gente involucrada está utilizando documentos de identidad fraudulentos o está inventando información a medida que llena los formularios”.
Los examinadores encontraron que Western Union no registró la identidad de sus clientes en por lo menos 28 transacciones de US$1.000 o más entre septiembre y octubre de 2005. Y dos de sus agentes – A-1 Food Store y Rayvan Check Cashing – no documentaron ni contaban con material de entrenamiento, formularios de transferencia durante los cinco años que obliga la ley, ni mantuvieron registros identificando los empleados que realizaron tales transacciones, señala la orden de consentimiento. A-1 Food Store tampoco presentó informes de actividad sospechosa ni informes de transacción en efectivo de más de US$10.000 a la oficina del procurador general del estado.
En su acuerdo con el estado, Western Union acordó terminar su relación con ocho agentes en Arizona y suspender su relación con otros seis hasta que desarrollen adecuados programas de cumplimiento. También acordó pagar una multa civil de US$1,6 millones, US$1 millón al Task Force de Identificación Fraudulenta del estado y US$400.000 a un estudio del estado.
Western Union prometió mejorar su programa de cumplimiento antilavado en otras tres oportunidades desde 2002. Pagó US$5 millones al Departamento de Instituciones Financieras de California en 2003, US$8 millones al Departamento de Banca de Nueva York en 2002 y US$3 millones a la Red de Control de Crímenes Financieros en 2002.
Christina Gold, presidenta y directora de Western Union, señaló en el acuerdo que la compañía no admitía culpabilidad o falta, pero renunció al derecho de contender las acusaciones del estado.
Western Union está comprometida a cumplir con las leyes antilavado de Arizona, escribió.
Funcionarios de Arizona han incrementado el escrutinio de los negocios de servicios monetarios en los últimos años – y aprobaron una serie de estatutos estatales que reflejan las leyes antilavado e inmigratorias federales – para ayudarlos a aprehender inmigrantes ilegales y delincuentes que se dedican al tráfico de personas.
“El dinero que ingresa a Arizona a través de giros supera ampliamente el dinero que sale de Arizona”, dijo Rotellini. “Nos encontramos en una batalla, estamos combatiendo el contrabando de personas en todos los frentes, que incluye la estrategia de seguir las pistas del dinero”.
El departamento emplea cuatro examinadores tiempo completo para supervisar los 63 transmisores de dinero que cuentan con licencia, que a su vez cuentan con 270 sucursales con licencia y 9.075 agentes independientes registrados. Western Union cuenta con 1.592 agentes en el estado.
Rotellini dijo que las “novedosas” leyes estatales permiten a las autoridades estatales tratar con instituciones financieras en forma más veloz que los reguladores federales.
“No vamos a tolerar transmisores de dinero que facilitan la inmigración por no cumplir con la ley”, dijo Rotellini.
Bob Charlton, Superintendente Asistente, dijo: “nuestra misión es asegurarnos de que todos los transmisores y sus delegados autorizados entiendan que este es un tema serio y que lo vamos a hacer responsables”.
