Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufrió una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de artículos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los vértices más controversiales en la lucha mundial contra el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal.

 

La reforma, vía decreto presidencial, establece un cambio en el artículo 89 donde se incluye al Fiscal General de la República y se excluye al Defensor Público General del listado de altos cargos para los cuales no rige el secreto bancario, cuando la información sea requerida para fines oficiales.

 

Este instrumento que regula la actividad bancaria en el país suramericano desde diciembre de 2010 prohíbe a la Superintendencia que rige al sector, a directores y trabajadores de las entidades revelar datos de las operaciones pasivas y activas de los clientes.

 

Pero a la vez, la institución bancaria está obligada a comunicar la información que requieran los organismos competentes contemplados en la Ley que regula la prevención de legitimación de capitales.

 

¿Cuándo no rige el secreto bancario?

 

El levantamiento del secreto bancario dependerá de la actuación y solicitud de representantes del poder público nacional como: El Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ministros del área financiera, Defensor del Pueblo, Procurador, Contralor y el Presidente del órgano electoral.

 

De igual manera funcionarios como el presidente del Banco Central de Venezuela, el presidente del fondo de protección social de los depósitos bancarios, el superintendente del mercado de valores y del sector seguros,  están facultados para exigir informes de operaciones financieras.

 

La presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que hayan administrado recursos del Estado, también puede ser objeto de levantamiento del secreto bancario a solicitud de la Fiscalía General, jueces en ejercicio regular y los otros funcionarios competentes.

 

Este instrumento legal también da la posibilidad a los organismos de otros países con los que Venezuela tenga convenios de solicitar información a las instituciones financieras para “combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o el terrorismo y la legitimación de capitales”, establece el numeral 6 del decreto.

 

Otros aspectos

 

La modificación de esta ley de gran impacto en la naturaleza, acción y funcionamiento de la banca venezolana especifica además:

  • Quien forje, adultere o emita documentos de cualquier naturaleza o utilice datos falsos en cualesquiera de las personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos, será castigado con prisión de 9 a 10 años.
  • Las personas que utilizando los medios de comunicación difundan noticias falsas que puedan causar distorsiones en una institución del sector bancario o afectar las condiciones económicas del país, serán penados con prisión de 9 a 11 años.
  • Funcionarios del sector financiero bancario que se apropien o distraigan los recursos de las instituciones del sector bancario, serán penados con prisión de 10 a 15 años y con multa igual al 100% de los aprobado o distraído.
  • Quien a través de la manipulación informática se apodere o altere documentos, cartas, mensajes de correo electrónico o efecto personal remitido por un banco será penado con prisión de 8 a 10 años.

  

Antecedentes

 

– Las presiones contra el secreto bancario ha aumentado en América Latina por parte de organismos multilaterales, por lo que varios gobiernos que mantenían regulaciones rígidas al respecto, adelantan procesos para fortalecer la lucha anticorrupción y antilavado de dinero.

 

– El Grupo de las 20 naciones más desarrolladas del mundo (G-20) luego de la asamblea realizada en marzo de 2010 sentenció: “Se terminó el secretismo bancario”, ante la necesidad de aumentar las presiones sobre los paraísos fiscales y las jurisdicciones del secretismo.

 

– Desde fines de 2009 hasta julio de 2010 el gobierno venezolano ha intervenido 12 pequeñas medianas entidades financieras, acusadas de irregularidades y lavado de dinero, según reporte de la agencia Reuters.