“Se terminó la era del secretismo bancario”… fue una sentencia incluida en la amenazante declaración del grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del año pasado en Londres, donde discutieron ampliamente sobre la necesidad de aumentar las presiones sobre los paraísos fiscales y las jurisdicciones de secretismo.
Al mismo tiempo, Ángel Gurria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirmaba en un artículo publicado por Lavadodinero.com: “ya no se acepta más el ayudar a la evasión fiscal… es tiempo de reformas” (Ángel Gurria/OECD: “La rapidez que estamos viendo en la lucha contra la evasión fiscal muestra que el cambio es posible”).
A pesar de que desde 2006 se han firmado más de 90 acuerdos globales de intercambio de información impositiva y bancaria entre distintos gobiernos y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, la presión en contra del secreto bancario ha aumentado. Suramérica no ha escapado a esta presión, por lo que varios gobiernos que mantenían regulaciones “rígidas” sobre el secreto bancario, adelantan procesos para fortalecer la lucha anticorrupción y antilavado de dinero mediante la eliminación o flexibilización del secreto bancario.
El caso boliviano
En un intento por fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, el gobierno de Bolivia presentó recientemente ante el Congreso Nacional la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, mediante la cual se busca eliminar el secreto bancario para funcionarios públicos de la actual administración y de los gobiernos anteriores.
La ley, que fue introducida al Senado boliviano por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, también abarca a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), cooperativas, sindicatos y, en general, a los contratistas que reciban directa o indirectamente fondos del Estado.
Aunque algunos piensan que la introducción de la ley es una respuesta a la inclusión de Bolivia en la lista gris emitida por el GAFI el pasado mes, el Jefe de Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia (UIF), Armando Ballesteros Nogales, no está de acuerdo, porque “uno de los objetivos del actual gobierno es luchar contra la corrupción pública y el espíritu de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se orienta a ello”. La propuesta es que la ley tenga un alcance extraterritorial, “debido a que muchas de las ex – autoridades no se encuentran en el país, sin embargo, los bienes de esas autoridades están en Bolivia y algunas de ellas con anotación preventiva”, dijo el funcionario de la UIF.
Ballesteros explica que “Esta ley facultará a investigar con retroactividad, las fortunas acumuladas de empleados públicos, aunque existe la visión de que alcanzará a personas naturales o jurídicas, privadas”. En relación a la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, explicó que la actual UIF “continuará con el establecimiento de elementos necesarios vinculados a la Legitimación de Ganancias Ilícitas. En cambio la nueva Unidad, tendrá otros objetivos que establece la Ley citada, probablemente con una nueva estructura organizacional”.
Los investigados por estos delitos no podrán escudarse en el secreto bancario o tributario para evitar la indagatoria. Además, la llamada Ley Anticorrupción es imprescriptible y permitirá rastrear todas las actividades económicas, desde depósitos en el sistema financiero, hasta la compra de bienes o las actividades de los partidos políticos.
El caso uruguayo
Como parte del proceso adelantado para salir de la lista de naciones que no colaboran con la lucha en contra de la evasión fiscal, el gobierno de Uruguay tenía previsto presentar durante el mes de febrero* a las naciones desarrolladas un informe sobre los avances que viene realizando para mejorar su transparencia fiscal, según informó recientemente a medios locales el ministro de Economía, Álvaro Garcí¬a.
Hasta ahora el país suramericano ha firmado tres acuerdos para evitar la doble tributación con México, España y Portugal. García explicó que la firma de acuerdo de este tipo es uno de los requisitos exigidos por la OCDE para extraer a Uruguay del listado. Sin embargo, la OCDE exige por lo menos la firma de 12 acuerdos de intercambio de información tributaria para poder eliminar a un país que ha sido incluido en la lista.
Adicionalmente, el ministro García señaló que el intercambio de información tributaria es vital para estimular las inversiones extranjeras en su país, ya que es necesario mantener un flujo de información impositiva transparente con las naciones de donde proceden los inversionistas extranjeros.
El caso chileno
Desde el año 2007 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invitó a Chile para iniciar las conversaciones que lo pudieran llevar a formar parte del organismo multilateral. El 11 de enero de este año la OCDE aprobó la membresía de Chile, lo cual tenía que ser ratificado por el parlamento chileno.
Al convertirse en el miembro número 31 de esta organización, que agrupa a las naciones desarrolladas del mundo, Chile ratifica su compromiso de eliminar el secreto bancario, aumentar la transparencia en el sistema financiero, reforzar las leyes de libre competencia y otras medidas de carácter político-social exigidas por el organismo internacional.
Sin embargo, tendremos que observar como avanza Chile en este proceso, en medio del proceso de recuperación interna que está adelantando luego del devastador terremoto del pasado 18 de febrero.
Aún no está claro lo que sucederá en materia de intercambio de información financiera y tributaria con los países que son miembros plenos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Es posible que estas naciones logren un acuerdo interno, que pueda ser extendido a los estados asociados (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) durante este año.
*Al cierre de este artículo, no se pudo confirmar oficialmente si el gobierno uruguayo entregó el informe a la OCDE.
