Por Selina Román
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Se necesitaron dos episodios vergonzosos para dejar expuestas las vulnerabilidades en las que alguna vez fueran estelares defensas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Australia y hacer que sus legisladores reformularan y actualizaran una legislación poco clara.
Primero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó al país en 2005 por el control laxo de las leyes mediocres de lavado de dinero vigentes en ese entonces, una deficiencia que, finalmente, permite a los criminales cada año lavar miles de millones dólares australianos a través de su sistema financiero.
Luego, en noviembre pasado, una comisión parlamentaria reveló cómo un exportador de trigo australiano, AWB, desvió miles de millones de dólares del programa petróleo-por-alimentos de las Naciones Unidas y transfirió US$224 millones en sobornos y retornos al régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein por el monopolio de las importaciones de trigo del país.
Esos tropiezos altamente publicitados llevaron al Parlamento a aprobar leyes sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo a mediados de diciembre.
El Proyecto de Ley Antilavado de Dinero y Contra la Financiación del Terrorismo de 2006 aplica responsabilidades mayores de cumplimiento – incluyendo políticas más estrictas de identificación del cliente – y otorga poderes regulatorios y de control al Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (por sus siglas en inglés, AUSTRAC), la unidad de información financiera del país.
“Creo que si Australia hubiera considerado más seriamente este tipo de actividad mucho antes – en lugar de adoptar una actitud de `oh, bien, es solo el precio de hacer negocios` – entonces el comportamiento vergonzoso de AWB podría haber sido descubierto mucho antes”, dijo el Senador australiano Joe Ludwig.
Reglas más severas, alcance más amplio
La nueva ley otorga poder al AUSTRAC – que previamente tenía responsabilidades de supervisión limitadas – para supervisar, monitorear y fiscalizar las regulaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de manera similar a las que la Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, Finchen).
La agencia ahora puede sancionar a las instituciones financieras o a los individuos con sanciones civiles por entregar información falsa o engañosa, falsificar documentos, estructurar transacciones para evitar tener que presentar informes de actividades sospechosas o cualquier otro desvío de las obligaciones de cumplimiento.
Además de los bancos, otras entidades designadas como los casinos y los vendedores de lingotes de oro deben elaborar, dentro de los dos años, programas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo más estrictos, requeridos por el nuevo proyecto de ley.
Entre otras cosas, esas entidades deben designar a un oficial de cumplimiento y crear capacitación para los empleados, aplicar diligencia debida sobre los empleados y de conservar de registros. Además, deben elaborar procedimientos para verificar las identidades de sus clientes individuales, corporativos y de sus agentes, realizar una diligencia debida constante sobre las cuentas de banca corresponsal y monitorear las transacciones sospechosas.
Sin embargo, la ley sí le autoriza a las instituciones financieras a tener flexibilidad para adecuar esos programas de cumplimiento a sus riesgos particulares.
“Significa que las industrias pueden elaborar e implementar sistemas que respondan más de cerca a sus necesidades individuales y que cumplan con sus obligaciones de monitoreo y reporte”, dijo el Senador australiano Christopher Ellison.
Cambios Controvertidos
Los abogados australianos tienen objeciones con las disposiciones que los obligan a reportar las actividades sospechosas de sus clientes a las autoridades de control legal. Esa obligación, dicen, erosiona el derecho fundamental al debido proceso porque obliga a los abogados a actuar como agentes gubernamentales.
“Son inconsistentes y cambian la naturaleza de la relación abogado-cliente y afectará la entrega fluida de información entre el cliente y el abogado”, dijo Tim Bugg, presidente del Consejo Legal Australiano. “¿Cómo puede hacerse que sean consistentes estos dos temas?”.
El GAFI modificó sus 40 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero en 2003 para obligar a los denominados “porteros” a adoptar procedimientos de diligencia debida y reportar actividades sospechosas dos años después de que la Comisión Europea aprobara una directiva que obliga a los países europeos a aplicar normas similares.
Esas reglas fueron implementadas en Europa y Canadá, pero el gobierno canadiense las suprimió después de que la Suprema Corte de la Columbia Británica las bloqueara en la provincia. Aunque Estados Unidos no ha cumplido con esa recomendación, FinCEN propuso en 2003 la regulación de individuos, incluyendo a los abogados, que participan en transacciones o acuerdos sobre bienes raíces.
Demasiado tarde
Ludwig y otros legisladores australianos consideran que la nueva legislación del país debería haber sido promulgada mucho tiempo atrás. Si hubiera sido así, dicen, las instituciones financieras podrían haber detectado la participación de AWB en el escándalo del programa petróleo-por-alimentos.
Los investigadores australianos descubrieron que las Naciones Unidas pagaron a AWB, el mayor proveedor individual de productos humanitarios en el programa, US$2.300 millones para enviar a Irak 6,8 millones de toneladas de trigo. La compañía posteriormente pagó US$224 de esa suma al régimen iraquí a cambio de la dominación del mercado.
“Los delincuentes y los terroristas seguirán el camino del menor esfuerzo, de manera que lo que se requiere tiene un enfoque holístico al escrutinio y la vigilancia”, dijo Ludwig. “Si bien el informe del GAFI y el escándalo AWB han dañado nuestra imagen, el AUSTRAC todavía conserva algunos de los mejores y más brillantes funcionarios, y estoy seguro de que podemos mejorar nuestra imagen”.
