Por Gonzalo Vila
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Las autoridades antilavado de Perú se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero hasta que se pruebe el delito.
Ahora, están a la espera de la aprobación, antes de julio cuando hay un recambio en el Congreso, de un proyecto de ley busca brindarles mayores herramientas. Quieren lograr que durante las investigaciones de blanqueo y financiación del terrorismo, se puedan congelar los bienes del investigado.
Según las leyes vigentes en Perú, la justicia sólo pueden congelar o incautar bienes que fueron utilizados para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Pero el plan busca que los fiscales puedan solicitar el congelamiento de bienes aunque no esté comprobado su uso para cometer delitos, y además impedir que las personas afectadas por los procesos judiciales o investigativos puedan salir del país.
El Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Carlos Hamann, explicó que el plan forma parte de un proyecto de ley impulsado por la congresista Judith de la Mata Fernández, que actualmente se encuentra en estudio en varias comisiones del Congreso.
Hamann explicó que en la actualidad no hay un procedimiento que evite que durante un proceso judicial – que puede durar semanas o meses – la persona acusada o investigada salga del país, realice transferencias, ventas u otras modificaciones a su propiedades. “La demora, en estos casos, es determinante”.
“En este momento cuando se da un caso de lavado solamente serían susceptibles de retención los elementos que de manera muy clara están involucrados en el delito pero no todos aquellos que pudieran al final representar las ganancias producto del lavado de dinero en general”, señaló Daniel Vega, jefe de imagen institucional de la unidad de inteligencia financiera de Perú.
Según el proyecto, el juez podrá ordenar el levantamiento del secreto bancario de la persona investigada, y una vez que reciba los informes bancarios, podrá incautar el dinero, títulos, valores o cualquier otro bien, o congelar e inmovilizar las cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el delito investigado.
El fiscal además podrá solicitar a instituciones públicas y privadas la remisión de información respecto de la persona que está siendo investigada incluso antes de que comience su juicio.
Según las autoridades peruanas, este proyecto intenta reducir los espacios de impunidad para los criminales y responde a la necesidad de dictar medidas eficaces para cumplir con una serie de convenios internacionales, que firmó Perú.
