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Los lavadores de dinero han incorporado a su lista de métodos una nueva estrategia que toma provecho de la falta de regulación de un sector: las telecomunicaciones.
Según una denuncia presentada en Argentina, el método consiste en comprar en efectivo tarjetas telefónicas prepagadas a grandes compañías telefónicas para venderlas posteriormente a establecimientos como cibercafés o centros de comunicaciones. El éxito del método consiste en que este tipo de empresas no son sujetos obligados, ni tienen que cumplir con un proceso de identificación del cliente, y pueden tomar así grandes pagos en efectivo sin obligación de reportarlos.
La nueva metodología fue dada a conocer a raíz de una denuncia interpuesta por Guillermo Restelli, Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección regional Sur, en el juzgado penal número 3 de Buenos Aires, el 22 de febrero de 2006.
En la denuncia se explica la existencia de una banda organizada que a través de la utilización de la identidad de indigentes e incluso de una persona fallecida, compró entre 2001 y 2005 tarjetas telefónicas a las compañías Telefónica y Telecom de Argentina por más de US$57 millones, y los pagó en efectivo.
Los principales actores de la trama eran:
– Un muerto, Franco Mazzota, el cual a pesar de haber fallecido en el 2003 compró tarjetas por un valor de US$4 millones hasta el 2005.
– Dos indigentes, Elizabeth Caballero y Adriana Quinteros, quienes residían en barrios de extrema pobreza en Buenos Aires y reconocieron haber prestado su identidad a cambio de dinero, pero desconocían por completo la operación de compra venta de tarjetas. Con sus nombres se realizaron compras por US$26 y US$20 millones respectivamente.
– Un transportista, Leandro Francisco Ceniti quien perdió su documentación en la calle e ignoraba que habían utilizado su identidad para la compra de tarjetas telefónicas por valor de US$7 millones.
Un método desapercibido para la compañía y el banco
Los miembros de la banda se ponían en contacto con las compañías de teléfono y utilizando la identidad de los cuatro “falsos clientes” compraban grandes cantidades de tarjetas por las que también obtenían una comisión por parte de la compañía.
Para realizar la operación de compra, los miembros de la banda simplemente se dirigían a diferentes entidades bancarias y depositaban en efectivo las cantidades correspondientes por las tarjetas.
Ante la incapacidad de los bancos por detectar este tipo de operaciones en efectivo, ya que en ningún momento se levantaron sospechas. una fuente de la Fiscalía argentina dijo que “probablemente dentro del volumen de ingresos de las cuentas de estas multinacionales, ese tipo de depósitos no llamaban la atención y pasaban desapercibidos, aunque también podríamos estar ante un caso de ceguera voluntaria por parte del banco”.
“De todas formas, no olvidemos que la economía argentina no está del todo bancarizada y que existen algunas modalidades de operaciones que se hacen en efectivo sin despertar alarmas”, dijo la fuente.
Una vez depositado el dinero, otros individuos que habían sido autorizados por los cuatro “falsos clientes”, se dirigían hasta las oficinas de la compañía donde personalmente recogían las tarjetas.
Según la fuente de la Fiscalía, “con todas las características de los actores principales, cuesta imaginar que dichas compañías no advirtieran las desmesuradas compras en efectivo de tarjetas telefónicas por parte de un fallecido, dos indigentes y una persona que desconocía por completo que su identidad estaba siendo utilizada”.
Finalmente, los miembros de la banda vendían las tarjetas en diferentes establecimientos de la ciudad de Buenos Aires como simples distribuidores de tarjetas sin que los propietarios de los negocios sospecharan del origen ilícito del producto.
Las multinacionales todavía no son sujetos obligados
Según la ley antilavado argentina 25.246 que fue publicada en mayo de 2000, las empresas telefónicas no forman parte de los sujetos obligados, pero para la fuente de la Fiscalía “no puede comprenderse el desinterés de las compañías por el conocimiento de sus clientes, los nulos controles de auditoría interna y, desde luego, carece de explicación cómo en cinco años pudieron pasar US$57 millones en efectivo por las compañías sin que nadie sospechara de las operaciones inusuales”.
Si finalmente se descubren más casos como este y la compra de tarjetas telefónicas prepagadas se consolida como una nueva metodología, “habrá llegado la hora de presentar a las compañías de teléfono multinacionales el principio de Conoce a tu Cliente y será el momento de redefinir la lista de sujetos obligados por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera”, dijo la fuente.
A pesar de que el caso concreto se descubrió en Argentina, el método no es ninguna novedad ya que el sistema de lavar es siempre el mismo y lo único que va cambiando es el producto. Según Ricardo Alba, experto consultor antilavado de Panamá, “el asunto es comprar artículos, ya sean tarjetas de teléfono o pañuelos con dinero ilícito que después se puedan vender fácilmente”.
En Panamá todavía no se han producido casos de lavado con tarjetas prepagadas, pero “no me sorprendería que cualquier día sucediera ya que a medida que se estrecha el cerco al delincuente, se buscan nuevas formas y esto podría pasar en cualquier país del mundo”, explicó el consultor panameño.
En Chile tampoco hay noticias de que se haya lavado dinero a través de las tarjetas telefónicas, pero para Hernan Peñafiel, del Consejo de Defensa de Chile, la metodología es “bastante ingeniosa y difícil de detectar por la falta de controles de estas grandes corporaciones y porque no son sujetos obligados”.
“No he oído nunca un caso como este en Guatemala porque creo que es una nueva forma de lavar, pero no estaría de más incluir a las compañías telefónicas como sujetos obligados, la verdad es que cada día surgen nuevos métodos y la legislación antilavado aún no está a la altura”, dijo Leopoldo Liu, jefe de la Fiscalia contra el lavado de dinero de Guatemala.
EE.UU. por su parte se encuentra en un proceso de debate sobre la inclusión de los negocios de tarjetas telefónicas como un sector a regular dentro de una de las diferentes leyes antilavado del país (Ley del Secreto Bancario, Titulo 18 sección 1956 y Titulo 18 seccion 1957), después del descubrimiento de varios casos de lavado con tarjetas ocurridos en abril de 2006, cuando una familia de Nueva Jersey (EE.UU) fue descubierta con US$100,000 en efectivo procedentes de la venta de tarjetas prepagadas.
En septiembre de 2006 una banda de narcotraficantes y cultivadores de droga de Oregon fue descubierta lavando dinero a través de casinos y usando la venta de tarjetas prepagadas de teléfono para legitimar sus fondos, acumulando ganancias por un valor de $US20 millones .
